La asociación de consumidores FACUA Andalucía ha denunciado ante la Dirección General de Consumo de la Junta a seis empresas de movilidad urbana por no disponer en sus páginas web y apps de las hojas de reclamaciones oficiales que impone la legislación de defensa de los consumidores.
Según explican, la asociación se dirigió el pasado mes de marzo a Cabify, Uber, Lime, Yego, Reby, Muving y Acciona, exigiéndoles explicaciones y pidiéndoles que se ciñesen a la normativa autonómica vigente por medio de un escrito en el cual se instaba a las empresas a que llevasen a cabo las modificaciones pertinentes en sus apps y webs, ya que no informaban de forma clara a sus clientes de la disponibilidad de hojas de quejas y reclamaciones, el cauce básico para mostrar su disconformidad con un servicio.
Pese a esto, FACUA señala que únicamente Reby, Cabify y Yego respondieron a este escrito, mostrando su posición al respecto, considerando del mismo modo «insuficientes las escasas o nulas medidas adoptadas por estas empresas una vez recibidos los avisos, evidenciando además de un desconocimiento de sus obligaciones una dejadez absoluta respecto a los derechos de los consumidores».
Por ello, FACUA Andalucía ha denunciado a seis de las siete empresas que fueron interpeladas, ya que, desde la asociación consideran que existe un incumplimiento claro de los Decretos 472/2019, 82/2022 y 13/2003 (normativas de defensa de los consumidores a nivel autonómico), pues estas seis empresas de movilidad urbana no tienen «expuesto al público, en las condiciones establecidas reglamentariamente, el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones» ni tampoco está el documento a disposición de los usuarios ni en sus páginas web ni en sus apps para móviles.
Por último, cabe también recordar que la asociación Taxi Project presentó hace varios meses otra denuncia contra varias de estas mismas empresas (en este caso Uber y Cabify) ante la dirección general de Consumo de la Comunidad de Madrid al considerar los taxistas que los contratos de estas aplicaciones vulneran también normativas en este caso estatales o europeas en cuestiones de tanto de defensa de los consumidores como de precios, servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico o protección de datos y por la cual la Secretaria general de Consumo y Control ha abierto una investigación para determinar si es necesario ejecutar sanciones para estas marcas.
