El pasado 23 de diciembre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso inició con carácter de urgencia la tramitación del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley Ómnibus.
Según aclaran desde CCOO, se trata de una sola ley que sin haber tenido en cuenta en el desarrollo previo a partidos, agentes sociales, asociaciones, ecologistas, vecinos, etc. el Partido Popular pretende modificar a la vez 33 leyes y 5 reglamentos de un plumazo, además de incluir 15 nuevas disposiciones que afectarán gravemente a la hacienda pública, la ordenación territorial, la protección del medio ambiente, los servicios sociales, las uniones de hecho, la Cámara de Cuentas, la sanidad, el transporte urbano, al sector del taxi, la policía local, los agentes forestales o el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, entre otros ámbitos.
Una tramitación que comenzó no exenta de polémica, como denuncia el sindicato, tanto por las fechas en las que ha sido aprobado por el gobierno del PP, como por el procedimiento «en plenas navidades, con elevados niveles de incidencia por la sexta ola de COVID y con un plazo de siete días hábiles, que finalmente fueron ampliados a 12, para realizar alegaciones».
Para Paloma Vega, secretaria de Política Institucional de CCOO Madrid, «esta ley es un fraude democrático que coarta el debate parlamentario y la participación de los agentes sociales y partidos políticos en su elaboración. Es una burla a la ciudadanía madrileña. Una artimaña más dirigida a seguir favoreciendo intereses particulares frente a los intereses colectivos del conjunto de la clase trabajadora» y del mismo modo ha calificando el Anteproyecto de Díaz Ayuso como «otra vuelta de tuerca más de un modelo especulativo que agudiza las causas de la desigualdad social y territorial, que pone en serio riesgo la protección medioambiental en la región y que abre la puerta a la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno».
«Los cambios radicales que quieren llevar a cabo perjudicarán de manera irreversible la calidad de vida de la ciudadanía y alterarán el modo en el que desarrollamos nuestro día a día», asegura Paloma Vega.
Para finalizar, CCOO ha advertido que no pueden consetir «este atropello a los derechos y libertades de la ciudadanía» anunciando el inicio una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, y una campaña de información y concienciación, junto a otras organizaciones, con el objetivo de solicitar la retirada de este Anteproyecto de Ley.
