En el día de ayer, martes 22 de junio, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de indultos a los nueve condenados a penas de prisión en el juicio del «procés».
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha explicado que en este caso se refiere a indultos parciales «Conmutamos las penas pendientes de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación» y que del mismo modo se trata de una decisión que se ha tomado, según indica Sánchez «porque es la mejor para Cataluña y para España»
Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que los indultos «son una medida de gracia contemplada en la Constitución que respeta de forma fiel y escrupulosa la separación de poderes» y que el Gobierno aplica porque la considera de utilidad pública para favorecer el diálogo, la convivencia y el reencuentro en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España: «No vamos a renunciar, como gobierno, a hacer aquello que pensamos que es lo mejor para nuestro país, su convivencia, la estabilidad y su progreso».
Montero ha afirmado que la medida no valida, ni cuestiona ni discute las resoluciones judiciales: «La justicia terminó su trabajo y ahora es el momento de la política».
El conflicto catalán, ha dicho Montero, necesita «que la palabra, el diálogo, la convivencia y la capacidad de reencuentro cobren un protagonismo que nunca se tuvo que perder» y, como ha hecho el presidente en una declaración institucional esta mañana tras el Consejo de Ministros, ha apelado al espíritu de concordia que guio la transición para poder avanzar en ese camino.
La portavoz ha reconocido que «coser las heridas y recuperar la confianza perdida» requerirá su tiempo, pero ha expresado su confianza en que este paso «con altura de miras, con el espíritu constitucional, sea el primero de una nueva etapa para todos».
Montero ha señalado que el Gobierno es muy consciente de que los indultos pueden generar incomprensión o rechazo de una parte de la población y ha mostrado su respeto a estas posiciones, ya que «la discrepancia, siempre que esté dentro del marco legal constitucional, es legítima». No obstante, les ha pedido confianza: «La palabra es la única manera que tienen las sociedades avanzadas, democráticas, para poder seguir caminando en un destino común».
