Negociar un convenio gallego para conseguir mejoras laborales, salariales y sociales, así como la mejora de la calidad de la atención a los usuarios son los objetivos de la campaña de recogida de firmas que se está llevando a cabo en los centros de reforma juvenil y de protección de menores.
Para dar más visibilidad a sus reclamos, la plantilla también realizará una concentración, el día 18 de diciembre a las 11.30 horas, día de entrega de las firmas, en las puertas del edificio administrativo de San Caetano de Santiago y solicitará una reunión con la concejala, Fabiola García, como el máximo responsable de la prestación de estos servicios.
La plantilla denunció las condiciones precarias que sufre el personal de los centros privados y la gestión indirecta de la reforma juvenil y la protección de menores en varias ocasiones. «Estamos hablando de 60 centros de trabajo en toda Galicia y unos 800 trabajadores».
SERVICIO SUBCONTRATADO
Los centros de protección y reforma están gestionados por asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, pero están subvencionados por el Ministerio de Política Social al tratarse de un servicio social esencial, y aunque atiende a una población especialmente vulnerable, como son los menores en situación de riesgo o exclusión social, la dotación presupuestaria de la Xunta es insuficiente para garantizar una atención de calidad, en las mejores instalaciones posibles y en condiciones dignas para el personal trabajador.
Por ello, como cualquier servicio público, la principal reivindicación de esta campaña es que la Xunta asuma la gestión pública directa de estos centros, sustituyendo y manteniendo los puestos de trabajo.
En la misma línea, se demanda una mayor y mejor dotación de recursos materiales y humanos para los centros y servicios básicos y ajustar las ratios de personal a las necesidades reales del servicio. Marian Feijoo-Montenegro, delegada del centro terapéutico Montefiz (Ourense) criticó que «los ratios que se aplican parten de un real decreto de 2005 obsoleto, que habla de centros que en muchos casos ya ni siquiera existen, que no responden a perfiles y protocolos actuales, y que es insuficiente para ofrecer la atención integral que los niños necesitan».
Criticó que se dan situaciones tan extremas por la falta de personal que las niñas y niños de centros cerrados no pueden salir una hora al día a la calle, cuando la ley así lo exige; o que en algunas instalaciones no haya servicio de lavandería y limpieza los fines de semana.
En cuanto a las tipologías de los centros, Raquel Moreno, delegada del punto de encuentro de Ferrol, informó que «las entidades gestionan centros en régimen cerrado (como los en reforma), semiabiertos (como los centros de intervención educativa en entorno abierto), pisos de régimen abierto y tutelados (donde trabajamos con menores en situación de vulnerabilidad) y los puntos de encuentro. Cada uno de ellos con sus necesidades y particularidades específicas».
UN ACUERDO GALLEGO PARA MEJORAR SUS CONDICIONES
Marcos García, delegado del centro de reforma Concepción Arenal en A Coruña, informó que las condiciones laborales y salariales de la plantilla son diferentes según las asociaciones, que hay categorías que están al límite del SMI y que hay trabajadores que llevan años con el salario congelado.
Criticó que la falta de actualización de la financiación pública (con carácter plurianual) limita la capacidad de las entidades para mejorar las condiciones de trabajo y de servicio, y que la Xunta aprovecha la profesionalidad, la voluntariedad y la vocación del personal para avanzar en la atención al colectivo de menores sin aumentar los presupuestos.
En este sentido, ha destacado que es competencia directa del Consejo y que la administración tiene que apostar por la dignificación de este servicio a todos los niveles.
Ampliando sobre este tema, Jermán Estévez, presidente del comité de Monteledo (integrado en el complejo Montealegre en Ourense) destacó que el colectivo de trabajadores había aumentado sus responsabilidades, exigiendo más formación y asumiendo más carga de trabajo y exigencias, sin que esto vaya acompañado de trabajo o mejoras salariales.
Esta precariedad, añadió, «provoca que las entidades tengan cada vez más problemas para encontrar profesionales cualificados para cubrir los puestos». También destacó el mal estado de algunos centros por la falta de mantenimiento y equipamiento adecuado. «Pero cuando las administraciones se pasan la pelota entre sí, son los niños y las niñas los que sufren las consecuencias».
