La plataforma Salvar el Puertito de Adeje organizó una nueva manifestación para protestar contra el macroproyecto turístico Cuna del Alma. La movilización se llevó a cabo el pasado sábado 10 de agosto a las 11:00 horas en la playa del Puertito, situada en el sur de Tenerife. Los activistas han denunciado que la promotora ha puesto una valla de metal alrededor del terreno donde se prevé la construcción de 3.602 plazas turísticas, incluyendo villas de lujo y alojamientos hoteleros y extrahoteleros. «Las obras pueden comenzar en cualquier momento», advirtieron los miembros de la plataforma.
Los activistas acusan a las autoridades canarias de favorecer el proyecto, al que consideran una amenaza para el medio ambiente, la historia y el futuro de la zona. «No permitiremos que destruyan lo poco que nos queda. Vamos a luchar por el Puertito que queremos, cueste lo que cueste», enfatiza la plataforma.
Salvar el Puertito de Adeje propone una solución radical para detener definitivamente el proyecto: la compra de los terrenos por parte de las administraciones públicas. Según un estudio de la asociación ecologista, la adquisición del solar de 430.000 metros cuadrados costaría entre 14 y 18 millones de euros. Esta medida permitiría ampliar el espacio natural protegido del Sitio de Interés Científico de La Caleta y restaurar el área dañada por las obras preliminares.
Un buen resumen aquí de la manifestación y sus reivindicaciones (con video y fotos incluidas).
Durante la manifestación un grupo de personas quitaron la valla que rodea la finca donde se va a levantar este macroproyecto (ver video). Como consecuencia de ello las autoridades judiciales han instruido el caso en el que se intenta descabezar la plataforma ciudadana que lucha contra la construcción de Cuna del Alma, iniciando las diligencias penales por un delito de daños según diversos artículos de la denominada “Ley Mordaza” que puede costar la cárcel a una docena de activistas. Además de estas diligencias penales, la Subdelegación del Gobierno de Tenerife está enviando multas de 1.000 euros a esas personas activistas.
Por todo ello se ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para atender tanto al pago de las multas como a la contratación de abogad@s para los recursos de las multas y la defensa penal por el supuesto delito de daños.
