El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la Comunidad de Madrid ha fallado a favor de la Federación Profesional del Taxi de la Comunidad de Madrid (FPTM), organización mayoritaria del sector con más de 6000 asociados, en el recurso interpuesto por las multas recibidas durante el confinamiento durante la prestación de servicio en algunos hospitales de la capital.
En concreto, se trata de un proceso en el que el Ayuntamiento había interpuesto más de 500 multas a los taxis de la capital que prestaban servicio en el Hospital Clínico y en la clínica Nuestra Señora de la Concepción durante los meses de confinamiento en 2020. La Federación recurrió todas las multas, «que llegaban a repetirse hasta en cinco ocasiones en una hora al mismo vehículo y que ahora la justicia ha demostrado que no se establecían acorde a ninguna regulación», ha explicado el presidente de la organización de taxistas, Julio Sanz.
En este sentido, Sanz ha recordado que «desde la FPTM ya pidieron al delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que llevase a cabo una regulación especial para acabar con la descompensación existente entre la oferta y la demanda que se dio durante la pandemia, al obligar a los taxistas a prestar servicio durante los peores meses».
Y es que, ante la situación de falta de demanda de los meses de confinamiento, el sector reclamó al Ayuntamiento una regulación especial que evitase que los taxis circularan hasta 13 horas diarias para hacer 3 o 4 servicios, fundamentalmente en hospitales,. cuestión también reclamada por la misma Federación Profesional junto con la asociación Taxi Project ante el Defensor del Pueblo, siendo el resultado también favorable para los taxistas.
«En estos momentos, el Ayuntamiento, en lugar de ayudar al sector, se dedicó, una vez más, a poner zancadillas al colectivo, sancionándoles por esperar en los hospitales para prestar servicio a los ciudadanos» ha apostillado Sanz.
La sentencia de la justicia madrileña da la razón al taxi y, aunque aún quedan más de 500 recursos pendientes de resolución, el fallo de las primeras sanciones está siendo favorable al sector que «lamenta que la inoperancia de la concejalía de Carabante haya propiciado que el consistorio haya sido condenado y tenga que abonar las cosas del proceso», ha indicado.
«Es paradójico que en lugar de agradecer el servicio prestado por el sector en los peores meses de la pandemia, en los que los profesionales del taxi trabajaron incansablemente, el consistorio nos premiase con sanciones que respondían a una falta de regulación por su parte y demandada incansablemente por el sector», ha concluido Sanz.
