La propiedad es el derecho que tiene cada ciudadano a gozar y disponer de la porción de los bienes que le garantiza la ley.
El derecho de propiedad está limitado, como todos los demás, por la obligación de respetar los derechos de los demás.
No puede perjudicar la seguridad, la libertad, la existencia ni la propiedad de nuestros semejantes.
Toda posesión o todo tráfico que viole este principio es ilícito e inmoral.
Los ciudadanos cuya renta no exceda lo necesario para su subsistencia están exentos de contribuir a los gastos públicos. Los demás deben contribuir a ellos progresivamente, según la magnitud de su fortuna.
Los hombres de todos los países son hermanos y los diferentes pueblos deben ayudarse mutuamente según sus posibilidades, como los ciudadanos de un mismo Estado.
Quien oprime a una nación se declara enemigo de todas ellas.
Son fragmentos del proyecto político presentado por Maximilien Robespierre en la Convención Nacional, el 24 de abril de 1793. Cuando se habla de este revolucionario, el discurso gira exclusivamente en torno a la guillotina y el periodo del Terror. Y es que, a partir de mediados del siglo XIX, la cultura política francesa abrazó el legado girondino de las primeras etapas de la revolución, mostrándose realmente incómoda con la etapa jacobina. Por ello, siempre ha resultado difícil reivindicar a Robespierre. Pero, más allá de los tabúes y estigmas, generados a propósito del baño de sangre que supuso el paso de los jacobinos por el Gobierno revolucionario, ¿quiénes fueron y qué defendían los miembros del Comité de Salud Pública liderado por Robespierre, en la Francia revolucionaria del año 1?
La audacia de Georges Danton, la pluma de Camille Desmoulins, el radicalismo desorbitado de Jacques-René Hébert y Jean-Paul Marat, la agudeza de Antoine Saint-Just o la oratoria de Maximilien Robespierre confluyeron para asaltar el poder, en una nueva revolución dentro de la revolución, porque el proceso histórico que protagonizaban les permitió ver el nuevo mundo que nacía, antes de devorarlos. Apoyados en los sans-culottes y el protoproletariado urbano francés, jacobinos y cordeleros quisieron ir más allá en el proceso revolucionario y elaborar un nuevo contrato social, inspirados en Jean-Jacques Rousseau.
En Robespierre y los revolucionarios de la Montaña se encuentran los fundamentos del Estado democrático. El sufragio universal masculino y los principios de libertad, igualdad y fraternidad encontraron su expresión política en la constitución del año 1. Democratizar el proceso revolucionario suponía romper el corsé burgués y hacer partícipes de la nueva nación francesa a quienes, hasta entonces, tan solo habían sido carne de cañón en las barricadas y en la guerra. Los sans-culottes, el campesinado pobre, la mayoría social que sería llamada cuarto estado o clase trabajadora tenía que estar representada en el Estado surgido de la revolución. Por ello, Robespierre y el Comité de Salud Pública establecieron estructuras para la planificación de la economía y el reparto de la riqueza. Instituyeron la Ley del Máximo para fijar límites al precio de los productos básicos, un primer salario mínimo, los decretos de ventoso con los que repartir las tierras y propiedades de la nobleza que había huido del país.
Este es el mejor legado intelectual de Robespierre. Tuvo la capacidad visionaria de entender que, de la revolución de 1789, nacería una nueva mayoría social explotada. De ahí la revolución de 1792 y el Gobierno revolucionario del Comité de Salud Pública. Más adelante, los hijos intelectuales de Robespierre se diversificarían en distintas familias políticas. Estas se retroalimentarían mediante el debate y la discusión, colaborarían y lucharían juntas, impulsando organizaciones como la Internacional Obrera. Pero también estas familias se enfrentarían al grito de “¡traidores!” o “¡renegados!”.
Todas ellas contribuyeron a la construcción del Estado democrático desarrollado que, desde hace algunas décadas, está en crisis en Europa. Un Estado cuya naturaleza no concibe la democracia sin el bienestar de toda la ciudadanía. Ni la libertad sin la justicia social. Reformistas como los seguidores de Ferdinand Lasalle en el SPD alemán de los tiempos de Bismark, sindicalistas como los suecos de Adalen en plena Gran Depresión, comunistas como los bolcheviques rusos, sin los que no habría nacido la Europa de bienestar tras las guerras mundiales, incontables compañeros de viaje como el escritor Jack London, el pintor Jules Adler y tantos otros, todos ellos entendieron que los trabajadores debían estar representados en el Estado. Fuera mediante la reforma o mediante la dialéctica revolucionaria, todos ellos concebían la democracia a través de la conquista de amplios espacios de poder dentro del Estado, por parte de los trabajadores.
Actualmente la democracia solo puede seguir construyéndose en un contexto de carácter internacional, ya que la economía está globalizada. Por ello, la izquierda debe establecer alianzas internacionales y proyectarse globalmente, para conseguir estructuras estatales e interestatales, que respondan democráticamente ante las nuevas contradicciones generadas por la economía global. Y lejos de renunciar a su historia, la izquierda debe reivindicarla. La izquierda, como indica Slavoj Zizek en el prólogo de Robespierre. Virtud y Terror (Akal), debe reivindicar el legado del revolucionario de Arras. Empezando por censurar la violencia política de su periodo en el poder, precisamente para poder subrayar la importancia fundamental de su legado intelectual: la justicia social, sin la que no se entienden la democracia ni la libertad. De otro modo, algunos lograrán que aquel baño de sangre del periodo del Terror tape el significado de las tres palabras con las que comenzó la historia contemporánea: libertad, igualdad, fraternidad.
