La Marcha Blanca, impulsada por las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria e iniciada en su primera etapa en Almería con la intención de recorrer Andalucía, llegó esta mañana a las calles de Cádiz, donde se unió a la manifestación convocada en apoyo a la lucha de los trabajadores del metal. Bajo el lema «contra la opresión, el pueblo de Cádiz responde», sindicatos como la Coordinadora de Trabajadores del Metal, CGT, SAT, USTEA u otros y en unión con movimientos como Marea Blanca o Plataforma de Pensionistas, manifestaron así su repulsa a los abusos policiales sufridos durante sus pasadas movilizaciones y en especial con la exigencia de la libertad de las personas detenidas por ese motivo y el sobreseimiento de sus causas.
A estas peticiones se unió la Marcha Blanca de la Atención Domiciliaria, quienes por su parte reclamaron ser escuchadas ante la situación de sobre explotación laboral que vienen padeciendo, sometidas por los intereses de las múltiples empresas privadas que se reparten la gestión del servicio, una labor que presta una atención imprescindible en nuestra sociedad, que debería encontrarse en manos públicas, y que realiza un colectivo formado mayoritariamente por mujeres.
Como puede comprobarse gracias a la imágenes cedidas por Pilar Román (@pilarencuentra) desde la propia manifestación, una nutrida marcha de personas coloreó con sus reivindicaciones las avenidas gaditanas desde las instalaciones de Astilleros hasta la Subdelegación de Gobierno.
La Marcha Blanca inició sus pasos el pasado 8 de enero en Almería y tiene previsto recorrer todas las provincias andaluzas en catorce etapas, que finalizarán en Sevilla el próximo 8 de abril, coincidiendo con una jornada de huelga general convocada a nivel general para el sector.
A través de un comunicado, la sección sindical sanitaria andaluza de CGT invitaba a sus homólogas de CCOO y UGT a que se unieran a sus movilizaciones, dada «la atomización de la prestación de estos servicios por parte de empresas privadas, cuyo único interés es el incremento de sus beneficios, lo que se traduce en la precarización de las relaciones laborales de los y las trabajadoras del sector socio-sanitario al que pertenecemos».
Las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, que se sienten ninguneadas y desprotegidas por parte de los poderes públicos, llevan a cabo diariamente una labor esencial, en jornadas que incluyen festivos o turnos partidos con horas aisladas entre turnos al antojo de las empresas privadas. Sólo en la región andaluza son unas 22000 trabajadoras sociosanitarias, número que además es insuficiente porque como es conocido muchas personas mueren antes de que les sea reconocido el derecho a la atención.
Estos servicios municipales en su mayor parte son entregados por los Ayuntamientos andaluces a empresas privadas cuya única finalidad es lucrarse con lo que consideran un negocio que les aporta beneficios millonarios. Ese margen de beneficio se encuentra en la explotación de las profesionales a través de condiciones laborales abusivas, que las trabajadoras se ven obligadas a aceptar. En ocasiones estas empresas han llegado a retrasar las nóminas durante meses, mientras que esas mismas empresas abrían residencias privadas para mayores u otros centros relacionados con la atención sanitaria. Que la prioridad de este tipo de empresas es el beneficio económico se demuestra en que regatean EPI´s y medidas de prevención de riesgos frente a los contagios, hasta el punto que las auxiliares del SAD son el segundo colectivo andaluz con mayor índice de contagios por coronavirus.
Las reivindicaciones básicas de este colectivo exigen el fin de las subcontratas y pasar a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización del empleo y el lucro de empresas privadas que sin exponer absolutamente nada se enriquecen a costa de los presupuestos públicos. Además, piden una dotación de EPI´S suficientes y homologados según las normas sanitarias de hospitales y residencias. También que la jornada completa para el sector se sitúe en 35h semanales máximo y la jornada mínima a tiempo parcial en 25h semanales. Compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria facilitando la conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada. Y, por supuesto, terminar con las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social.
