FACUA-Consumidores en Acción lleva más de un año reclamando al ministro de Consumo, Alberto Garzón, una auditoría sobre las asociaciones de consumidores a fin de comprobar si las cifras de socios declaradas tanto para recibir subvenciones como para formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y otros órganos consultivos son reales.
La ley establece que las asociaciones de consumidores deben tener al menos 10.000 socios para formar parte del CCU, la misma cifra que hasta hace dos años era necesaria para recibir subvenciones del ministerio competente en materia de consumo. Desde 2020, el número mínimo de socios para poder acceder a ayudas del Ministerio de Consumo se redujo a la cifra de 5.000.
FACUA lamenta que el Ministerio de Consumo siga sin contestar a su reivindicación pese a que desde que se la trasladó por primera vez, en febrero de 2020, han estallado sucesivos escándalos con subvenciones en torno a la asociación de usuarios de banca Adicae. Este lunes ha trascendido que su presidente nacional, Manuel Pardos, está citado para declarar el 25 de marzo junto a otros cuatro investigados por la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, que desde 2019 tiene abierta una causa por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental.
«Tras Ausbanc y Ucauce, nos encontramos con un nuevo escándalo en una supuesta organización de defensa de los consumidores. Otro presunto fraude en subvenciones, imputaciones para sus dirigentes y, de por medio, la falta de respuesta de las administraciones a las peticiones que históricamente hacemos en FACUA», ha señalado el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.
«Queremos control», ha dicho Sánchez, que ha señalado que «las organizaciones de consumidores tenemos que ser continuamente auditadas porque recibimos dinero público y el dinero público es sagrado». «Llevamos ya más de un año exigiéndole al ministro Alberto Garzón que audite las subvenciones otorgadas a las asociaciones y que verifique su las cifras que aportábamos de número de socios eran las reales. Si se ha producido un fraude, hay que actuar en consecuencia, por la vía administrativa y evidentemente también por la vía penal en los tribunales de justicia. Pero sin control, el movimiento de consumidores está condenado a seguir teniendo manzanas podridas».
