Rubén Sánchez.
Que se produzca un cambio legal con el objetivo de mejorar la protección de los derechos de los consumidores no supone que, acto seguido, todas las empresas asuman su cumplimiento. Como tampoco se traduce en que las autoridades competentes se pongan de inmediato a controlar el mercado y actuar contra quienes se saltan la ley.
La Ley de Vivienda no iba a ser una excepción. Vigente desde el pasado 26 de mayo, ha introducido una modificación en la normativa sobre alquileres de viviendas, prohibiendo de forma expresa que las inmobiliarias cobren honorarios a los inquilinos ni tampoco supuestos gastos por la gestión del contrato. Una modificación que multitud de agencias inmobiliarias se están saltando a la torera y otras muchas están intentando torear. Lo hacen inventando que al inquilino le cobran por otros servicios distintos al mero hecho de ponerles en contacto con el propietario de la vivienda y gestionar la firma del contrato. Servicios que el inquilino ni pide ni, en muchos casos, necesita, pero que imponen como condición para ofrecer sus servicios, con lo que el incumplimiento de la ley sigue siendo claro.
Esas agencias tan toreras parecen muy tranquilas con lo que están haciendo. Cuando un usuario les explica que no pueden cobrarles nada, en algunas hasta se ríen en su cara. Una tranquilidad y unas risas que son consecuencia de que seguimos esperando que el Ministerio de Consumo y las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas y los ayuntamientos anuncien campañas de inspección y sanciones a las inmobiliarias infractoras.
Así que, como hacemos cada vez que entran en vigor cambios para bien en las normas que protegen nuestros derechos, en FACUA estamos intentando poner nerviosos y borrar la sonrisa de la cara a esos empresarios que se creen por encima de la ley. Estamos vigilando el sector inmobiliario y estamos denunciando a las agencias que insisten en seguir cobrando fraudulentamente a los inquilinos. De momento esas denuncias están llegando a las administraciones de consumo. Administraciones que deberían además advertir al sector de que por muchas argucias que inventen, imponer a los inquilinos el pago de cualquier concepto que no sean las mensualidades que va a recibir el propietario de la vivienda representan una ilegalidad sancionable. Esperemos que hagan su trabajo y no provoquen, con su habitual inacción, que para resolver este problema tengamos que acudir a los tribunales.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
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Editorial del episodio 18 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
