Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España
Ochenta y tres años después de 1940, leo asombrada los comentarios, análisis y artículos que se publican sobre la ley de Memoria Democrática, por parte de comentaristas que se suponen democráticos y hasta de izquierdas, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica. Como un estribillo se repite que es preciso considerar la necesidad de investigación, justicia y reparación de “todos” los delitos cometidos por ambos “bandos” durante la República y la Guerra Civil, incluso aunque la propia ley no utilice semejante clasificación.
Así, historiadores, politólogos, profesores, periodistas, quedan satisfechos de haber demostrado su objetividad en cuanto al tema que lleva consumiendo la memoria, el dolor y la falta de reparación ochenta y siete años de millones de familias españolas. Ningún otro país, sometido a una dictadura genocida como la española, ha esperado ese periodo de tiempo para restablecer la verdad y la justicia en un conflicto que ocasionó un millón de muertos, medio millón de exilados y la pérdida de la nacionalidad y la relación con sus allegados a tres millones de personas.
Lo infame de esa declaración es que califique de “bando” al legítimo gobierno de la República y lo iguale con los facciosos que, en una minoría del ejército, se enfrentaron a las instituciones democráticas y bañaron en sangre durante tres años a nuestro país. De no haber sido por el apoyo, tanto militar como económico, que prestaron las naciones fascistas y nazis de Italia y Alemania a los facciosos sublevados, nunca hubieran ganado la guerra los militares franquistas.
Lo más triste e indignante es que se pretenda ahora hacer “justicia” a unas supuestas víctimas del régimen republicano, como indica la frase citada “a todas las víctimas de los dos bandos”. Si España no fuera un país tan desgraciado, en todas las escuelas, institutos, Universidades y medios de comunicación se hubiera enseñado a las generaciones siguientes el proceso de venganza y exterminio que llevó a cabo el régimen franquista contra los republicanos cuando concluyó la guerra.
La Causa general instruida por el Ministerio Fiscal sobre la llamada “dominación roja” en España, conocida abreviadamente como la Causa General (CG), fue un extenso proceso de persecución impulsado por el ministro de Justicia franquista, Esteban Bilbao, tras la guerra civil, mediante Decreto de 26 de abril de 1940, con el objeto, según su preámbulo, de instruir «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja».
Ese proceso que se desarrolló durante varios años en todas las provincias españolas se dedicó a exterminar del país todo responsable o afiliado a las asociaciones y partidos políticos democráticos que se habían instaurado durante la República, persiguiendo además a maestros, científicos, feministas, masones, protestantes, naturistas, teósofos, y cualquier tendencia social, ideológica y religiosa que no concordara con el régimen nacionalsindicalista instaurado por Franco.
Como ha destacado Daniel Oviedo Silva recientemente, la Causa General no sólo sirvió para depurar las responsabilidades del enemigo sino «que funcionó a su vez como herramienta propagandística para fijar un relato sobre los años republicanos, el conflicto y sus violencias». “El conflicto” como lo denomina fue un golpe de una facción del Ejército contra el gobierno legítimo de la República, elegido en elecciones libres y populares, y el desencadenamiento de una guerra exterminadora en el país, gracias al apoyo militar y económico de los regímenes nazi fascista de Alemania e Italia. Con motivo de ese proceso de “depuración” el número de víctimas que estiman los investigadores es de 85.940, que fueron depurados y despedidos de sus puestos de trabajo, detenidos, torturados, encarcelados, condenados en consejos de guerra sumarísimos y fusilados en cuestión de horas.
Con el fin de «reunir pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja» el general Franco dio instrucciones al fiscal del Tribunal Supremo mediante un decreto del 26 de abril de 1940, firmado también por el ministro de Justicia Esteban Bilbao, para que iniciase la «Causa General de la Revolución Marxista». La “dominación roja” era el gobierno de la República, cuyo primer Presidente, don Niceto Alcalá Zamora pertenecía a la derecha católica liberal, y en el que se sentaron republicanos como Manuel Azaña, democristianos y socialistas. El Partido Comunista no tuvo ministros en el gobierno hasta comenzada la Guerra Civil.
La declaración del gobierno franquista sobre La Causa General “atribuye al Ministerio Fiscal, subordinado al Ministerio de Justicia, la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz para conocimiento de los Poderes públicos y en interés de la Historia, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el Movimiento Liberador…”
Lo que pretendía en realidad la Causa General era legitimar el gobierno del general Franco y justificar el golpe de julio de 1936 criminalizando a la República y a los que la habían apoyado. En este sentido, según Julián Casanova, la Causa General «consiguió varias metas. Aireó y marcó en la memoria de muchos ciudadanos las diferentes manifestaciones del “terror rojo” durante la guerra civil. Compensó a las familias de las víctimas de esa violencia, confirmando la división social entre vencedores y vencidos. Y sobre todo se convirtió en el instrumento de delación y persecución de ciudadanos que nada tenían que ver con los hechos».
Con la información recabada de muy diversas fuentes sin excesiva verificación, fundamentalmente delaciones ―en este sentido la Causa General fue «un sistema de denuncia legal, un instrumento estatal para estimular la delación»―, se elaboró un enorme dossier compuesto de miles de legajos que luego servirían para fundamentar las acusaciones en los consejos de guerra y en los tribunales especiales.
La Causa General recopiló información sobre las circunstancias y detalles no solamente de supuestos abusos y crímenes contra personas y bienes cometidos durante la contienda en la zona republicana, sino todo tipo de acciones emprendidas por las autoridades, fuerzas armadas y de seguridad y partidarios de los gobiernos republicanos y de izquierdas desde la instauración de la Segunda República en 1931. Y se procedió a detenerlos y matarlos sin garantía alguna jurídica ni de derechos humanos. Paul Preston, el historiador inglés que ha dedicado su vida profesional a la investigación de la República española, la Guerra Civil y la dictadura, califica en un libro a la represión franquista del “Holocausto español.”
La información registrada por la Causa General, cuya recopilación duró prácticamente hasta los años sesenta, llevó a la apertura de numerosos procesos judiciales posteriores en contra de los que eran considerados responsables de los hechos investigados, hasta la promulgación por el gobierno de Francisco Franco en 1969 del Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939 (es decir, el final de la Guerra Civil). Dicho Decreto-Ley fue dictado a los treinta años de acabada la Guerra Civil.
La Causa General se llevó a cabo bajo la responsabilidad del fiscal jefe de la Causa General, figura específicamente establecida por un decreto posterior de 1943, hasta su traspaso al Ministerio de Justicia a partir de 1954, acumulando una enorme documentación que es conservada desde 1980 en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid. El proceso fue empleado tanto como instrumento para la represión de un gran número de opositores, como para los fines propagandísticos del régimen de legitimar la sublevación en contra del Gobierno de la República y que desembocó en la guerra civil.
Quienes hoy pretenden convencer a los seguidores y herederos del franquismo de la ecuanimidad de la ley de Memoria Democrática, arguyendo que se trata de averiguar y condenar todos los delitos cometidos por los “dos bandos”, están ocultando esta causa general de la represión franquista que duró treinta años. Prolongada hasta 1977 por la persecución sistemática de todos los opositores a la dictadura, incluyendo los asesinatos que cometieron miembros de Falange y del carlismo durante la Transición.
Con estas sutilezas, y supuesta neutralidad de nuestros comentaristas e ideólogos, se prolonga la desinformación de las generaciones que han sido instruidas en la aceptación de los principios del Movimiento Nacional, manteniendo la tesis de que la Guerra Civil fue un conflicto “fratricida” entre dos “bandos” igualmente criminales.
¿Cuándos siglos habrán de transcurrir para que además de esa bondadosa ley de Memoria Democrática tanto historiadores como profesores, políticos y medios de comunicación cuenten toda la verdad a las generaciones venideras sobre el genocidio fascista a que España estuvo sometida durante cuarenta años?
[…] La causa general […]