Mientras se publica este artículo tiene lugar en varias capitales andaluzas unas manifestaciones convocadas por Mareas Blancas bajo el lema «Negocio en Sanidad, más mortalidad». El cartel incluye un añadido: «no a la guerra«. Deseamos desde esta columna la mayor de las suertes a los profesionales sanitarios públicos, pero no podemos dejar pasar una gran incongruencia.
Al manifiesto de la convocatoria se suman el PSOE más los partidos que orbitan en torno a ellos y que se autoperciben como izquierda en el teatro del bipartidismo neoliberal. Es una incoherencia inexplicable, similar a otras que vivimos en estos tiempos tan raros. Hemos visto por ejemplo a estos partidos del Gobierno entregar miles de millones a la industria de las armas, al tiempo que se manifiestan en contra del rearme. O presentarse como solucionadores del problema de la vivienda a esos mismos partidos que crearon la Ley de Vivienda vigente, en la que los rentistas viven su época dorada.
Se acercan las Elecciones de Andalucía y estos partidos tratarán de usar el escándalo de los errores en el cribado de cáncer de mama para pretender que su gestión es superior a los partidos más a la derecha, o más efectiva en ciertos aspectos como por ejemplo el sanitario. Es, como vamos a ver, una cuestión de apariencias.
Lo que no cuentan los partidos de la órbita del PSOE
El caso concreto y terrible del error del cribado de cáncer de mama no es puntual. Es un ejemplo trágico de cómo los fallos sistémicos, agravados por las políticas de austeridad y las dinámicas de privatización, tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas, especialmente las que pertenecen a la clase trabajadora. Este error no puede entenderse como un simple «fallo técnico» aislado. Es la punta del iceberg de un sistema sanitario debilitado por lógicas más amplias.
El Sistema Sanitario Público andaluz, SAS, como el del resto de España, sufrió recortes profundos tras la crisis de 2008, impuestos por la lógica de la austeridad europea. Años sin convocar plazas para personal sanitario, sobrecarga de tareas, precarización del empleo (aumento de subcontratas y empleos temporales), una falta de fondos que deterioró la calidad asistencial.
Algunas de las empresas que se lucran con la externalización masiva de servicios del SAS son por ejemplo Quirón Salud, con varios hospitales en el territorio andaluz y que está relacionada con fondos de inversión alemanes o con la británica CVC Capital Partners; también el grupo ASISA, que aparte de poseer hospitales con conciertos en Andalucía recibió recientemente cerca de 5 mil millones de euros del Gobierno para sostener Muface; la empresa Vithas, también relacionada indirectamente con fondosde inversión como Capital Partners; por poner un último y curioso ejemplo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, cuyo especial caso dentro de la idiosincrasia española quizás daría para otra entrada aparte.
Nuestra carencia de soberanía limita nuestra sanidad
El debilitamiento de la Sanidad Pública crea las condiciones para que se cometan errores graves y, al mismo tiempo, justifica una mayor externalización hacia empresas privadas (muchas de ellas propiedad de fondos de inversión internacionales) que precisamente se presentaron como la solución de gestión eficiente. Un verdadero círculo vicioso que se manifiesta así:
- la carencia de soberanía democrática: las decisiones clave de política económica son impuestas por instituciones no electas como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional (todas forman al artista antes conocido como Troika). Las recomendaciones (exigencias) de estas instituciones convierten a los gobiernos nacionales en meros gestores de los intereses del entorno atlantista.
- la dependencia estructural: España, dentro de la división europea del trabajo, se especializa en sectores como el turismo y los servicios de bajo valor añadido. Esto supone una verdadera subordinación, pues la economía de España queda supeditada a los intereses geoestratégicos de Washington. Esto es particularmente visible en el apoyo incondicional a posturas en conflictos (como Ucrania) y a los créditos de guerra (gasto militar) que se justifica como una necesidad de «seguridad colectiva» hacia supuestos enemigos como Rusia.
La sanidad, como pilar del Estado de bienestar y parte enorme del PIB, es un objetivo clave para esas dinámicas de financiarización y austeridad
En el caso de la sanidad vemos claramente los siguientes factores:
- La Austeridad como mandato financiero, a través de la condicionalidad de los Fondos Europeos. Las fuentes de inversión y la dependencia monetaria del euro hacen que las economías de los países de la UE estén condicionadas a fuertes recortes presupuestarios.
- Como garante de esa austeridad, pende la espada de Damocles de los Pactos de Estabilidad y Déficit, las reglas fiscales de la UE (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) que obligan a los gobiernos españoles a contener el déficit público. Dado que la sanidad es la mayor partida en los presupuestos, es el primero en sufrir recortes cuando hay que cumplir con Bruselas.
- El Relato de la «eficiencia» presenta a la Sanidad no como una inversión asumible por un Estado soberano sino como un enorme gasto. Se vende la privatización y los recortes no como un desmantelamiento, sino como una «modernización» y una búsqueda de «eficiencia». Obviamente, se esconde que la «eficiencia» significa reducir personal (acumulación de capital a través de la hiper explotación), aumentar las ratios paciente-sanitario y una degradación general de la calidad asistencial.
- En menor medida pero también interesante es señalar la culpabilización a lo público y a sus usuarios. A través del relato que responsabiliza al «derroche» de lo público y al «mal uso» que hacen los ciudadanos (inmigrantes en situación irregular, personas mayores con múltiples patologías) de la supuesta insostenibilidad del sistema.
Es por eso que los Gobiernos «de Progreso» no han derogado la ley 15/97
Un gobierno español, para ser aceptado como jugador dentro del tablero occidental, debe cumplir con las normas de déficit y deuda impuestas por Bruselas. La Comisión Europea ejerce una vigilancia constante. En este marco, revertir procesos de externalización y recuperar servicios en la gestión pública directa supone aumentar los costes a corto plazo, que como hemos mencionado está prohibido por los techos de gasto de la UE.
Además, impedir la privatización supone rescindir contratos con multinacionales como Vithas o Quirónsalud, lo que conlleva costes de indemnización millonarios, que se contabilizan como déficit inmediato. Para Bruselas, esto es un horror en la ortodoxia económica: La lógica predominante en la UE es que la gestión privada es más «eficiente». Cualquier movimiento hacia la remunicipalización (hacia cualquier cosa en general que dispute el sacrosanto derecho a la propiedad privada y al comercio libre) se censura y se impide.
El proceso de privatización ha creado poderosos grupos de interés muy difíciles de contrarrestar. Intereses empresariales de tamaño gigantesco con un volumen de negocio enorme dependiente de los conciertos con la sanidad pública (recordemos el últimatum de empresas como ASISA al Gobierno para mantener Muface).
Una vez en el gobierno, en ese monopolio político del que se hablaba en la anterior entrada de esta serie, los partidos se enfrentan a la cruda realidad de gestionar un sistema sanitario coaccionado. Para estas coaliciones «de progreso», la derogación de las leyes de privatización (así como las leyes de vivienda, la ley mordaza, las reformas laborales) son promesas que se diluyen en los pactos de gobierno y se convierte en medidas más suaves como «frenar nuevas privatizaciones» o «reforzar lo público». Esto se produce porque ni la autopercibida izquierda ni la derecha podrán jamás tocar tocar el andamiaje legal existente, en el que España carece de soberanía y se encuentra sometida a los intereses imperialistas de la UE y la OTAN.
Para romper ese círculo vicioso sólo existe una solución: crear el movimiento popular que nos conduzca como país a la salida del entorno atlantista, rechazar las falacias de las guerras otanistas, repudiar los créditos de guerra contra los enemigos inexistentes, impugnar el teatro bipartidista que engaña y manipula a la clase trabajadora e impide que se reviserta al Estado capitalista por uno obrero como paso previo a un futuro socialista.
