“Sin elecciones generales, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida en todas las instituciones públicas se extingue, se convierte en una caricatura de sí misma en la que sólo queda la burocracia como elemento activo.” – Rosa Luxemburgo
Crear una red social pública. He aquí mi propuesta. Dicha red social debería reproducir el funcionamiento de Twitter, Facebook, YouTube y Spotify. Por consiguiente, la red social estaría compuesta por cuatro empresas (considero que otras redes sociales como Instagram o TikTok son menos relevantes en la cuestión que nos ocupa, que es la libertad de expresión). En mi opinión, la izquierda debería incorporar esta propuesta a su programa electoral.
La principal razón por la cual creo que esta idea es acertada es la actual falta de pluralidad en las redes sociales y en los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Desde todos los sectores se impone el discurso único y se acallan las voces discordantes. Los grandes grupos de comunicación se han convertido en oligopolios que absorben a los medios de comunicación tradicionales (prensa y radio) para defender intereses de accionistas privados, mientras que los medios de comunicación públicos se han convertido en meros voceros del poder político.
No obstante, las redes sociales han irrumpido en este contexto como un soplo de aire fresco y han supuesto un revulsivo en el ejercicio de la libertad de expresión. Gracias a ellas, todos nos hemos convertido en creadores de contenidos. Nunca antes en la historia de la humanidad el debate y el intercambio de información había sido tan sencillo. Tanto es así que me atrevería a decir que las redes sociales han supuesto una revolución informativa más importante incluso que la aparición de la imprenta en 1440. Sin embargo, el avance en el campo de la libertad de expresión ha sido desigual. Rápidamente, los periódicos digitales, las plataformas educativas online y los libros digitales obtuvieron el mismo estatus de protección legal que sus predecesores analógicos en papel (con la excepción de WikiLeaks que analizaremos más adelante). Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la creación directa de contenidos por parte de usuarios particulares. Así, en Twitter, Facebook, YouTube y Spotify son los dueños de dichas empresas los que deciden qué opiniones pueden ser publicadas en sus plataformas. Si un usuario de estas plataformas crea un contenido que no agrada a los directivos de la plataforma en cuestión, el usuario puede ser eliminado de la plataforma, incluso si el contendido creado por el usuario no es susceptible de ser considerado un delito. Basta con que el usuario incomode a los directivos de la red social para que le expulsen de su plataforma. El ejemplo más famoso fue el cierre del canal de Twitter de Donald Trump, pero se podrían nombrar infinidad de casos más.
Este ambiente de censura y de pensamiento único ha alcanzado su punto álgido desde el comienzo de la pandemia de la COVID19 primero y de la guerra en Ucrania después. En occidente, ningún medio de comunicación de masas, ya sea público o privado, ni ninguna red social se hace eco de las opiniones que no condenan abiertamente la operación militar especial de Rusia en Ucrania y que critican el tratamiento que se le ha dado a la pandemia por parte de las autoridades públicas.
En mi opinión, esta situación es inaceptable y supone un ataque a la libertad de expresión que tiene que ser corregido desde el sector público. Recordemos que la libertad de expresión y de prensa está protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 19, en el que podemos leer:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Por todo lo anterior considero que el Gobierno de España debería optar por la creación de una red social pública bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución Española, el cual dice:
- Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
- El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
- La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
- Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
- Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
A mi entender, la mejora de la calidad democrática tras la creación de una red social pública protegida por este artículo de la Constitución sería enorme, ya que el derecho a la libertad de expresión en la red social pública no estaría al albur de ningún consejo de administración privado, sino que estaría amparado por la Constitución Española y el sistema judicial español, de manera que solo un juez podría cerrar la cuenta de un usuario de la red social pública. Pero voy todavía mucho más allá. Creo que esta red social pública española no solo debería limitarse a publicar contenidos en castellano y en el resto de lenguas cooficiales del Estado. Opino que también debería ser utilizable en todas las principales lenguas del mundo y por usuarios de todas las nacionalidades. Además, el algoritmo de búsqueda y de aparición de contenidos debería hacerse público para garantizar la no discriminación de ninguna opinión emitida dentro de los marcos establecidos por la ley. Asimismo, los servidores de la red social también deberían estar sitos en España.
A mi juicio, la creación de esta red social pública acarrearía principalmente dos consecuencias, una de carácter jurídico y otra de carácter económico.
La consecuencia de carácter jurídico sería la de convertir a España en un baluarte de la libertad de expresión a nivel internacional. Mis pensamientos se dirigen a Julian Assange. Todos conocemos su delito: decir la verdad. Por eso se le tortura legalmente desde 2012. No se le acusa de mentir, sino de revelar secretos de Estado, lo cual es un eufemismo para llamar a los crímenes contra la humanidad cometidos por los Estados Unidos de América en todo el mundo. Sin embargo, lo que condenó a Assange no fueron solo las actividades de WikiLeaks, sino que también WikiLeaks fuera una plataforma digital. Si en vez de en WikiLeaks, Assange hubiera publicado los documentos sobre las atrocidades norteamericanas en (por ejemplo) The Washington Post, seguramente no le habría pasado nada, igual que no les pasó nada a los periodistas que desvelaron el escándalo Watergate. Mucho han cambiado las cosas desde aquella época. Hoy un periódico “respetable” como el The Washington Post nunca publicaría los documentos que incriminaron a Julian Assange. Además, WikiLeaks es una plataforma online, lo cual significa que no disfruta de la misma protección legal que los periódicos en papel. Una red social pública protegida por la Constitución Española sí que habría respetado el derecho de Julian Assange y de WikiLeaks a publicar la verdad, y si Assange hubiera residido en España no habría sido encarcelado ni extraditado, habría sido un hombre libre igual que lo es Edward Snowden en la Federación Rusa.
La consecuencia de carácter económico derivada de la creación de una red social pública sería extraordinariamente positiva para la economía española. Todas las empresas privadas cuyo funcionamiento se reproduciría (Twitter, Facebook, YouTube y Spotify) son extraordinariamente rentables. Tomemos el ejemplo de Twitter. En 2021, esta compañía generó una cifra de negocios de 5.080 millones de dólares y Elon Musk ha hecho una oferta para comprarla por 43.400 millones de dólares, el mismo Elon Musk que justificó un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia sin que Twitter le cerrara su cuenta por ello.
Esto significa que el modelo de negocio de Twitter es extraordinariamente rentable, pese a ser una de las redes sociales que más censura y tergiversa el derecho a la libertad de expresión. Por consiguiente, cabe pensar que, si a su modelo de negocio ganador se le añadiera la libertad de expresión garantizada por la ley, Twitter sería todavía más exitoso. Esto es, a mi entender, toda una oportunidad de negocio para el Estado español, que no solo formaría una empresa con creación de contenidos en los cinco continentes, sino que además realizaría una inversión extraordinariamente rentable.
Un Twitter para mensajes cortos, un Facebook para publicaciones más largas, un YouTube para los contenidos audiovisuales y un Spotify para los podcasts, pero de propiedad pública y bajo el amparo de la libertad de expresión garantizada por la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora sería un buen momento para lanzar la iniciativa en España. Pronto la Unión Europea reintroducirá el maldito límite del 3% de déficit público, lo cual puede dificultar la inversión inicial para llevar a cabo el proyecto. Además, la Unión Europea está planeando institucionalizar y legalizar la censura en los próximos meses mediante una nueva ley antidemocrática llamada Ley de Servicios Digitales. Creo que la izquierda debería planteárselo antes de que sea demasiado tarde.
