El juicio contra tres trabajadores encausados por la huelga de Tubacex que se iba a celebrar el pasado lunes, se ha suspendido hasta el día 27 de noviembre porque dos de los agentes de la Ertzaintza no se han presentado a testificar por no haber sido, manifiestan, notificados a tiempo.
El Ministerio fiscal solicita para los manifestantes una condena de cuatro años y siete meses de prisión bajo la acusación de desórdenes públicos, y, en concreto, de “formar un grupo organizado para crear incidentes”. Esta acusación de la Ertzaintza ha sido “adoptada” por la Fiscalía a la hora de calificar los hechos.
Los jóvenes niegan las acusaciones e incluso afirman que en esta época no se conocían. Cabe recordar que los hechos juzgados se remontan a 2021, en que tuvieron lugar las movilizaciones en apoyo de la huelga contra Tubacex.
El pasado lunes, fecha en la que estaba señalada la celebración del juicio, obreros de la empresa Tubacex y vecinos del pueblo de de Aiaraladea se manifestaron frente a los juzgados de Gasteiz, con una pancarta en la que se podía leer “Absolución para los encausados de Tubacex. La lucha trabajadora no es delito”.
Aitor Aspuru, miembro de un grupo de solidaridad hacia los tres procesados, declaró que “el objetivo de este proceso judicial es intentar criminalizar la solidaridad hacia los trabajadores en huelga”, y alega que se trató de un enfrentamiento “que vino desde fuera y fue provocado por la Policía”.
No es el único juicio derivado de las consecuencias de la huelga referida.
Uno de ellos se celebró el pasado 15 de junio en Gasteiz contra un trabajador, que, finalmente, fue condenado a 21 meses de prisión por participar en las protestas contra la planta el 23 de febrero de 2021, acusado de atentado a la autoridad y resistencia. Recordamos también que otra vista pendiente contra trabajadores de la planta de Llodio de Tubacex se celebrará el próximo 11 de octubre.
Por otra parte, una trabajadora de la misma empresa fue absuelta. En la sentencia absolutoria «la jueza determina con claridad que no queda probado que la acusada atentase en ningún momento contra ningún ertzaina» y decreta que “las acusaciones contra ella, no demuestran su culpabilidad».
«En todas las luchas que se abren para defender los derechos laborales, los trabajadores estamos siendo injustamente denunciados, apaleados y perseguidos, y esto tiene unos claros responsables: el Gobierno Vasco, a través de su policía, que tomó la decisión hace mucho tiempo de defender a las patronales frente a la defensa de los derechos de los trabajadores», ha opinado el representante del Sindicato ELA.
