Antonio Gil
Hace algo más de dos años, en junio de 2021, la Junta de Andalucía ordenó a las cooperativas de Marinaleda desalojar la finca Los Humosos en un plazo de un mes. Dado que se negaba a las cooperativas y al Ayuntamiento el derecho a adquirir las tierras, y para evitar el desalojo, las cooperativas de Marinaleda, que han estado gestionando estas tierras durante casi 30 años, presentaron un recurso contencioso administrativo en diciembre del mismo año. La resolución de este recurso se espera para el otoño, y en Marinaleda temen la posibilidad de no poder asumir el precio que la Junta pueda establecer por estas tierras, lo que podría permitir que caigan en manos de fondos de inversión y poner en riesgo el modelo cooperativo que ha sustentado a la localidad.
El futuro de la finca Los Humosos, situada en Marinaleda, Andalucía, está en un delicado equilibrio, amenazando el modelo cooperativo que ha sido un pilar fundamental de empleo y prosperidad para la localidad y la comarca. La disputa entre el gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Andalucía y el pueblo de Marinaleda ha llevado a una tensión creciente, donde la expiración de los contratos de arrendamiento y la posible venta de estas tierras han generado incertidumbre en la comunidad.
Fuentes cercanas al procedimiento resaltan la importancia de Los Humosos en la historia de la lucha obrera en Andalucía, reflejo de un proyecto sindical-político en el que se defiende que la tierra debe ser pública, para lo cual ha de traspasarse de administración a administración».
La compra de las tierras se convierte en una acción crucial, ya que es un requisito establecido por la administración como resultado de un cambio legislativo tras la disolución del Instituto de Reforma Agraria (IRA). La nueva normativa de la Junta de Andalucía otorga al Ayuntamiento de Marinaleda, en caso de que la estrategia de la administración autonómica de desalojar a las cooperativas tenga éxito, el derecho preferente de compra de las tierras.
El nuevo alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez, ha afirmado que el Ayuntamiento está decidido a ejercer este derecho de compra, pero insiste en que el precio debe ser justo y no asfixiante para las arcas locales.
Sin embargo, a pesar de la determinación del gobierno local, la incertidumbre se ha apoderado de la población, ya que temen la posibilidad de que las tierras terminen en manos de un fondo de inversión si la Junta de Andalucía no llega a un acuerdo con el Ayuntamiento. También se ha señalado que la administración ha impuesto obstáculos a las cooperativas para adquirir la finca, como el requisito de mantener el mismo número de socios que había cuando se cedieron las tierras hace 25 años, lo que es considerado inviable por las cooperativas debido a la naturaleza estacional del empleo.
En este contexto, el gobierno municipal y las cooperativas insisten en que las tierras deben ser de propiedad pública y utilizadas para el beneficio colectivo y el desarrollo de actividades productivas que mejoren la vida del pueblo. Y, por boca del alcalde de Marinaleda, señalan que la pelota del mantenimiento del empleo se encuentra ahora en el tejado del Gobierno andaluz.
