El presidente Sánchez ha comunicado en redes sociales que el Gobierno de España ha decidido presentar la candidatura de la ya amortizada vicepresidenta Yolanda Díaz, para la Dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De esta forma se premia con una buena salida giratoria a la figura que llevó a Sumar (la plataforma ideada por la dirección del PCE para justificar su deriva atlantista) a ser un aliado funcional del Gobierno más sumiso de la historia a la OTAN y la UE, y que además compartió vicepresidencia con otros ilustres arribistas como Pablo Iglesias.
Díaz fue «una ministra comunista al servicio de la clase trabajadora» según explicaba Mundo Obrero en 2021, cuando promocionaba a la que sería la artífice junto con Alberto Garzón del destrozo ideológico de lo poco que quedaba en Izquierda Unida. Sus ministerios sólo han servido para apuntalar el engaño bipartidista del neoliberalismo en España y abocar a la clase trabajadora a las peores situaciones de miseria de las últimas décadas.
En un somero repaso de los logros de Díaz, encontramos que principalmente sus dos vicepresidencias arrojan como resultado la subida del SMI, una supuesta reforma laboral, la prioridad del contrato indefinido y el «Escudo Social» de los ERTEs. En palabras también de Mundo Obrero en 2025, «trabajo más estable, mejores derechos y salarios dignos».
Incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
El impacto de las subidas del SMI impulsadas por Yolanda Díaz, que ha alcanzado los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, contrasta con la carestía de la vida, la situación de los hogares y los niveles de pobreza en España.
Sin embargo, esta subida ha sido empleada como principal argumento para justificar la participación de Sumar, y por tanto del PCE, en el Gobierno del PSOE. Oculta una enorme dosis de cinismo. En realidad esta medida alivió en parte a los salarios más bajos de los trabajadores en España, pero no en general a la mayoría de trabajadores, dado que estadísticamente el salario más frecuente apenas se distancia un centenar de euros mensuales de este salario.
La situación de los hogares españoles es bien diferente a la fantasía de la propaganda del Gobierno. Un trabajador con un salario medio, trabajando a tiempo completo y siendo indefinido, es hoy día un pobre a quien le separa un paso (una factura sobrevenida, una enfermedad, un fin de contrato de alquiler) de la vulnerabilidad absoluta ante la miseria.
El encarecimiento de la cesta de la compra, los carburantes o el precio de la vivienda llevan a ser insuficientes las subidas de los salarios. Pese a que Yolanda Díaz fue una de las propagandistas del «cambio de paradigma de la vivienda», los residentes en España viven en muchos casos al borde de la miseria por estos motivos.
La Reforma Laboral y el supuesto fin de la temporalidad
Lo descrito en el anterior epígrafe resume que un trabajador en España, pese a poseer un trabajo estable y a tiempo completo, no posee necesariamente estabilidad, sino todo lo contrario, se encuentra al albur de circunstancias como la vivienda o la imposibilidad de acometer imprevistos para caer en riesgo de pobreza según la tasa AROPE.
El porcentaje de población que sufre dificultades extremas para afrontar gastos inesperados, mantener la vivienda caliente o comer proteína regularmente sigue siendo uno de los más alto de Europa, muchos trabajadores no están ajenos a caer en la exclusión severa.
La «derogación parcial» de las reformas que ejecutaron los sucesivos gobiernos de Aznar y Zapatero en España ha permitido que, en teoría, desaparezca la temporalidad del empleo en España, según ha afirmado repetidas veces la vicepresidenta. En realidad, España es el segundo país de la UE con más paro, siendo además un mercado laboral muy afectado por la estacionalidad debido precisamente a su dedicación al turismo por mandato de Bruselas.
Los famosos datos manejados por doña Yolanda están además muy falseados. En sus tablas no cuenta con el paro oculto que ella no contabiliza. Por ejemplo, los colectivos que, queriendo trabajar o habiendo trabajado, no computan estadísticamente como parados, o los activos potenciales que desean trabajar pero han dejado de buscar empleo activamente debido a que consideran que no lo van a encontrar (por edad -un mayor de 50 años es rechazado sistemáticamente- o desgaste emocional).
La Reforma Laboral convirtió millones de contratos temporales en fijos-discontinuos. Cuando estos trabajadores están en sus periodos de inactividad (por ejemplo, en invierno en el sector turístico), no cuentan como parados en las listas del paro registrado (SEPE) sino como «demandantes de empleo con relación laboral».
El «escudo social» y los ERTES.
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en España se vendieron como una herramienta de protección del empleo cuando en realidad fueron un rescate encubierto a las empresas con fondos públicos.
No hicieron más que socializar las pérdidas. El Estado asume el coste de los salarios (vía prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE) y de las cotizaciones sociales, liberando a las empresas de sus mayores costes fijos en momentos de crisis sin que estas arriesguen su propio capital. El trabajador ve reducidos sus ingresos de forma obligatoria (generalmente al 70% de la base reguladora), asumiendo un sacrificio económico directo mientras la empresa mitiga su riesgo financiero.
Además, el abuso de las empresas en cuanto a los ERTE generó puestos de trabajo atados a empresas estructuralmente inviables.
Otros éxitos de la vicepresidenta que «cambió el paradigma»
Otros asuntos que vanagloriaron los seguidores de Sumar son por ejemplo la llamada ley Rider y los derechos de las trabajadoras del hogar.Se trata de otro bluf, otros brindis al sol.
Los repartidores:
La ley Rider no ha impedido que actualmente exista un mercado negro de alquiler de cuentas: personas que subarriendan licencias de Glovo y Uber Eats. Son en su mayoría emigrantes que siguen recurriendo a las situaciones «en negro» pese a la cacareada regularización masiva del Gobierno.
Sindicatos denuncian que estas subcontratas aplican convenios inferiores, imponen periodos de prueba constantes para despedir sin indemnización y penalizan algorítmicamente reduciendo los pedidos a quienes exigen sus derechos.
Las mujeres internas:
Otra de las «bondades» de la regularización masiva y de la desprotección laboral es que atrae más candidatas a engrosar las filas de las trabajadoras del hogar. Internas «sin papeles» en la invisibilidad. A pesar de la histórica obligatoriedad del contrato y el derecho a paro, el régimen de «interna» sigue operando al margen de la ley en miles de hogares españoles. Organizaciones del sector calculan que más de un 30% de las empleadas domésticas y de cuidados siguen trabajando en la economía sumergida, superando las 150.000 mujeres sin registrar en la Seguridad Social.
Se trata de una verdadera esclavitud moderna. Las mujeres en situación irregular que ejercen de internas sufren las peores condiciones de vulnerabilidad. Muchas perciben retribuciones muy inferiores al cacareado SMI oficial y sufren indefensión absoluta, carecen de protección ante accidentes domésticos, bajas o despidos arbitrarios, tolerando abusos por miedo a la denuncia y a la deportación.
Las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio:
Otro sector compuesto en su inmensa mayoría por mujeres (97%) que presenta una enorme parcialidad involuntaria y horas muertas. La inmensa mayoría arrastra contratos a tiempo parcial de entre 25 y 30 horas semanales.
Las empresas distribuyen estas horas en jornadas partidas a lo largo de todo el día para cubrir los aseos y comidas de los usuarios. El robo de los tiempos de desplazamiento es constante por parte de las empresas que se llevan los concursos de los ayuntamientos. Los trayectos de un domicilio a otro rara vez se computan como jornada efectiva ni se abonan adecuadamente. Esto obliga a las trabajadoras a pasar hasta 10 horas fuera de casa para cotizar y cobrar únicamente por 5 horas de servicio efectivo.
Debido a la parcialidad forzosa, los sueldos mensuales netos en este sector se sitúan de media entre los 700 y los 900 euros. Además, supone un riesgo para la salud física. Soportan una altísima carga física al movilizar a dependientes severos sin grúas ni asistencia. Al trabajar en domicilios particulares, las empresas no realizan evaluaciones reales de riesgos laborales, derivando en hernias y lesiones crónicas que el sistema cataloga como enfermedad común (pagando menos de baja) en lugar de enfermedad profesional.
En definitiva, esta es la vicepresidenta que el Gobierno de Progreso propone para la OIT, el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo.
Que el señor nos coja confesados.
