Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Venezuela, comunicó la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de denunciar ante el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y de instruir ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el ajusticiamiento de dos niños perpetrado el pasado 9 de octubre en Tibú, Colombia, con la finalidad de que «el crimen no quede impune».
Los niños asesinados, presuntamente de nacionalidad venezolana, fueron retenidos en un almacén, un comercio en el municipio de Tibú, y acusados de hurto en el propio establecimiento. Las personas que realizaron la detención grabaron en el instante un video que fue difundido en redes sociales, en el que muestran a los menores con sus manos atadas con cinta adhesiva. El hombre que graba el video recrimina a los jóvenes, quienes afligidos miran al suelo. Uno de ellos tiene aspecto de adolescente y el otro es claramente un niño e incluso porta una mochila escolar a sus espaldas.
«Estos ladroncitos -dice el autor del video mientras graba los rostros de los niños maniatados- lamentablemente son muy jovencitos y no queremos verlos mañana por ahí tirados a la orilla de alguna carretera». Por eso, advierte el hombre, se dispone a entregarlos a la Policía. Horas más tarde los menores aparecieron asesinados a disparos en una carretera de la localidad, aún maniatados. El niño que portaba la mochila mostraba sobre su cuerpo un cartel con la leyenda «ladrones».
La Vicepresidenta denunció además que el presidente colombiano Iván Duque promueve el odio y la xenofobia contra los inmigrantes venezolanos y aseguró que Venezuela acudirá a todas las instancias internacionales que correspondan para que se determine su responsabilidad en estos actos de exterminio deliberados contra los emigrantes venezolanos. En este sentido, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha informado que su Ministerio se ha puesto en contacto con el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, para exigir que sea esclarecido el asesinato del pasado 9 de octubre.
Saab advirtió que este asesinato no es un hecho aislado: al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 836 dados por desaparecidos entre 2015 y 2020 en Colombia, de acuerdo a denuncias de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
El goteo de crímenes de activistas y sus familiares, incluidos niños, no cesa en Colombia.
Por otra parte, pero dentro de la impunidad que el gobierno de Iván Duque parece poseer en cuanto a los asuntos de Derechos Humanos, se ha comunicado recientemente un nuevo asesinato de un excombatiente de las Farc. Se trata de María Steffanía Muñoz, asesinada en plena vía a disparos junto a su sobrina menor de edad. Esta ejecución abominable eleva a 40 el número de excombatientes asesinados este año y a 289 desde la firma del Acuerdo de Paz.
Se añade la circunstancia de que la excombatiente era compañera sentimental de Yorbis Valencia, también fue asesinado el pasado 25 de julio. Miembros vecinales de colectividades de Cauca han comunicado por escrito su repulsa: «los ataques son sistemáticos. Nos muestra un plan de muerte en contra de quienes aún creen en la paz, y mientras tanto quienes deben garantizar nuestra seguridad, cumplen precariamente a regañadientes y solo con órdenes judiciales sus deberes constitucionales”.
