La votación ayer de la ley contra el proxenetismo planteada por el PSOE reabre un debate de amplia polémica. Un debate que pone de manifiesto las peores vergüenzas del sistema en que vivimos, pero también las vergüenzas de quienes supuestamente pretenden protegernos con escudos sociales y políticas utilísimas.
En lo que se refiere al trámite parlamentario, el proyecto presentado por el PSOE fue rechazado con el siguiente escrutinio: 122 votos a favor (PSOE y BNG), 36 abstenciones (Vox y Podemos), y 184 votos en contra (PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV).
Como es normal, extraña que partidos que se auto perciben «de izquierdas» se abstengan o voten en contra de una norma contra la prostitución. Por ello ayer hubo gran profusión de explicaciones y apariciones públicas.
Estas fueron algunas de las explicaciones. Desde EH Bildu se argumentó: «no cuenten con nosotras para criminalizar, desproteger y excluir aún más a quienes ya viven desprotegidas y excluidas». Similar reflexión realizó la portavoz adjunta de Igualdad de Sumar, quien especificó que IU es abolicionista y no renuncia a nada: «nosotras no entendemos cómo no se nos ha consultado, nuestra postura es de una defensa integral, con enfoque que vaya a la raíz del problema y no sea simplemente punitivo».
Los motivos para la negativa de estos partidos se centran en que la ley sólo contiene una finalidad criminalizadora (sanciones a los puteros y a quienes alquilen locales para ejercerla) y no así el conjunto de medidas para que esa abolición fuese efectiva, tales como -cita textual- medidas contra «situaciones de transfobia, racismo estructural, pobreza o desigualdad», plantear «alternativas sociolaborales» o «promover el acceso a la vivienda de las mujeres que ejercen la prostitución».
Más allá, aún, de todo esto se sitúa la postura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ayer aseguró que esa votación estaba pactada con Sánchez. Además, Yolanda Díaz declaró en TVE que «la norma del PSOE tiene aroma prohibicionista y que la prostitución, prohibirla, no se puede prohibir».
Para empezar, si nos ceñimos al mundillo del juego parlamentario, llama bastante la atención que los socios de Gobierno hayan sido tan infinitamente permisivos con el PSOE en otras cuestiones, hasta el punto de perder todas las líneas rojas posibles, pero no en esta precisamente.
Recordemos, por ejemplo, a Ernesto Alba argumentando que pertenecer a la OTAN tiene una serie de exigencias que cumplir (nunca nos imaginamos hasta qué punto), o vanagloriándose de ser el Gobierno que más dinero público trasvasó a intereses privados. Para esos asuntos bien que invocaron al sacrosanto sentido de la responsabilidad de Estado, pero curiosamente no ahora.
Tendremos que pensar que la famosa prohibición de los deshaucios no tuvo efecto porque tal vez debieron ser abolidos y no prohibidos.
«A la norma del PSOE le faltan cosas», explicó la portavoz de Igualdad de Sumar. Pero la realidad es que a la gestión del Gobierno de Progreso en esta y la anterior legislatura no es que le falten cosas, es que le falta todo.
Las propuestas progresiatas, tanto del propio PSOE como de sus satélites, no van más allá de parches buenistas que recuerdan a las penitencias con las que los católicos calman sus remordimientos de pecadores. Su mentalidad es en última instancia siempre burguesa, pues en realidad su target electoral es el voto del pequeño burgués o del desclasado que por poser algún capital o pequeña renta ya se cree clase media.
En el caso que nos ocupa, cuando se refieren a «ofrecer alternativas sociolaborales», ¿a qué se refieren? ¿Se refieren a ofrecerles a mujeres en absoluta pobreza supuestos contratos indefinidos que no lo son, o alguna actividad formativa que les permita contarlas como no paradas en sus engañosas formas de interpretar las estadísticas?
O cuando dicen que se preocupan por el «acceso a la vivienda» de estas mujeres, ¿se refieren al famoso «cambio de paradigma de la vivienda» que ha institucionalizado la tranquilidad de los especuladores y rentistas? ¿Se refieren a un mercado de alquiler tan inalcanzable que obliga a buscar habitaciones compartidas con extraños?
A la mentalidad pequeño burguesa le parece que la prostitución es negativa pero inevitable, es «trabajo sexual», y cree que debe regularse, pero porque ni ellas ni sus hijas la ejercerán nunca. Del mismo modo que ofrecen medidas para «prohibir los desahucios» y «escudos sociales» contra las innumerables «formas de precariedad», porque tampoco van a padecer nunca nada de eso.
Puestos a rechazar la norma del PSOE y plantear que debe debatirse una nueva, ¿por qué no proponen que todos esos recursos y medidas que faltan salgan del gasto en armas? Bastaría eliminar los enormes contratos del Gobierno con Israel para disponer de centenares de millones de euros para un plan de choque contra el proxenetismo.
Por supuesto esto es una fantasía, no tocarán ni un centavo del amplísimo presupuesto dedicado a las guerras. Ni plantearán el pleno empleo, ni expropiarán viviendas. Ni cambiarán el modelo de la UE que cargará el gasto de sus guerras a la clase trabajadora, ni cesarán de proponer que nos alistemos al «frente oriental». Si ya nos consideran carne de cañón, imaginamos lo que les importa que las mujeres pobres parezcan predestinadas a vender su cuerpo.
Política «útil», sí, pero útil para los capitalistas. El capitalismo es un gigante contra quien no se puede competir, nos dicen. Que la naturaleza humana no se puede cambiar y por tanto no se puede prohibir la prostitución. Además, en una sociedad de libre mercado no se pueden poner límites a las decisiones individuales. A esta mierda es a la que vienen a convidarnos.
