El pasado martes 26 de octubre, el Consejo de Ministros tomó en consideración en primera lectura el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, una serie de medidas que han descrito desde el gobierno como «una norma pionera en la actual etapa democrática, que refuerza el ejercicio del derecho constitucional ofreciendo instrumentos efectivos a las Administraciones territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, respondiendo de un modo especial a aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso, con un particular enfoque en aquellos ámbitos en los que existe una mayor tensión en el mercado».
A esta afirmación el CCOO ya ha contestado indicando que la medida promovida desde el ejecutivo «es un paso insuficiente en la buena dirección» ya que según considera el sindicato, «no colma las expectativas generadas ni las necesidades de la población».
«Desde CCOO consideramos que el anteproyecto de Ley plantea algunos avances parciales pero no garantizarán el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible a la población si no introduce profundos cambios en su trámite parlamentario. CCOO valora los avances concretos que introduce el anteproyecto como son la imposibilidad de enajenar el parque público de vivienda social, la calificación indefinida de la vivienda protegida en suelo público o la reserva del 30% de suelo para vivienda protegida de la que al menos la mitad irá a alquiler social», aclaran.
Del mismo modo, CCOO denuncia que el anteproyecto no incorpora aspectos claves como la prohibición de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional y bastantes de los avances son insuficientes y tienen serios problemas de aplicación: definición de zona tensionada, voluntariedad de las comunidades autónomas en la declaración de zona tensionada, definición restrictiva de gran tenedor o bajo gravamen de la vivienda vacía y su limitado alcance.
«CCOO considera un error renunciar a la intervención directa a través del control de precios y la creación de un gran parque público de vivienda como instrumentos principales en materia de vivienda y seguir haciendo pivotar los recursos y actuaciones vía desgravaciones fiscales y subvenciones que no modifican las condiciones estructurales de acceso a la vivienda. Las desgravaciones y subvenciones anunciadas son similares a otras ya existentes, su carácter es regresivo (transfieren recursos públicos a quien más tiene) y su eficacia para generar vivienda asequible es baja» explican desde el sindicato.
En cuanto a las medidas que propone CCOO, se pueden resumir en establecer precios máximos en las zonas tensionadas, reservar los incentivos fiscales para aquellos propietarios que sitúen los alquileres por debajo de estos precios de referencia y permitir alquileres por encima de los precios de referencia, pero sin bonificación fiscal y con un gravamen superior, por ejemplo, en el IRPF que estos rendimientos tributen en la base general y no en la del ahorro como hasta ahora.
También desde el sindicato han considerado que los que los fondos públicos destinados a la política de vivienda (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, desgravaciones y bonificaciones fiscales) «deben condicionarse territorialmente al desarrollo y aplicación de las actuaciones incluidas en la Ley» (control de precios, movilización vivienda vacía, etc) y por último proponen destinar una parte de los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no asignados aún por el Gobierno a empresas públicas que en cada comunidad autónoma o ayuntamiento los utilicen para conformar un parque de vivienda pública en alquiler no descalificable.
«Estos créditos se devolverían con los alquileres abonados y no se consolidarían en la deuda pública al cubrir estas empresas más del 50 por ciento de sus gastos a través del mercado» finalizan .
