La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-151/24, de 5 de marzo de 2026) vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para la clase trabajadora europea: ¿quién tiene derecho a una vida digna cuando ya no puede trabajar? Y, más aún, ¿puede ese derecho condicionarse al tiempo de residencia o al origen nacional?
Desde una perspectiva de clase, el fallo no puede analizarse únicamente como una cuestión técnica de Derecho de la Unión, sino como una expresión de las tensiones entre el principio de igualdad y las políticas restrictivas en materia social. El caso examina si los Estados pueden exigir a trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular nacionales de terceros países, un requisito de residencia de larga duración para acceder a prestaciones asistenciales no contributivas.
El núcleo jurídico del debate se sitúa en la interpretación del artículo 12.1.e) de la Directiva 2011/98/UE, en relación con el artículo 70 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 y el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dicho artículo reconoce, en principio, la igualdad de trato en materia de seguridad social para determinados trabajadores de terceros países. Sin embargo, el Tribunal introduce una distinción clave: no todas las prestaciones entran dentro de ese ámbito.
El TJUE concluye que el subsidio social italiano analizado, .destinado a personas mayores en situación de indigencia, no constituye una prestación de seguridad social en sentido estricto, sino una “prestación especial en metálico no contributiva” conforme al artículo 70 del Reglamento 883/2004. Esta calificación no es menor. Implica que tales ayudas quedan fuera del ámbito de aplicación de la igualdad de trato prevista en la Directiva 2011/98.
En consecuencia, el Tribunal avala que los Estados miembros puedan exigir requisitos adicionales, como la posesión de un permiso de residencia de larga duración, a los nacionales de terceros países. Es decir, legitima una diferenciación jurídica en el acceso a prestaciones básicas en función del estatus administrativo y del tiempo de residencia.
Desde el punto de vista de la clase trabajadora, esta interpretación abre una brecha peligrosa. En la práctica, se consolida una dualidad: trabajadores que, aun cotizando o formando parte del tejido social, pueden quedar excluidos de prestaciones esenciales en situaciones de vulnerabilidad. La sentencia reconoce que la demandante, residente legal y autorizada a trabajar, está dentro del ámbito personal de la Directiva, pero le niega la protección material efectiva en el momento en que más la necesita.
El argumento central del Tribunal descansa en la naturaleza asistencial de la prestación. Al tratarse de ayudas financiadas vía impuestos y destinadas a evitar situaciones de indigencia, se permite a los Estados restringir su acceso para proteger las finanzas públicas. Sin embargo, este razonamiento desplaza el foco desde el derecho a la dignidad hacia la lógica del control presupuestario, introduciendo un criterio de “merecimiento” basado en la integración administrativa.
Aquí emerge una contradicción fundamental: si el Derecho de la Unión reconoce que estas personas pueden trabajar, contribuir y formar parte de la sociedad, ¿por qué se les niega el acceso a una red mínima de protección cuando envejecen o caen en la pobreza? La respuesta del TJUE no es jurídica en sentido estricto, sino política: prioriza la soberanía estatal en materia asistencial frente a la universalidad de los derechos sociales.
No es casual que el Tribunal subraye que estas prestaciones están dirigidas a personas que “pueden convertirse en una carga para las finanzas públicas”. Este lenguaje revela una concepción utilitarista de los derechos sociales, donde el valor de la persona se mide en términos de coste. Desde una óptica obrera, esta lógica es profundamente problemática: convierte la protección social en un privilegio condicionado, no en un derecho inherente.
Además, la exigencia de residencia de larga duración como prueba de integración plantea interrogantes adicionales. La integración real no se mide únicamente en años de residencia, sino en participación social, laboral y comunitaria. Sin embargo, el criterio formal acaba excluyendo a quienes, pese a llevar años contribuyendo, no alcanzan el umbral administrativo exigido.
En definitiva, la sentencia del TJUE refuerza la capacidad de los Estados para restringir el acceso a prestaciones asistenciales a trabajadores migrantes, consolidando una ciudadanía social de dos velocidades. Frente a ello, el movimiento obrero debe reivindicar una interpretación expansiva del artículo 34 de la Carta, que garantice el derecho a la asistencia social como un pilar básico de la dignidad humana, sin discriminación por origen o estatus.
Porque la cuestión de fondo no es jurídica, sino política: decidir si Europa quiere ser un espacio de derechos universales o un sistema que jerarquiza la vida de las personas en función de su pasaporte y su antigüedad administrativa.
