Por Karina Castelao
Me encantaría conocer al community manager (CM) de Irene Montero.
Primero, por la curiosidad de saber quién está detrás y maneja tan torpemente las redes de la ministra y segundo, porque creo que es un hombre. Es imposible que tenga una percepción de la realidad con un sesgo tan misógino, a no ser que no sea mujer. Además, no hay político, y menos que esté en el Gobierno, que no tenga a alguien que le lleve las redes (hasta tienen community manager las mascotas, como tenía Pecas, el perro de Esperanza Aguirre). Por tanto, mi intuición me dice que quien maneja las redes sociales de nuestra Ministra de Igualdad es un señor queer y aliado trans incapaz de empatizar con el sufrimiento causado a las mujeres la supervivencia en una sociedad patriarcal.
Todas estas elucubraciones mías parten a raíz del suceso de hace un par de semanas en un Lidl de Málaga y del pronunciamento posterior en Twitter de Montero.
Por poneros en contexto: una persona legalmente varón, con aspecto de varón, corporalidad de varón y voz de varón pero que se autoidentifica «mujer», decidió incluir en una hoja de reclamaciones que había pedido para protestar por verse presionada a usar una caja autocobro, una queja por transfobia de la empleada que lo había atendido por haberle llamado en varias ocasiones, «caballero». No contenta con ello, dicha persona subió la queja a Twitter y concedió sendas entrevistas a Cuatro y Antena3 denunciando el hecho como conducta de odio y pidiendo medidas disciplinarias. A raíz de esto se produjo en redes sociales una reacción masiva de solidaridad hacia la empleada y de recriminación por la exposición y el acoso al que fue sometida, mediante un hastag que venía a decir algo así como que «si tiene pico de pato, anda como un pato y grazna como un pato, es un pato».
Fue entonces cuando Irene Montero, o su CM, subió un tuit que decía «Hay que volver a decirlo: una mujer trans es una mujer. En España todas las personas tenemos derecho a ser quienes somos. Negar a una persona trans su identidad es odio y transfobia. Y piénsenlo un minuto, es crueldad. Cuidémonos y protejamos nuestros derechos frente al odio».
¿Crueldad? Negarse a aceptar la imposición de una persona de su identidad de género, es decir, malgenerizarla, aunque la percepción y los sentidos nos digan lo contrario, es crueldad para la Ministra de Igualdad. Sin embargo, promover una ley que permite la censura, el sexismo y distorsiona la realidad entre otras cosas, no lo es.
Porque para Irene Montero no es crueldad que los protocolos escolares que se desarrollan en las Comunidades Autónomas a partir de la Ley Trans, o incluso antes en las leyes trans autonómicas, especifiquen claramente que los profesores y profesoras tienen la obligación de localizar a los niños y niñas con comportamientos que no sean «acordes» con los esperados para su sexo de cara a iniciar el procedimiento necesario para que sean identificados como niñas y niños trans, convirtiendo al profesorado en “policías de género” y contraviniendo la propia Ley Integral de Violencia de Género en materia de sexismo en las aulas.
Porque para Irene Montero no es crueldad que los protocolos sanitarios de las CCAA solo contemplen para los niños y niñas con disforia de género (o incongruencia de género) la terapia afirmativa como único medio terapéutico válido y proponga para alivio al malestar que provoca, las intervenciones medico-quirúrgicas como intervenciones correctivas (a partir de los 12 años con el consentimiento de los padres y la autorización judicial, y a partir de los 14, con el consentimiento paterno solo), pero que consideren «terapia de conversión» cualquier otro tipo de intervención médica o psicológica que tenga como finalidad la aceptación corporal más acorde con la ética médica o, simplemente, con la cautela que dicta el sentido común.
Porque para Irene Montero no es crueldad que los menores a partir de los 12 años puedan solicitar el cambio de sexo registral y que, en oposición de los padres, tengan asistencia judicial que decidirá en todo caso en función del tan ambiguo concepto de «interés superior del menor», pero que si, tras solicitar el cambio de sexo registral y verse formalizado, tales menores quisieran volver pasados 6 meses a su situación previa, no contarán con asistencia judicial alguna (porque detransicionar no debe de ser considerado para la ley de interés superior del menor) y podrán los padres oponerse a su desistimiento de cambio de sexo.
Pongo estos tres ejemplos porque son referidos a menores, a la infancia, porque situaciones de crueldad promovidas por la Ley Trans y dirigidas hacia mujeres adultas hay decenas pero harian este artículo eterno, y porque las situaciones que narro son fácilmente localizables a un click de ratón en los protocolos sanitario catalán o escolar gallego y comunes a los del resto de CCAA, así como en la propia Ley Trans.
Así que el community manager de Irene Montero o tiene muy sesgado el significado de crueldad o solo le importan los sentimientos de las personas adultas que se autodeterminan mujer pero que los demás no percibimos como tal. Al CM de Montero se le calienta la boca cuando tiene que defender el derecho de una mujer trans a ser llamada «señora» en vez de «caballero», pero para las tres mujeres asesinadas en 24 horas del sábado ya no hay tiempo a un tuit, que había una cabalgata colorida llena de autobombo que cubrir y muchas fotos de la fiesta que colgar.
O mejor así, porque para mezclar aleatoriamente «cariño a la familia», «protocolos que fallan» y «llegar a tiempo», mejor callar. (Del agravio comparativo en las manifestaciones de indignación por parte de la ministra, y me atrevería a decir de todo el Gobierno, cuando la víctima es un miembro del colectivo LGTBIQ+, o cuando solo es otra mujer más, daría para escribir varios artículos, pero confío quedarían obsoletos en menos de un mes porque, sea cual sea el resultado de las elecciones, este equipo del Ministerio de Igualdad está condenado a la desaparición).
Desde luego, para la trabajadora de Lidl que se fue para su casa con un ataque de ansiedad al verse expuesta al linchamiento mediático por la persona que la denunció por transfobia, ni un mísero comentario de preocupación por su estado, solo reproches. Es lo que tiene defender los derechos de las mujeres desde este Ministerio de Igualdad. Que siempre se priorizan los de las que tienen pene.
