En el 90 aniversario del estallido de la Guerra Civil, España sigue arrastrando una profunda carencia de soberanía. La subordinación a los dictados de la OTAN y la Unión Europea es la consecuencia de una continuidad entre los pactos de supervivencia de la dictadura franquista y los pilares institucionales diseñados durante la Transición.
El régimen fascista sacrificó el suelo y la independencia del país a cambio de reconocimiento diplomático estadounidense. Aquella hipoteca territorial, que entregó bases militares como Rota o Morón a una potencia extranjera, inauguró un modelo de sumisión geoestratégica. Las élites políticas, con el beneplácito del orden occidental, prefirieron consolidar este esquema colonial en lugar de romper con él tras la muerte del dictador.
Los sucesivos gobiernos de la democracia parlamentaria apuntalaron esta renuncia mediante la inserción obligatoria en las estructuras del capitalismo global y el atlantismo. La entrada en la CEE en 1986 desmanteló el tejido industrial autónomo español bajo el pretexto de la modernización, mientras que la integración en la OTAN encadenó la política de defensa a los intereses de Washington. La culminación de este expolio soberano se selló en 2011 con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, anteponiendo el pago de la deuda a los fondos extranjeros por encima del bienestar social de su propio pueblo.
Esos gobiernos sucesivos remedaron el modelo de la franquicia original. Donde allá son demócratas y republicanos, aquí son PP y PSOE, ahora con sus respectivos caballos de posta: Vox, Podemos, Sumar.
En este engranaje de sumisión, la Corona española ha operado como el principal embajador diplomático y el aval institucional del atlantismo. Desde la Transición, la jefatura del Estado utilizó su influencia para legitimar las misiones militares de la OTAN que diluyen la soberanía nacional. El borbón reviste de solemnidad constitucional decisiones que anulan la independencia política del país.
La solidez de este blindaje bipartidista quedó demostrada en la crisis institucional de 2014 tras los escándalos financieros y personales de Juan Carlos I. La abdicación exprés y la proclamación de Felipe VI se tramitaron por la vía de urgencia en apenas 17 días mediante una Ley Orgánica parlamentaria.
En aquella coyuntura crítica, Podemos evidenció la inoperancia de carecer de análisis de clase. A pesar de una potente narrativa mediática contra el «Régimen del 78» y la «casta», su capacidad de acción quedó reducida a los platós de televisión, resultando funcionales a los intereses que supuestamente combatían.
Mientras las cúpulas políticas administran los mandatos macroeconómicos de Bruselas y las directrices bélicas de la OTAN, la verdadera dignidad de este país sigue enterrada en las cunetas. La impunidad del pasado franquista se traduce hoy en la incapacidad del Estado para ejercer una soberanía real sobre sus propias decisiones.
El Estado español ha pasado de vender territorio a cambio de impunidad dictatorial a convertirse en un mero gestor de intereses supranacionales extranjeros. Recuperar la soberanía nacional exige romper con el candado constitucional de 1978, auditar la sumisión militar a la OTAN, recuperar el control de la política económica y rescatar del olvido a las víctimas de la dictadura. Solo a través de una ruptura democrática y constituyente podrá este pueblo decidir de manera plenamente independiente su futuro.
