El seminario Agromig, celebrado en Huelva el pasado fin de semana, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que lleva años siendo objeto de denuncias, investigaciones periodísticas y estudios académicos: las condiciones laborales y las distintas formas de violencia que sufren muchas trabajadoras marroquíes contratadas en origen para las campañas agrícolas de los frutos rojos.
Durante el encuentro, representantes de la Asociación de Mujeres Inmigrantes AMIA, entre ellas Said Elmrabet y Fátima Ez Zouiry, compartieron testimonios y reflexiones sobre las situaciones de vulnerabilidad que afrontan numerosas temporeras. Sus intervenciones recordaron que detrás del éxito económico del sector agrícola existen realidades que continúan generando preocupación entre organizaciones sociales, juristas y colectivos de defensa de los derechos humanos.
Las denuncias sobre abusos laborales, condiciones de alojamiento deficientes, aislamiento, dificultades para acceder a la justicia o situaciones de acoso no son nuevas. Desde 2018 se han sucedido demandas judiciales, informes académicos, investigaciones periodísticas y actuaciones de la Inspección de Trabajo que han documentado diversos problemas en el sistema de contratación en origen.
Uno de los aspectos más comentados de la jornada fue la ausencia de buena parte de los actores institucionales y económicos directamente vinculados al sector. La patronal agrícola, administraciones locales, la Junta de Andalucía, distintos ministerios con competencias en la materia, los sindicatos mayoritarios y la propia Inspección de Trabajo declinaron participar en el seminario, una circunstancia que fue interpretada por algunos asistentes como una oportunidad perdida para el diálogo y la confrontación de perspectivas.La celebración de este encuentro coincidió además con el debate generado por las recientes declaraciones institucionales que sostienen que la inmensa mayoría de las empresas agrícolas cumplen con la legislación laboral. Frente a esta posición, las organizaciones presentes defendieron que la existencia de casos documentados y reiterados obliga a abandonar el discurso de los «casos aislados» y a afrontar de manera estructural los problemas que siguen afectando a parte de las trabajadoras migrantes.
Más allá de las cifras y de los posicionamientos enfrentados, el seminario dejó una reflexión compartida por muchas de las personas asistentes: escuchar a las propias trabajadoras sigue siendo imprescindible para comprender la complejidad de un modelo productivo que depende, en gran medida, de su trabajo y de sus derechos.
