Según ha informado la Federación Profesional del Taxi de Madrid, organización mayoritaria del sector en la capital, el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la asociación de taxistas, teniéndose que revisar el procedimiento de concesión de más de 70 autorizaciones de vehículos VTC (que trabajan en su mayoría para empresas como Uber o Cabify), por una posible adjudicación irregular por parte de los responsables del gobierno de la Comunidad de Madrid, presidida por el PP.
En concreto, el Alto Tribunal ha determinado que la asociación de taxistas es parte interesada en el proceso de revisión del cumplimiento de adjudicación de licencias VTC concedidas en los últimos años en la Comunidad de Madrid y otorga así el acceso a los expedientes de concesión de estas autorizaciones. En la práctica, el fallo crea jurisprudencia y abre la puerta a estudiar la legitimación de las asociaciones de taxistas en esta causa.
El presidente de la FPTM, Julio Sanz, quien ha celebrado esta decisión, considera que llega en un momento crucial pues «queda poco tiempo para que se agote el tiempo de aplicación del decreto Ábalos y muchas de estas autorizaciones de las que hablamos podrían haberse concedido de forma irregular».
En este sentido, Sanz ha subrayado que, desde la FPTM, fieles a su defensa del sector y comprometidos con el cumplimiento de la ley, «solicitaremos, en los casos en los que queden demostradas irregularidades, la revocación de estas licencias, tal y como se ha producido en otras comunidades autónomas, en las que las organizaciones de taxistas lo han hecho posible».
Y es que, una de las denuncias que hace la FPTM es que la CAM siempre se ha negado a facilitar la información de unos expedientes tal y como si se hacía en otras comunidades. «No entendemos la postura de la CAM, pues la intención del sector siempre ha sido la de contribuir con la administración y defender el cumplimiento de la ley», ha añadido Sanz.
Del mismo modo, recuerda que existen miles de autorizaciones funcionando en la capital concedidas entre 2013 y 2015, y que de demostrarse «las barbaridades administrativas que se realizaron en aquel período», podrían quedarse sin permiso para circular.
Para Sanz, «es comprensible y admirable el trabajo que realizaron los funcionarios públicos para sacar adelante tal cantidad de expedientes en el plazo legal, pero no lo es la de los responsables políticos, que se negaron sistemáticamente a revisarlos, para finalmente haber tenido que ser el Supremo el que nos permita a nosotros revisarlos».
En esta línea, ha recordado que «en regiones como Valencia o Baleares las correspondientes Direcciones Generales de Transporte no tenían problema en remitir los expedientes, permitiendo al sector su revisión, y la paralización, acorde a la ley, de todas aquellas solicitudes irregulares o que no cumplían la norma».
La sentencia del TS aplica a «la formación de jurisprudencia para completar, reforzar, matizar o corregir la existente, a fin de delimitar la legitimación activa de entidades como asociaciones del taxi, en los procedimientos de concesión de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa».
Para finalizar, Sanz ha señalado que la FPTM seguirá velando por el cumplimiento estricto de la ley y que esta es una más de las muchas causas judiciales que tienen abiertas para seguir haciéndolo en pro de la defensa de los intereses del sector y de los ciudadanos.
Por último recordar que del mismo modo, otra asociación de taxistas, Taxi Project también sigue con una denuncia en trámite por la adjudicación de urgencia (sin concurso) y por un coste que los demandantes califican de «disparatado» de un servicio de transporte sanitario en la Comunidad de Madrid a Uber, empresa de transporte que a día de hoy está siendo investigada por evasión fiscal, según ha informado la organización de taxistas.
