Rubén Sánchez
Resulta de enorme importancia contar con un ministerio de Consumo que tenga entre sus prioridades perseguir y castigar los fraudes. Pero hacerlo de verdad, con contundencia, con sanciones disuasorias.
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Cuando los fraudes a los consumidores son masivos, las autoridades de consumo deben evaluar su gravedad y cuantificar el beneficio ilícito obtenido por las empresas para determinar las sanciones que deben aplicarles. Tristemente, en España se ponen muy pocas multas y su cuantía suele ser bastante ridícula.
Ninguna de las mayores sanciones impuestas en la historia por las autoridades autonómicas de consumo ha alcanzado los 1.000 millones de euros, pese a que hay firmas que han cometido fraudes masivos por los que han ganado cantidades muy superiores, como el caso de la cláusula suelo hipotecaria. Ni siquiera se han alcanzado los 100 millones en el ranking de multas. De hecho, ninguna de las multas que han tenido que pagar las empresas que han incurrido en las irregularidades de mayor envergadura ha alcanzado la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de esa cifra.
Las diez sanciones más elevadas por fraudes masivos que han trascendido públicamente como consecuencia de expedientes abiertos por las autoridades de consumo estaban relacionadas con denuncias interpuestas por FACUA. La más alta de todas, impuesta por la Junta de Andalucía a Unicaja por la cláusula suelo, apenas superó los 3 millones de euros. La banca española ganó miles de millones de euros con ese fraude. La segunda sanción más “alta”, aplicada por la Comunidad de Madrid a Movistar por cobrar completo el primer minuto de cada conversación aunque durasen menos, fue de solo 2,9 millones. El importe equivalía a lo que recaudaba la empresa en un par de días con esas prácticas.
Durante cuatro décadas, desde que en 1984 se promulgó la primera versión de la ley general para la defensa de los consumidores, las competencias sancionadoras por su vulneración —y las de las respectivas leyes autonómicas— han estado exclusivamente en manos de las comunidades autónomas. A partir de 2022, el Ministerio de Consumo asumió la potestad para aplicar multas a las empresas que cometan determinados tipos de fraudes masivos, una reivindicación que históricamente veníamos planteando desde FACUA.
El nuevo ministerio de Consumo (y otras cosas) ha heredado del anterior varios expedientes sancionadores, casi todos por prácticas denunciadas por FACUA. Confío en que durante esta legislatura se abrirán muchos más. Ya veremos cómo cuantifican el beneficio ilícito obtenido por las empresas infractoras y cómo fijan por tanto el importe de las multas. La ley prevé que pueden llegar a ser de hasta ocho veces la cuantía de ese beneficio ilícito.
Resulta de enorme importancia contar con un ministerio de Consumo que tenga entre sus prioridades perseguir y castigar los fraudes. Pero hacerlo de verdad, con contundencia, con sanciones disuasorias, que representen un aviso para navegantes. Porque si se “castiga” a las empresas a pagar menos de lo que ganan con sus irregularidades, les sale a cuenta saltarse la ley.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
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Editorial del episodio 36 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
