La organización no gubernamental INDEPAZ, que observa los atentados contra los Derechos Humanos en Colombia, registró que durante el pasado año se cometieron un total de 96 masacres (homicidio intencionado de 3 o más personas en estado de indefensión) en diferentes zonas del país, que sumaron 335 personas asesinadas. Entre las frías cifras se encuentran los crímenes de 171 líderes comunitarios (ambientalistas, campesinos o representantes de comunidades negras) y 48 firmantes del Acuerdo de Paz, así como los familiares, niños de todas las edades incluidos, que tuvieron la desgracia de encontrarse presentes en el momento de los crímenes.
Las cifras alcanzan cotas de verdadero genocidio. Un genocidio ante el que el gobierno de Iván Duque parece impune frente a la opinión internacional, que en otros casos -los sucedidos en naciones no alineadas con el sistema establecido- observa con vigilancia atenta y con una evidente vara de medir muy desigual.
Los crímenes tuvieron lugar tanto en zonas urbanas como en zonas rurales y fueron cometidos en su mayoría por pequeños grupos de sicarios armados que abordaban a sus víctimas en su rutina diaria, en ocasiones en sus propios hogares y cuando se encontraban acompañados de familiares o amigos, entre los que hallaron la muerte niños de hasta pocos meses de edad.
Un genocidio silenciado por los sucesivos gobiernos de Santos y Duque
Duque pretende atribuir los sucesos a enfrentamientos de grupos armados relacionados con Venezuela o con rivalidades no solventadas tras la firma del Acuerdo de Paz entre ex combatientes y disidentes. “En esa zona operan grupos que con apoyo del régimen dictatorial, que cometen el crimen y regresan a su zona de confort en Venezuela”, declaró recientemente Duque tras anunciar que dos batallones del ejército serían enviados a la zona fronteriza de Arauca, donde aparecieron en esta semana los cuerpos de al menos 22 personas muertas por disparos en carreteras locales.
Pero el análisis de las cifras sugiere motivaciones de diferente índole. Un análisis sobre este cúmulo de infamias se realizó en este mismo medio en base a los datos de INDEPAZ sobre estas fechas del anterior año, de cuyos terribles guarismos pueden extraerse conclusiones que aportan algo de luz en este asunto.
Según este exhaustivo estudio que lleva a cabo el instituto Indepaz desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y cuya metodología recoge los datos aportados por entidades oficiales como la Defensoría del Pueblo y la Policía y Ejército Nacional, los asesinatos han superado ampliamente el millar de personas desde el 24 de noviembre de 2016 -fecha de la firma definitiva del acuerdo- sólo en lo que se refiere a líderes sociales, entendiendo por ello toda persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o territorio, y en favor de los derechos humanos. Aproximadamente una media de 270 homicidios por año, 292 en este 2020.
Los sectores sociales a los que pertenecían las víctimas incluyen mayoritariamente orígenes indígenas, campesinos, afrodescendientes, mineros y asociaciones de participación ciudadana o comunales. Por tanto puede deducirse que la causa de la mayor parte de homicidios tienen una motivación en los conflictos por la tierra, intereses agrícolas o de recursos naturales. No se sostiene, por tanto, la teoría que el Gobierno colombiano esgrime para justificar las matanzas y que se excusa en supuestas riñas de narcotráfico o ajustes de cuentas entre presuntos disidentes de las Farc. Este tipo de sucesos no ocurre en todos los departamentos cocaleros, como se esperaría en todas las regiones de alta producción de coca de ser cierta esa teoría. De hecho, en el 63% de 179 municipios con áreas de coca no se registraron homicidios de desmovilizados.
Sin embargo, las zonas más críticas (Cauca, Antioquía, Nariño) son territorios donde sigue la disputa por el control de la minería de oro, tráfico de madera, apropiación de tierras y control político de los intereses suscitados por las grandes obras de infraestructura. Las organizaciones que promueven esa violencia son redes de criminalidad a gran escala que se mueven en negocios que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad mediante el apoyo de empresas que blanquean el enriquecimiento ilícito con la ayuda de socios en instituciones estatales. El brazo armado son agrupaciones paramilitares y sicarios sin identificar al servicio de las mafias locales.
Puede afirmarse en definitiva que las masacres se convirtieron en Colombia en «parte de un sistema de control de poblaciones, territorios, riqueza y poder mediante el terror criminal», concluye este informe. Es decir, la acumulación de capital por parte de intereses empresariales mediante el terrorismo vía ejecuciones a manos de sicarios de las personas que eran molestas o incomodaban el acopio de los recursos que generaban ese capital.
Como vemos, ejercer el activismo social en Colombia supone un riesgo mortal, que los medios informativos de países como el nuestro, España, eluden estos flagrantes crímenes mientas que aumentan con la lupa hasta el menor suceso que tenga lugar en otros países de Latinoamérica cuyos legítimos gobiernos resultan incómodos para su alineamiento geopolítico.
