El sindicato independiente de funcionarios CSIF, junto con CCOO y UGT, han solicitado a la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, una reunión urgente para impedir el despido de 1635 trabajadoras y trabajadores del SEPE, lo que supondría el 19% de la plantilla global (casi el 28% si la referenciamos a los efectivos en la red de Oficinas de Prestaciones, quienes prestan atención presencial a los usuarios de este Servicio Público).
«La Resolución firmada por su Dirección General de Costes de Personal y por la Dirección General de Función Pública respecto a las personas funcionarias interinas del SEPE conlleva una pérdida de empleo en el Organismo de 1.000 puestos de forma prácticamente inmediata, sin olvidar los 635 adicionales que cesan el mismo 30 de junio, sin que podamos prever cuándo retornarán estos últimos» denuncian desde los sindicatos.
Una situación que afectaría tanto a la carga de trabajo, al disponer de menos efectivos (pese a que ha habido un incremento muy importante de las gestiones, que se han agravado por la pandemia), como a la atención al ciudadano «Con la decisión que se adopta en las Resoluciones antes mencionadas y en lo que se refiere a plantilla presente en esos dos mismos momentos, se pondría de manifiesto que para gestionar un volumen de solicitudes cuatro veces superior contaríamos, a día de hoy, con 900 efectivos menos de los que el SEPE mantenía en julio de 2019. En concreto, 7.065 frente a los 7.970 de hace dos años».
«El severo recorte de plantilla que conlleva la decisión de su Dirección General de Costes de Personal supone la necesidad inmediata de proceder al cierre de unidades de atención al público, al quedar las mismas completamente desprovistas de efectivos. Del orden de 158 unidades de atención van a quedar comprometidas, un 23% de la red» matizan.
Y del mismo modo, exponen las consecuencias de los despidos sobre la pérdida de la calidad del servicio al ciudadano «Las demoras sobre los tiempos de reconocimiento de derechos económicos de la población desempleada serán inevitables, además del impacto demoledor sobre la calidad del servicio de este Organismo si este decremento desmesurado de plantilla se consolida. Y no debemos olvidar que todo ello se produce en el Organismo de la Administración General del Estado que, con diferencia, más atención ciudadana gestiona, sea cual sea el periodo de tiempo que se estime analizar».
Por todo ello, los sindicatos advierten «Es evidente que, desde cualquier punto de vista, la Resolución firmada es un sinsentido que nadie en esta Administración nos podemos permitir y, caso de consolidarse la misma, la conflictividad laboral se manifestará de manera inmediata en el Organismo, y no será fácil de solucionar. En este sentido y aun estando muy lejos de la voluntad y la trayectoria que en el SEPE llevamos manteniendo las tres Centrales Sindicales que suscribimos este escrito, el cese de este grupo de trabajadores/as nos obliga a una respuesta contundente, radicalizará a una buena parte de la plantilla y hará muy difícil la búsqueda de consensos».
Y para finalizar, sentencian «No hay razón alguna que pueda justificar el cese de este grupo 1.635 funcionarios/as interinas/as en el SEPE. Y aquí reside el objetivo de esta comunicación, evitar que ello ocurra».
