Hace varios meses escribí un artículo en el que defendía al Gobierno de los injustos ataques que recibió durante los primeros meses de la pandemia por parte de una bulliciosa oposición encargada de alborotar a sus simpatizantes al son de las caceroladas. Sin embargo, ya en la “nueva normalidad”, término orwelliano para hacer creer que estamos abocados a una novedosa e inédita realidad en la que el orden socioeconómico sigue siendo exactamente el mismo, el Ejecutivo ha demostrado una y otra vez no estar a la altura de la situación.
A finales de mayo se aprobó el necesario Ingreso Mínimo Vital, pero lejos de suponer la panacea que vendían, su tramitación fue demasiado lenta para muchas personas y numerosas familias han expresado su impotencia al no haberlo percibido meses después de haberlo solicitado.
El Ministerio de Educación desapareció en verano y se olvidó de los centros, del profesorado y de su alumnado hasta prácticamente diez días antes de comenzar las clases, a pesar de saber desde marzo que el comienzo del presente curso iba a necesitar medidas urgentes si se pretendía que los colegios abriesen de nuevo. Con el fin del estado de alarma, las CC.AA. recuperaron demasiado pronto unas competencias en Educación que tal vez no hubieran tenido que recuperar, sino que en la situación actual, extrema, deberían haberse establecido unas medidas centrales que jamás ocurrieron, para evitar que el sistema educativo de un país se convirtiese en arma arrojadiza usada por los distintos partidos políticos. Además, dos meses después de comenzar el trimestre se aprobó la polémica Ley Celaá, que no supone ningún cambio estructural educativo, sino que únicamente establece ciertos aspectos ideológicos que bien podrá cambiar la derecha cuando vuelva a gobernar.
Uno de los momentos más cruciales para analizar la gestión del Gobierno en el país se produjo a finales de septiembre con el comienzo de los confinamientos selectivos decretados por Ayuso en Madrid. Vallecas fue uno de los barrios confinados, pero lejos de analizar el porqué de la situación que exigía la medida, se produjeron cargas policiales contra los ciudadanos que se manifestaron para mostrar su descontento. La decisión fue tomada por Ayuso, pero fue el Ministerio del Interior, encabezado por Grande-Marlaska, quien envió a los Nacionales. Echenique hizo la situación más bochornosa aún con un criticado tweet, que evidenciaba que Unidas Podemos no es consciente todavía de que forma parte del Gobierno, sino que se siente muy cómodo en su eterno rol de reaccionario político.
Otro polémico Ministerio, el de Igualdad, no deja de demostrar su ineptitud e ineficacia. No solo persiste en su intención de tramitar una ley machista, homófoba y tránsfoba, sino que continúa negándose a citarse con filósofas feministas de gran recorrido histórico. Mientras tanto, la violencia machista sigue matando, asesinando y violando sin que estén actuando para erradicarla.
Esta semana se aprobó también la ley de eutanasia, en un contexto socioeconómico que sería interesante analizar. La ley, que no supone ningún coste para el Ejecutivo, se aprueba durante una pandemia en la que mueren cientos de personas diariamente, por no hablar de la pobreza extrema, derivada de la crisis sanitaria actual, evidenciada en las largas colas del hambre y en la urgente necesidad de muchas personas de percibir un IMV que no llega o les es denegado.
Durante todos estos meses, parece ser que el Gobierno se ha centrado más en marcarse unos tantos de los que presumir en unas futuras elecciones, antes que de tomar medidas lo suficientemente eficientes para frenar el aumento de casos o muertes.
Con las Navidades a la vuelta de la esquina, ya se especula con una probable tercera ola en enero, pero parece que el Ejecutivo prefiere lidiar con dicha ola cuando llegue antes que prevenirla. En una situación como la presente, en la que se ha aprobado un estado de alarma que durará hasta el 9 de mayo del 2021, el Gobierno no debería descentralizar la política, a pesar de los posibles berrinches de algunos partidos. Así, se evitaría que en Madrid, una de las regiones más castigadas, las decisiones tomadas hayan sido, y sean, de las más laxas del país, mientras que el País Vasco cerró completamente su hostelería y restauración el 6 de noviembre.
La inminente llegada de las Navidades ha causado que algunos países europeos endurezcan las medidas para estas fechas. En Alemania, por ejemplo, permanecerán cerrados bares y restaurantes, teatros, cines y salas de conciertos hasta el 10 de enero, como mínimo, y colegios y guarderías prolongarán sus vacaciones navideñas tres semanas y media, hasta el mismo día. Francia ha decretado que bares y restaurantes sigan cerrados hasta el 20 de enero, y los museos, teatros y cines seguirán estándolo hasta, al menos, el 7 de enero. Italia acaba de decretar un confinamiento casi total en las dos noches clave de las fiestas y Reino Unido ha prohibido las reuniones navideñas en Londres.
España, en cambio, sigue sin fijarse en las actuaciones de los países cercanos, como ya hiciera antes del confinamiento. Los colegios permanecerán abiertos hasta el día 22 y cada comunidad autónoma continúa decretando según el criterio que considera más adecuado. Valencia estableció la noche del jueves que únicamente puedan entrar en su comunidad autónoma personas que habitualmente residan en ella y adelantó su toque de queda, pero Madrid, en su cruzada política habitual, ha declarado que no se plantea el cierre de bares ni de restaurantes. Pedro Sánchez, entre monólogo y monólogo en el Congreso, ha afirmado que no dudaría en endurecer las medidas ante el repunte de contagios y fallecimientos de los últimos días, pero esperemos que sean lo suficientemente estrictas.
La creación, además, del abstracto término “allegado”, palabro tan amplio como la connotación que cada persona quiera otorgarle, ha vuelto a demostrar que el individualismo predomina en nuestra sociedad. A pesar de las hospitalizaciones y de los fallecimientos, la única preocupación nacional es saber si se van a poder celebrar las cenas de Nochebuena y Nochevieja, el número de allegados que podrá reunirse o si estarán bares u hoteles abiertos para viajar o salir a tomar una cerveza. Afortunadamente, ante este despropósito, algunas CC.AA. como Aragón permitirán únicamente las reuniones de familiares.
La Navidad es una fiesta religiosa que se ha convertido, sin lugar a dudas, en una celebración cultural que cuesta dejar de celebrar. El capital ha resultado victorioso al conseguir que los próximos veinte días tengan un significado común más allá de la cuestión religiosa. En estos días se tienen buenos propósitos e intenciones y se disfruta de la compañía de familiares y amigos; tal vez por ello duele más cancelar unas Navidades, a pesar de la recomendación de la OMS, que suspender unos Carnavales o la Semana Santa. Pero las características que se han vinculado con estas fiestas son extrapolables al resto del año y debería normalizarse que considerar estas celebraciones como una ocasión en la que toda la familia debe reunirse y regalarse únicamente aumenta las diferencias sociales y económicas; cómo deberán sentirse aquellas personas que se vean obligadas a cenar solas el 24 y el 31 o aquellos niños que no puedan recibir regalos el día de Reyes porque sus padres hacen malabares para llegar a fin de mes.
Todo parece indicar que a la vuelta de vacaciones se vivirá una tercera ola más mortífera y dañina. Por ello, no han sido pocos los epidemiólogos que aconsejan que estas celebraciones no deberían realizarse, o que las medidas son insuficientes si se quiere evitar un nuevo colapso del sistema sanitario. Es cierto que nuestro país no puede permitirse cancelar unas celebraciones que mueven tanto una economía nacional sustentada en la hostelería, la restauración y el turismo; por ello, en lugar de sacar pecho al hablar de nuestro país y de ondear banderas, deberíamos tomar conciencia de que España no está tan desarrollada como pensamos y que las políticas no van dirigidas, de momento, a cambiar el paradigma.
La pandemia que estamos sufriendo ha evidenciado que el capitalismo ha conseguido que en todos nosotros exista un individualismo difícil de extirpar. El ser humano ha demostrado que necesita la imposición de unas normas para actuar, como si de estudiantes de un colegio se tratase, por el bien común. El Gobierno, tan socialista y republicano que no duda en obstaculizar la investigación al Emérito, debería saber que sería urgente volver a dichas normas para evitar aglomeraciones, reuniones innecesarias y hacer ver que las Navidades no son tan importantes como creemos, sino que ahora es necesario que se actúe de manera totalmente altruista sin que exista el temor a una sanción para ello. Puede que sea ahí donde resida el verdadero espíritu navideño.
