España se encuentra en una situación crítica por una oleada de fuegos forestales que ha obligado al Gobierno central a decretar la emergencia de interés nacional. Actualmente hay más de 60.000 personas afectadas y ya se registran víctimas mortales y heridos en los focos más severos. El Gobierno de España ha tenido que solicitar la ayuda de la Unión Europea para recibir apoyo aéreo internacional de países como Italia y Grecia (esa ayuda de la UE consiste en imágenes del satélite Copernicus).
Sin embargo, se está produciendo una situación grotesca que evidencia la sumisión del Estado de nuestro país a los intereses atlantistas.
Aparte del despropósito de la organización por Comunidades Autónomas, que se usa como arma arrojadiza entre las dos caras bipartidistas de la misma moneda del Estado, ocurre otra circunstancia incomprensible: el Gobierno no puede usar su flota de helicópteros rusos Kamov Ka-32 en España debido a las restricciones técnicas derivadas de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, según indican medios que incluso publican la ficha europea de esas sanciones.
Se trata de helicópteros rusos Kamov Ka-32, considerados por la comunidad técnica y los operadores forestales como uno de los mejores del mundo en la extinción de incendios. Las ventajas técnicas de este modelo se asientan sobre la ingeniería militar soviética. Su motor de doble hélice le permite ser especialmente efectivo en este tipo de situaciones, pueden lanzar una mayor cantidad de agua y soportar las turbulencias producidas por los fuegos. Además, carece de alternativa en la ingeniería occidental.
El bloqueo normativo impide que los técnicos del fabricante ruso viajen a certificar los aparatos o que se importen piezas de repuesto esenciales, lo que imposibilita legalmente su vuelo bajo los estándares de Aviación Civil. En 2024 la Unión Europea incluyó formalmente al fabricante ruso Kamov en la lista de entidades sancionadas. De modo que estos aparatos, que resultarían hoy esenciales para los incendios que asolan el país, se encuentran varados.
Los helicópteros que se están usando para los incendios actuales son los modelos que fabrican empresas como Airbus (multinacional europea) y de Bell o Boeing (EEUU).
Quienes pretenden justificar al Gobierno, argumentan que esos aparatos no son propiedad del Estado sino de empresas particulares como Helisureste.
Esto deja en peor lugar a nuestros supuestos defensores del «escudo social». El modelo de gestión en España combina la propiedad pública con la externalización de servicios a través de empresas privadas, una práctica habitual desde hace décadas, argumentada en supuestas razones de viabilidad económica y logística dentro del sector de la aviación civil.
La realidad es que en este contexto, al igual que en la Sanidad, Educación y el resto de servicios públicos, las excusas se deben al «gasto» que supone mantener una flota de pilotos expertos que manejen estos helicópteros y sostener una plantilla de profesionales que trabajen todo el año en prevención. Nada de eso. Se prefiere la subrogación, la estacionalidad y los recortes. Es decir, un Estado fallido que tiene sus manos atadas a intereses extranjeros que imponen la prioridad de las grandes empresas sobre el interés común.
Sólo en este año 2026 España dedica a Ucrania 1.000 millones para fabricación de drones, misiles, sistemas de defensa aérea y radares con tecnología española. Aparte, también sólo este año, se enviarán 570 millones de euros para reparar infraestructura crítica dañada de transporte y energía.
España es un país que carece de soberanía hasta tal punto que su propio suelo, su propia tierra, no sólo es vendida a fondos de inversión a intereses especuladores inmobiliarios o se parcela para intereses intensivistas por decreto de Bruselas, sino que además es un Estado incapaz de tomar las riendas de su protección contra los incendios.
