Tuvo lugar en este mes la undécima Marcha por la Dignidad en memoria de la tragedia del Tarajal, para exigir la justicia, reparación y verdad de un suceso que parece haberse decidido abandonar a la impunidad. Los organizadores de las jornadas repasaron en un dossier los hechos. El amanecer del día 6 de febrero de 2014, centenares de personas se lanzaron al mar para alcanzar la orilla, bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos, en la playa ceutí del Tarajal. Siguieron un método que suelen hacer las personas que tratan de entrar en España por esta vía, para lograr que al menos unos cuantos de entre la multitud no sean detenidos. Pero en esa ocasión las fuerzas de seguridad les recibieron con gases lacrimógenos, pelotas de goma y salvas detonadoras.
Catorce de esos jóvenes murieron ahogados en el intento y otros 23 fueron devueltos «en caliente» apenas un par de horas después. Según los organizadores de las marchas, esa «evitable tragedia fue una de las vulneraciones de derechos humanos más flagrante y grave de la historia de la Frontera Sur. Un punto de inflexión en la historia migratoria del Estado, que definió la política del Gobierno en la materia y que, a día de hoy, sigue buscando verdad, justicia y reparación».
Se trata de un acto condenado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pues existen documentos gráficos que demuestran que las fuerzas de seguridad españolas dispararon más de quinientas veces con material antidisturbios, y así además lo confirmaron los propios agentes en la investigación del caso. Aparte de eso, se desconocen por su opacidad las medidas de fuerza que adoptarían sus homólogos en el lado marroquí. Por si fuera poco, la Ley Mordaza instaurada un año después dificulta la investigación pues añade una cobertura legal a las «devoluciones en caliente» como las que se producen en la frontera de Ceuta y Melilla.
Actualmente se han sobreseído o están próximos a archivar todos los recursos que exigen la búsqueda de responsabilidades.
Esos jóvenes que perdieron la vida serán al menos recordados gracias a la buena voluntad de asociaciones humanitarias como la convocante de estas marchas. Pero se trata de una de las situaciones que más claramente ponen de manifiesto la hipocresía y crueldad de la sociedad en que vivimos.
Como sucede en otros conflictos donde las personas sin recursos no tienen ni siquiera derecho a reclamar, la cuestión debe entenderse en base a nuestra posición como colonia dependiente de intereses imperialistas. Curiosamente, los medios de masas suelen recordar de manera recurrente otras situaciones relacionadas como la caída del Muro de Berlín, pero nunca ven las miserias de los intereses económicos que se producen tras los movimientos de población en sus fronteras, que se producen de manera constante.
Por ejemplo nunca se cuestiona la responsabilidad de las naciones imperialistas sobre el interesado mantenimiento del nivel de pobreza de las otras naciones desde las que parten las oleadas de migrantes. Tampoco se cuestiona la responsabilidad de las grandes empresas que poseen también un gran interés en que estas naciones colonizadas sigan siendo pobres y, sobre todo, carentes de soberanía, y sus gobiernos sean realmente títeres en manos de esos grandes intereses o directamente satrapías y dictaduras brutales a cuyo encargo se deja el control abusivo de sus pueblos.
Dentro de nuestra lógica social, de ese modo los grandes capitales pueden moverse en absoluta libertad, acumulando riqueza a base de expoliar los recursos naturales de esos territorios sometidos en beneficio de las industrias que más favorezcan a los intereses de esas grandes empresas. El intercambio comercial arrasa con todo y convierte a las personas en meras mercancías. Esto en el mejor de los casos, cuando son útiles; cuando no, son objetos indeseables a los que se puede disparar o dejar ahogar a su suerte.
La ley del permanente beneficio económico convierte en un caos la aparente legalidad de los países desarrollados, que revisten con falsos ropajes legales una realidad de profunda injusticia. Así, los mandatarios de los países apelan a cuestiones patrióticas para la vigilancia de los emigrantes de otros países, lo que se traduce en un sentimiento de racismo en las personas desinformadas, y reclaman fuertes medidas para el control de los movimientos de personas por las fronteras.
Sin embargo, el verdadero motor de estas sociedades, el beneficio comercial a toda costa, hace que de manera velada y con secreto se produzca la gran hipocresía: por una parte bloquean la llegada de personas con extrema violencia, como en el caso del Tarajal, mientras por otra les resulta absolutamente conveniente que haya un «mercado» soterrado de personas que se ven impelidas a ofrecer su fuerza de trabajo a menor sueldo, llevando así a cabo las tareas que los nacidos en ese país no quieren realizar. Se produce de este modo una doble jugada: se abarata el coste de la mano de obra y se consigue una fuerza de trabajo mucho más explotable, debido a que sin poseer respaldo legal se encuentran más expuestas. Sucede además que esta fuerza de trabajo es principalmente compuesto por mujeres, con las que el sistema se ceba especielmente, mujeres a las que se explota con mayor intensidad en el campo o en las tareas domésticas.
Los lectores pueden encontrar material sobre las Marchas del Tarajal en las redes sociales y en Youtube.
