Más País, ¿más cannabis?

Lleva bastante tiempo defendiéndose, desde algunos sectores que se hacen llamar vanguardistas y progresistas, sin ser ellos nada de eso, que los derechos de la ciudadanía española avanzarían considerablemente gracias a la legalización de la violación de mujeres, de la compra de bebés o del consumo de ciertas sustancias.

Íñigo Errejón, que no veía del todo mal allá por 2017 la posible regulación de los vientres de alquiler, se sintió apenado la tarde del martes cuando en la Cámara Baja se rechazó, con doscientos sesenta y tres votos en contra, la toma en consideración de la proposición de ley del partido que ahora preside. El diputado ha lamentado el voto en contra de los socialistas, porque asegura que se ha evitado que el consumo del cannabis se produzca bajo el control de las instituciones, y no de las mafias.

No es nuevo el discurso que defiende que el fin de las mafias llegaría si se legalizase aquello que las hace ricas y poderosas. No parece preocuparle al señor Errejón que el consumo de la sustancia pudiese aumentar desde su legalización, porque, al fin y al cabo, en el país en el que él vive no hay ni un solo español que, si quiere consumir, no lo haga. De hecho, España es el tercer país de la UE con más consumo de cannabis (9,1%). Parece no importarle que el cannabis haya sido consumida durante el último año por 25,2 millones de personas en la Unión Europea, que noventa millones de personas la consumen a lo largo de su vida y que unos tres millones lo hacen, de media, más de veinte días al mes. Desde su punto de vista, parece ser, es más eficaz legalizarla en lugar de perseguir a quienes la distribuyen ilegalmente, porque se seguiría consumiendo de todos modos. Frente a la intervención estatal para salvaguardar la salud de la población nacional, Errejón propone apelar a la responsabilidad individual para que el ciudadano tome, en nombre de la libertad, decisiones en contra de su propia salud.

Si no se puede acabar con las mafias, mejor convertir el Estado en una. Según Más País-Equo, las arcas públicas ingresarían 3.000 millones de euros al año gracias a la venta de cannabis. Sostienen que un 60% de lo recaudado en impuestos debería destinarse a Sanidad, pero en otro momento podrá debatirse sobre los riesgos y consecuencias que tiene en cualquiera de sus preparados o la posibilidad de que el consumo aumente entre la población.

Los efectos del cannabis sobre el cerebro se producen debido a su principal sustancia química psicoactiva, el delta-9-tetrahydrocannabinol o THC, causante de que sea una droga altamente adictiva. Poco tiempo después de su toma, ya sea por inhalación, en infusiones o incluso con la comida, se aprecian el aumento del ritmo cardíaco, la desinhibición o dificultades para pensar y solucionar problemas. A largo plazo, en cambio, sus efectos se engravecen. Provoca cambios estructurales en el tejido cerebral, y sus consumidores suelen experimentar problemas de memoria o aprendizaje, arritmias, enfermedades bronco-pulmonares, impulsividad, determinados tipos de cánceres o trastornos emocionales y de la personalidad.

El cannabis está vinculado con todo tipo de trastornos mentales. En 2018, investigadores de la Universidad de Granada demostraron por primera vez que no solamente provoca esquizofrenia, sino que en su estudio epidemiológico Granadep indicaron que, sobre una amplia muestra de 1.200 sujetos, un 11% de los encuestados dio muestras de sufrir algún trastorno mental. Los más frecuentes fueron, habitualmente en la misma persona, ansiedad en un 9% y los de tipo depresivo en un 8%. Otras investigaciones recientes han descubierto además que los consumidores de marihuana con una variante específica del gen AKT1 son más propensos a sufrir psicosis.

Resulta curioso, precisamente, que sea quien pidiese un plan de salud mental la misma persona que defienda la legalización de una droga que puede causar ansiedad, depresión o provocar en los adultos jóvenes un aumento de ideas, planes o intentos de suicido. Tal vez debería luchar primero por un mejor servicio de psicoterapia en la Sanidad Pública antes que ser causante indirecto de que muchas personas no puedan pagar las sesiones que necesiten por haber consumido irresponsablemente, amparados por una ley cuyo fin era acabar con las mafias.

Es altamente preocupante que un partido autodefinido de izquierdas abrace ideas neoliberales que promueven el individualismo y el egoísmo de una ciudadanía que ha demostrado, gracias a una pandemia mundial, que funciona igual que un patio de colegio. No es la primera vez, y tampoco será la última, que quienes se postulan como defensores de derechos sociales abracen políticas identitarias, nacionalistas, clasistas o, en este caso, peligrosas para quienes supuestamente defienden. Tal vez, sea más interesante analizar por qué esta izquierda moderna y progre se ha convertido en un esbirro más del capitalismo, pero mejor en otro momento.