Trabajo garantizado

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El trabajo garantizado consiste en lo siguiente: todo aquel que pueda y quiera trabajar, pero no encuentre un empleo en el sector privado o en el sector público permanente, deberá recibir un empleo de transición en el sector público a cambio de un salario y de unas prestaciones que le permitan tener todas sus necesidades cubiertas hasta que encuentre un empleo mejor.

La izquierda se enfrenta a una pregunta de importancia capital. ¿Es aplicable el trabajo garantizado según la definición anterior o por el contrario se trata de una entelequia que o bien no es alcanzable o que si lo es conllevaría más problemas que ventajas?

A continuación expondré las razones por la cuales estoy convencido de que el trabajo garantizado es perfectamente posible de una manera mucho más sencilla de lo que algunos piensan y por qué su aplicación supondría una enorme mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

A mi entender, las bases conceptuales del trabajo garantizado son tres.

Lo primero que hay que entender es que el desempleo es un fenómeno monetario. Esto significa que hay personas que están dispuestas a vender su capacidad de trabajo a cambio de un salario, pero que no encuentran a nadie que les contrate. Por tanto, un emisor de moneda soberano, es decir, no sujeto a ninguna restricción de gasto, podría comprar todo la fuerza de trabajo ofrecida por los trabajadores en paro.

Lo segundo que habría que preguntarse es si existe dicho emisor soberano de moneda. La respuesta es sí, los estados que emiten su propio dinero. Los estados que, a diferencia de España, emiten su propio dinero tienen la capacidad de comprar todo aquello que esté a la venta en su moneda, incluida la capacidad de trabajo desempleada. Por tanto, los estados soberanos podrían ofrecer un salario a los trabajadores desempleados a cambio de su fuerza de trabajo.

Si además dichos estados soberanos ofrecieran un salario a cambio de la fuerza de trabajo desempleada de manera permanente y por ley, el nivel de paro de ese estado sería siempre igual a cero. Por consiguiente, el tercer punto en el que se basa el trabajo garantizado es la conversión del pleno empleo en una variable endógena del ciclo económico. Esto significa que el nivel de desempleo siempre sería nulo independientemente de las decisiones del sector privado a la hora de contratar y de las decisiones de los consumidores a la hora de adquirir bienes y servicios.

Una vez expuestas estas tres ideas, comunes a cualquier estado, pasemos a la forma que tomaría el trabajo garantizado en la práctica. Para ello tomaré a España como sujeto de análisis.

Lo primero que España debería hacer para implantar el trabajo garantizado es recuperar su soberanía monetaria (he tratado ampliamente esta cuestión aquí y aquí). España decidió renunciar a la soberanía monetaria del Banco de España y cedérsela al Banco Central Europeo (BCE). Esto fue un gran error, ya que España es usuaria, pero no emisora del euro. Esto significa que el estado español no puede decidir su nivel de gasto de manera soberana, sino que tiene que acatar las reglas impuestas por la Unión Europea. Estas reglas, recogidas sobre todo en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Tratado de Maastricht, limitan la capacidad de gasto de España mediante imposiciones sobre su déficit público y sobre su capacidad de endeudamiento. Mientras España dependa del BCE para llevar a cabo sus políticas de gasto no podrá optar por el trabajo garantizado de manera permanente y por ley, ya que las reglas de la Unión Europea se lo impiden.

Una vez recuperada la soberanía monetaria, España debería decidir de manera democrática el tamaño de su sector público permanente. La pertenencia al euro y a la Unión Europea han depauperado gravemente los servicios públicos mediante grandes recortes presupuestarios. Una España soberana podría revertir dichos recortes. Además, también podría acometer las inversiones necesarias para la reindustrialización del país, ya que el modelo productivo español basado en la hostelería, el turismo y la especulación inmobiliaria ha demostrado ser muy precario, tal y como ha puesto de manifiesto la actual crisis del coronavirus.

El tercer paso serían los planes de trabajo garantizado a nivel municipal (o en su caso a nivel comarcal). Todos los municipios deberían hacerle llegar al Ministerio de Trabajo su plan de trabajo garantizado. En dichos planes, los municipios deberían identificar las áreas en las que el sector público permanente necesitaría recibir un refuerzo temporal. A mi entender, la mejor manera de llevar esto a cabo es mediante planes integrales. El trabajo público necesario de manera permanente debería cubrirse mediante puestos de trabajo permanentes. No obstante, hay tareas que solo necesitan ser acometidas cada cierto tiempo. Son esas tareas las que mejor se ajustan a los planes de trabajo garantizado. Por ejemplo, los servicios de limpieza permanentes deberían asegurar la limpieza de las calles, pero cada cierto número de años se deberán limpiar paredes y fachadas estropeadas. Esa labor no tiene que ser llevada a cabo de manera permanente, sino que podría ser llevada a cabo de manera puntual mediante un plan integral de limpieza cada cierto número de años. Ese plan integral podría ser un plan de trabajo garantizado. Lo mismo podría hacerse para atajar dinámicas sociales destructivas como el bullying o el fracaso escolar. Una medida muy acertada sería hacer que los colegios e institutos españoles dejaran de estar cerrados tres meses al año y pasaran a estar abiertos todos los días laborables. Así se podrían dar clases de refuerzo para combatir el fracaso escolar y cursos de resolución de conflictos o de estilos de vida saludables. De esta manera, fenómenos destructivos que se sabe que tienen un componente generacional como el bullying o el fracaso escolar podrían serían atajados y no volverían a aparecer de manera muy acentuada hasta varios años después de haber sido tratados mediante programas integrales basados en planes de trabajo garantizado.

Los planes de trabajo garantizado (que deberían amoldarse lo más posible a las capacidades de los trabajadores que los compongan) deberían ser financiados directamente por el Ministerio de Trabajo, no por los propios municipios. Esto dificultaría la aparición de fenómenos de corrupción. Asimismo, los planes de trabajo garantizado deberían estar sometidos a controles que aseguraran que el trabajo realizado cumpliera todos los estándares de calidad que se exigen en el sector privado y en el sector público permanente. Esto significa que un trabajador que no cumpla con su trabajo podría ser despedido y considerado no apto para su labor. Además, el Ministerio de Trabajo podría poner en práctica controles de calidad externos que corroboraran que se cumplen los estándares laborales exigidos.

Los planes anteriormente expuestos reciben el nombre de planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo y fueron ideados por el economista australiano Bill Mitchell. La idea principal de estos planes es doble. Por un lado, el trabajo realizado en ellos no debe competir en el mercado con lo producido por el sector privado. Por otro, las herramientas para llevar cabo estos planes deben ser lo más rudimentarias posibles. Esto evita que aparezcan presiones inflacionarias, ya que no se compite con el sector privado ni por la mano de obra (recordemos que se trata de trabajadores rechazados por el sector privado), ni por los materiales utilizados.

El único efecto sobre el tejido productivo privado es que las empresas que no puedan asegurar a sus trabajadores unas condiciones de vida dignas desaparecerían, ya que el salario y las prestaciones del trabajo garantizado pasarían a ser el salario y las condiciones de trabajo mínimas. Si una empresa no ofreciera unas condiciones mejores que el trabajo garantizado, los trabajadores decidirían no trabajar en ella y se acogerían al trabajo garantizado. Asimismo, si las demandas salariales de los trabajadores del sector privado fueran demasiado altas, las empresas podrían recurrir a los trabajadores del trabajo garantizado para evitar dichas demandas. Esto significa que una vez alcanzado el pleno empleo mediante estos planes, también se alcanzaría la estabilidad de precios, ya que el nivel salarial siempre estaría cercano al nivel salarial del trabajo garantizado. Como el factor trabajo siempre está presente en la creación de bienes y servicios, basta con que el estado controle el precio del trabajo para controlar el nivel de precios del resto de la economía.

Es descorazonador ver cómo la izquierda que está en el gobierno de España, sobre todo la perteneciente al Partido Comunista, da la espalda al trabajo garantizado basado en las reservas de estabilización de empleo. Debido a la pandemia del COVID-19, el Banco de España estima que en 2021 el PIB podría contraerse un 13,6% y que el desempleo podría llegar al 21,7%. Unidas Podemos va a tener que optar. O bien le miente a la ciudadanía y le dice que el desempleo masivo y el enorme sufrimiento que conlleva son inevitables, o bien opta por plantear políticas de pleno empleo como el trabajo garantizado, pese a que eso conlleve trabajar por la salida del euro.

Unidas Podemos va a optar por la mentira.

Que viva el 1 de mayo y que vivan los trabajadores.

Euro delendus est

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