Llevan desde el pasado 2 de noviembre acampadas frente al Ministerio de Trabajo exigiendo ser recibidas. Y no piensan irse hasta conseguirlo. Son mujeres y son bravas. Trabajadoras de un colectivo precarizado que sin embargo resulta fundamental, a pesar de que ni siquiera se les reconoce la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Están organizadas y saben que tienen razón, y eso les da fuerzas en las frías noches de Madrid que pasan al raso. El Secretario de Estado se comprometió con ellas hace meses (casi un año ya) a encontrar una solución a sus problemas, pero desde entonces los contactos se suspendieron unilateralmente.
El Común entrevista a la portavoz de la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en Domicilio, Teresa Villar, con la esperanza de hacer altavoz a su justa lucha, hasta ahora ignorada por todos los grandes medios de comunicación.
¿Cuáles son los motivos que les han llevado a movilizarse?
Son tres motivos fundamentalmente. El primero es que haya una evaluación real de los riesgos laborales en nuestro lugar de trabajo; una vez conseguida la evaluación de riesgos se identificarán las enfermedades profesionales y accidentes laborales, aún no reconocidas de nuestra actividad profesional, porque ni siquiera hay estudios de estos accidentes. Además, por esto mismo solicitamos a su vez que no se nos aplique el Epígrafe Reductor de Jubilación Actividad. Creemos que los servicios públicos y esenciales son una obligación del Estado al ser de titularidad pública, por ello exigimos la remunicipalizacion del SAD. Porque la vida y los cuidados no se pueden mercantilizar.
¿Cómo es posible que en su trabajo no se reconozcan las enfermedades laborales?
Porque hay un choque entre dos derechos fundamentales; uno el que protege la intimidad e inviolabilidad del domicilio y el que protege el derecho a la vida e integridad física que es el que reclamamos. Cuando se antepone el primero al segundo, no sólo se vulnera el derecho a la vida e integridad física, sino también el derecho constitucional a la seguridad e higiene en el trabajo y el derecho a la salud.
Han planteado dudas sobre la figura del asitente personal. ¿Por qué?
Una vez leído el manual de PREDIF sobre esta figura y sus pretensiones, vemos puntos que nos dan inseguridad y nos plantean numerosas dudas; pero al no tener información de cómo se está regularizando no podemos tener una opinión más amplia.
El sociosanitario es un colectivo altamente feminizado. ¿Se han sentido apoyadas en sus reivindicaciones por el ministerio de Igualdad?
Rotundamente no. El 23 de junio de 2020 estuvimos reunidas con Irene Montero, le planteamos todos los puntos que reivindicamos, incluido cómo nos afecta la precariedad no sólo a nosotras, sino también a nuestras hijas e hijos , de cómo está exclusión de facto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos excluía también… No hemos tenido ni respuesta ni mención alguna, absolutamente nada.
¿Les ha hecho llegar la ministra Yolanda Díaz algún mensaje desde que están acampadas? ¿Algún gesto quizás?
En nuestro cuarto día de acampada tuvimos una reunión con el director de gabinete Josep Vendrell, volvió a reconocer que no hay argumento jurídico que justifique nuestro estado exclusión, pero que ese choque de derechos fundamentales plantea cuestiones técnico-jurídicas que son difíciles de resolver. Nos invitó a que por razones de seguridad y salud nuestra nos fuésemos a nuestras casas y confiásemos en ellos, que nos mantendrían informadas de todo el proceso. Pero ya nos lo han dicho antes. La última vez el 28 de diciembre de 2020, en una reunión con el Secretario de Estado de trabajo, señor Pérez Rey. ¿Por qué hemos de confiar ahora?. La respuesta nuestra fue » trabajen en todo lo que necesiten, pero aquí seguiremos.»
¿Hasta cuándo tienen pensados seguir con sus protestas?
Hasta que esto se resuelva. Levantar la acampada sería ceder ante el poder de quien no tiene voluntad de resolver el problema. No tenemos más poder que este y aquí seguiremos empoderadas hasta que sea resuelto. No nos han ofrecido nunca crear una mesa o comisión para tratar esto, ni por quienes sean competentes, ni por los agentes sociales, ni por el Gobierno, ni por nadie. Queremos un acuerdo por escrito y con compromiso para formar parte de esa mesa o comisión en igualdad de condiciones que el resto de participantes.
