La esencia neoliberal de la UE

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“la esencia debe aparecer”
Hegel. Pequeña Lógica (1817)

Los profetas teleológicos del fin del capitalismo en su faceta neoliberal globalista desde hace una década de años vienen anunciando el fin del neoliberalismo: el último estertor de la agonía se suponía que fuera la crisis financiera de 2008, luego del riesgo privado se pasó al mayor riesgo de la deuda soberana en la zona euro (2010), crisis griega en Europa (2015), la elección de Donald Trump ( 2016), el Brexit (2017), posteriormente aconteció el conflicto militar de Ucrania (2022) mientras tanto prosigue la explotación y precarización teniendo al euro como eje de los ajustes salariales.

A los amantes de los términos posmodernos de las “subjetividades” y otras idealizaciones mentales, los gobiernos neoliberales les ha implantado desde la camisa de fuerza del Estado la coherencia política del capital para transformar las conciencias y las normas de sus existencias, lo que Marx llama “alcanzar la máxima tasa uniforme y general de ganancia como medida en la circulación mercantil”

No hay mejor ejemplo sobre el que se asienta el paradigma de la integración económica europea: un proceso dinámico en constante desarrollo que busca la ampliación de los mercados con el fin de mejorar la asignación de recursos y una mayor competencia que aumente la tensión en la búsqueda de la eficiencia.

La conceptualización del capital debe ser la base ontológica (manera en que la existencia y la realidad se relacionan entre sí) para describir una Constitución económica de la UE consagrada como los mandamientos de las tablas de Moisés: estabilidad monetaria, equilibrio presupuestario, competencia libre y no falseada, manejo del euro como instrumento del capital para garantizar la aplicación del ajuste salarial, intensificar la explotación por medio de la deuda soberana.

Ante la falta de un Estado confederado europeo[1], lo que padecemos es una expresión concentrada de un “constitucionalismo de mercado” en el que las reglas de los Pacto de Estabilidad y Crecimiento (1996), Tratado de Amsterdam (1997) y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (2012) están por encima del Derecho de Estatal de cada país comunitario

Esta primacía es consagrada en los Tratados europeos; el poder fuerte encargado de velar por el respeto de esta primacía son: el Consejo de la Unión Europea interestatal compuesto por los 27 jefes de Gobierno de los Estados miembros, junto a la presidenta de la Comisión Europea (Von der Leyen), y el presidente del Consejo Europeo (Antonio Costa), el Tribunal  de Justicia de la UE(TJUE), el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el autónomo Banco Central Europeo (Christine Lagarde), y el convidado de piedra del Parlamento Europeo.

La dictadura de los mercados

Los Estados miembros de la UE han renunciado a su derecho a la libre determinación en asuntos monetarios, sometiéndose a la política monetaria dictada por un Banco Central supranacional, completamente más allá del control parlamentario efectivo, que emite una moneda fiduciaria única, el euro.

La independencia del Banco Central emana de la necesidad de encorsetar la política fiscal para garantizar las condiciones de rentabilidad. El desarrollo específico que adopta el proceso europeo de integración queda determinado por las crecientes dificultades de valorización a escala mundial y responde a los intereses de aquellas fracciones del capital que mantienen una posición hegemónica.

En la UE, la soberanía monetaria del Estado es abolida por primera vez en la historia de la economía moderna. La moneda se vuelve supranacional (euro) y es administrada por un banco soberano totalmente independiente de cualquier poder político. El BCE es por ejemplo mucho más independiente respecto de los Estados miembros de la eurozona que la Federal Reserve System (FED) y el Banco de Inglaterra.

El papel de un Banco Central en sus relaciones con las teorías del excedente, la producción y el dinero está explicitado por Marx que pone el énfasis en que el dinero se encuentra determinado tanto por la riqueza de la nación como por la velocidad con la que circula.

 A grosso modo, el BCE es considerado una institución supranacional antidemocrática que somete la voluntad general al interés particular de la élite económica. Conculca el contrato social y la democracia por cuanto influye sobre los legisladores para que sancionen leyes que van en contra del interés general de los ciudadanos ante la crisis de 2007-2008 y la recesión de 2009-2014.

Desde el pensamiento marxista, la inflación no es más que un indicador de desequilibrios entre la circulación y la producción, que impactan en el cumplimiento de la función del dinero de medida del valor. Las decisiones de política monetaria del BCE han quedado englobadas en el objetivo principal de mantener la estabilidad de precios, para ello restringen el déficit de los gobiernos para garantizar la meta de inflación del 2%, lo cual constituye un freno para la expansión de la demanda agregada en el largo plazo, el dislate en que incurre el BCE es arrogarse la teoría cuantitativa del dinero que establece que el nivel general de precios está determinado por la base monetaria.

La Teoría cuantitativa del dinero establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios, su formulación se debe a Irving Fisher: “El poder adquisitivo del dinero (1911), y después fue revitalizada por Milton Friedman en los años 50 que sostuvo que la inflación siempre es un fenómeno monetario.

Todos los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria se comprometieron a respetar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (elaborado en la cumbre de Dublín en 1996 y confirmado con el Tratado de Amsterdam en 1997). Según dicho pacto:

1) El déficit presupuestal deberá limitarse a 3% del PIB, porcentaje definido de manera totalmente arbitraria.

2) A largo plazo en el sendero de crecimiento natural, el saldo presupuestal debe ser cuando menos nulo y de preferencia presentar un excedente para compensar la insuficiencia del ahorro privado.

3) La deuda pública bruta no debe nunca superar 60% del PIB.  

Como pirañas devorándose.

Con el escenario de la crisis griega fuera de control pudiendo conducir a una desagregación de la zona euro, los bancos de inversión y fondos especulativos anglosajones percibieron las fallas  en la organización de la zona euro: en tanto que los gobiernos de otros países  desarrollados extracomunitarios pudieron ser financiados por su Banco Central, los países de la zona euro renunciaron a esta posibilidad dependiendo totalmente de los mercados para financiar sus déficits. Junto a la tardanza de la UE para elaborar un plan de salvamento de Grecia, la especulación se extendió contra los títulos de la deuda pública de los países más frágiles (Portugal, España) o más endeudados de la zona euro (Italia). Privados de la garantía de poder financiarse en el BCE, los países del Sur de Europa se volvieron víctimas de ataques especulativos. Así curiosamente países como Grecia, Portugal y España que a principios de los setenta eran aún dictaduras, se vieron sometidos a una nueva forma de dictadura: la dictadura de los mercados financieros que en la mayoría de los casos no son otros que establecimientos financieros instalados en los países miembros de la UE, cambiamos los collares de dueño por una democracia intermediada.

Los escalones hacia una “Constitución” económica

Los pioneros del ordoliberalismo alemán, W. Eucken y F. Böhm con sus trabajos abrieron la vía hacia la concepción de la Constitución económica al nivel supranacional de Europa que contuviese un doble sentido: un sentido descriptivo, el de una realidad sociológica dada, y un sentido normativo, el de un orden jurídico deseado.

En 1937, Böhm describe la Constitución económica como un “orden normativo de la economía nacional” que solopodía implementarse “mediante el ejercicio de una voluntad política consciente y prudente, una decisión autoritaria de liderazgo”

En 1957 el Tratado de Roma consistió en un pacto entre seis países europeos para aumentar el nivel de intercambio comercial, se dio lugar no solo a la libre transacción de bienes y servicios entre los signatarios, sino también al libre movimiento de personas y de capitales. No era más que un marco jurídico bastante general, destinado a ser concretado por una dirección política.

Las agregaciones al Tratado de Roma en 1962 otorgaron una jurisdicción ilimitada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de multas y sanciones. Se impusieron dos principios: el poder del tribunal de pasar por encima del derecho nacional y el poder de los individuos de acudir directamente al tribunal. Europa constituía un “orden jurídico supranacional” que garantizaba derechos privados aplicables directamente por un Tribunal de Justicia autónomo.

El Acta Única Europea (1986) estableció la cooperación política europea y amplió los poderes legislativos del Parlamento Europeo con la introducción de los procedimientos de dictamen conforme y de cooperación. Marcó el inicio de un nuevo europeísmo –el de una Europa secuestrada por el neoliberalismo.

El Eurogrupo (1997), órgano informal del Consejo de la UE en el que se examinan cuestiones vinculadas a las responsabilidades en relación con el euro. Compuesto por el presidente del Banco Central Europeo, el Comisario de Economía, los ministros de economía y finanzas de los Estados de la Unión cuya moneda es el euro y el propio presidente del grupo. Responsable del chantaje al pueblo griego para imponerle, pese a su No mayoritario en el referéndum, el Memorándum de austeridad neoliberal de la Troika en 2015, con el que se enterró cualquier atisbo democratizador en la UE.

El Tratado de Lisboa (2009) soslayó el carácter formal de una Constitución pero incluyó una especie de Constitución económica europea en su parte III al consagrar las anteriormente citadas reglas de oro (estabilidad monetaria, equilibrio presupuestario, competencia libre y no falseada). El frontispicio del Parlamento europeo podría exponer la ecuación que formuló el gurú liberal Friedrich Hayek con un apotegma que diga: “Aquí prima el derecho privado, garantizado por un poder fuerte”.

La aprobación de la Strategic Compass (2022) o Brújula Estratégica, ambicioso plan de acción para reforzar la política de seguridad y defensa de la UE de aquí a 2030 que será complementaria de la OTAN, para proteger los intereses clave europeos, como la preservación de las rutas comerciales o el acceso a materias primas esenciales, estructura en torno a cuatro pilares: actuar, invertir, asociarse y asegurar.

Actualmente con un segundo mandato de Úrsula Von der Leyen al frente de la Presidencia de la UE asistimos a la aceleración de una agenda de máximos de unas élites neoliberales europeas que buscan una alianza financiera y comercial más estrecha entre ellas y, a su vez, con la excusa del conflicto armado de Ucrania una remilitarización de la UE como instrumento útil para su proyecto de potencia militar, la “Europa Fortalezacontra los bárbaros euroasiáticos, enemigos de los supuestos valores occidentales.


[1] Casos paradigmáticos de carácter estatal: la Confederación estadounidense (1777), Confederación Helvética (1803) y Confederación Alemana (1815-1871)

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