Taxi Project y Élite Taxi Barcelona responden denunciando a Uber, a Cabify y a Free Now ante Competencia

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Las asociaciones de taxistas Élite Barcelona y Taxi Project han presentado en el día de hoy una denuncia en las sedes tanto de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) como de la Agencia Catalana (ACCO), acusando a las empresas Uber, Cabify y Free Now (antes MyTaxi) de «prácticas colusorias, abuso de posición dominante, prácticas desleales y estrategia de precios predatorios». 

Recordemos que hace unas semanas, Uber anunció también que iba a presentar una denuncia ante la misma ACCO contra Taxi Project y Élite, al considerar que la estaban «boicoteando» al haber fracasado durante meses en su intento de penetrar dentro del sector del taxi en Barcelona.

En este caso, las asociaciones del taxi piden que se apliquen sanciones graves por estos hechos y que según explican, de materializarse, podrían llegar hasta los 10 millones de euros, «En el día de hoy, hemos formulado sendas denuncias en las sedes de las agencias de la competencia CNMC y ACCO por infracción de, entre otros, el art.2 de la ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, contra: Cabify España, S.L., Uber System Spain A.L., y Mytaxi Iberia S.L».

De igual manera, en su escrito, las asociaciones critican duramente el papel de la misma CNMC y de la ACCO para velar por que estas empresas no lleguen a tener de una posición dominante en el mercado «Las dudas y sospechas del sector del taxi frente a las agencias de la competencia en España son sobradamente fundadas a lo largo de los años, sospechas de no estar fomentando en ningún momento la legalidad y libre competencia, y sí fomentando la posición de operadores dominantes de mercado y por tanto monopolios. Lo que hoy denunciamos es un paso más que ha de abrir un debate donde quedan muchas cosas por decir y muchas explicaciones que dar en el ámbito público, mediático y político, porque buscamos soluciones en un clima de total falta de confianza en las agencias de la competencia, y en el que no podemos pasar por alto el hecho de que la CNMC está presidida por una ex abogado al servicio de Uber hasta no hace mucho tiempo». 

Del mismo modo explican que para ello, su denuncia se ajusta a las mismas leyes que regulan la competencia y de las de que son responsables tanto la CNMC como la ACCO «Nuestra denuncia se basa en que lo que las tres plataformas citadas están infringiendo; son las propias leyes de las agencias de la competencia, de quien como hemos explicado, ha sido su propio valedor durante los últimos años, y esto está sucediendo más acentuadamente que sobre nunca, todo en las últimas campañas relacionadas con la vacunación del Covid, así como también en los intentos de captación de taxistas por parte de Uber. No olvidemos que estas tres empresas están declarando pérdidas sistemáticamente en sus ejercicios y sin embargo regalan su  trabajo asumiendo más pérdidas, incurriendo en un abuso de posición dominante en el transporte de personas, bien a través de Taxi o VTC».

En cuanto a las motivaciones de su demanda, Élite y Taxi Project han sido claros «Buscan excluir del mercado a los potenciales competidores, con el fin de conseguir el monopolio en los sectores, y poder aumentar a medio plazo los precios del servicio, como es demostrable en otras ciudades del mundo. En nuestra denuncia, se argumenta sobradamente que hay indicios de la existencia de intención predatoria por parte de las tres empresas denunciadas, que utilizan la fortaleza de la posición de mercado del que organiza la venta a pérdida, su carácter sistemático y continuado, la falta de toda justificación competitiva objetiva y la aptitud para producir la expulsión del mercado de un competidor o grupo de competidores».

«Nuestra voluntad es llegar hasta el final de estos abusos de posición dominante que cada vez más sufre el sector del taxi, ya incluso desde dentro, por tres empresas que además vienen ejerciendo de lobby frente a las agencias de la competencia, para que esta «selva» o «ley del más fuerte» que denunciamos se  multiplique. Mientras tanto siguen declarando pérdidas y reclamando devoluciones fiscales que pagamos todos, ¿Cuál será el siguiente paso?», exponen.

Así mismo, a día de hoy la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional sigue con una investigación abierta contra Uber por no pagar entre otros, más de 5 millones de euros en concepto de IVA sólo en el 2018, a lo que habría que sumarse años anteriores y posteriores y a la vez, ser adjudicataria de contratos públicos para el traslado sanitario, pese a no pagar los impuestos España al radicar su sede fiscal en Holanda, gracias a un informe y a la denuncia presentada por Taxi Project hace prácticamente un año «Llevan desde el principio de la pandemia aprovechándose de la crisis que estamos viviendo millones de personas para hacer sus campañas de marketing»

«Mientras que desde el taxi se hicieron cientos de traslados de manera totalmente altruista, llegando incluso a rechazar las ayudas que ofreció la Comunidad de Madrid pagadas con dinero público para que fueran destinadas a la lucha contra el Coronavirus, por el contrario y a día de hoy, estas empresas siguen con sus chanchullos y con las sedes fiscales en otros países para no pagar esos impuestos con los que realmente se mantiene a la sanidad, a esos sanitarios y a esos servicios públicos, entre otros, que nos están salvando en estos momentos tan duros para todos.» explican desde Taxi Project.

Y para finalizar advierten sobre las consecuencias que pueden acarrear para los organismos reguladores su decisión sobre los hechos, ya que como hemos indicado y según indican los taxistas, la denuncia se ajusta a sus mismas resoluciones «Esta denuncia está basada en resoluciones de las agencias de  competencia que no dejan lugar a ninguna duda y deben sancionar con sanciones hasta 10 millones de euros tal y como marca el régimen sancionador por este tipo de infracciones tipificadas como graves». 

«Si la resolución de las agencias finalmente no se ajusta a derecho, nuestras dos asociaciones iniciarán acciones contra los responsables legales por una posible prevaricación administrativa en el dictado de estas», matizan.

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