La anomalía democrática

«No hay una democracia plena», «en España se dan ciertas anomalías democráticas». No son palabras que diga la persona que está escribiendo este artículo, sino que son palabras textuales del vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias. La verdad es que leyendo estas palabras, se nos pueden venir a la mente millones de ideas con las que poder confirmar dichas frases, que por duras que sean, no dejan de representar lo que tenemos en nuestra nación como tal: una gigantesca disfunción democrática.

Tenemos una anomalía o disfunción democrática cuando en este país se condena a ciertas personas por el simple hecho de ejercer su legítimo derecho de libertad de expresión mientras tenemos un rey emérito que disfruta y dilapida cada día 11.500€ en la capital de uno de los países que más atentan contra lo que podríamos llamar una «democracia plena». Exactamente, nos referimos a Emiratos Árabes Unidos.

No podemos considerar que la democracia funciona correctamente cuando dependiendo del lugar en el que residas los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado actúan de una u otra manera. A la vista de todos queda que si te manifiestas en un barrio obrero, o simplemente lo haces por causas legítimas que reclamamos las personas progresistas, la policía puede provocarte lesiones que fácilmente pueden costarte la vida. Ahora más que nunca es cuando me acuerdo de que la vida en sí, en todas y cada una de las facetas, es una lucha de clases constante. Estos hechos que han acontecido me hacen pensar que vivimos en una paradoja continua: aquellos que se muestran como “garantes de nuestra seguridad” son aquellos que nos apalean y nos humillan cuando pedimos equidad, justicia y libertad de expresión.

Solo con los hechos ya relatados podríamos estar todos de acuerdo en que hay cosas que cambiar en nuestro país. Pero debemos de seguir hablando de nuestra querida democracia del 78, esa democracia que permite que dependiendo quién seas, tengas el derecho a reírte de la comunidad educativa obteniendo de manera ilegítima títulos académicos que para una inmensa mayoría de familias trabajadoras han costado un esfuerzo extra para que nuestra gente joven se pueda formar en un mundo en el que precisamente las ofertas laborales dignas brillan por su ausencia. Está claro que si tienes una posición determinada en la escala social, puedes saltarte la meritocracia que atesora nuestro sistema educativo y obtener de forma fraudulenta un título que para otras personas requiere años de esfuerzo académico y económico. Aún así, y como garantía de que nuestra educación pública está muy bien valorada, hemos conocido la reciente noticia de que la hija del ciudadano Felipe de Borbón estudiará en una institución que nos costará 76.000€ al año al conjunto de nuestra ciudadanía. Pero eso sí, en el lado opuesto, tenemos a un gran porcentaje de alumnos estudiando en barracones (superando las ratios permitidas) o en condiciones que atentan contra la salud pública (véase el frío soportado en las aulas durante la tormenta Filomena que asoló a nuestro país). Todos estos hechos, permítanme decirlo, nos quita el derecho de hablar de «normalidad democrática».

Pero no debemos de quedarnos ahí. Y es que sabemos que cuando ocurren injusticias, tenemos ahí a nuestro querido Poder Judicial, que como no podía ser de otra forma, expande la idea de poseer una «excelente separación de poderes» para juzgar aquellos delitos más flagrantes y que más atentan contra la dignidad de las personas. Tenemos una anomalía democrática cuando los jueces y juezas que juzgan a ciertas personas (aforados, en la mayoría de los casos) han sido elegidos por partidos políticos que simple y llanamente, están podridos de corrupción. ¿Qué por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial? Pues lo voy a decir muy claro: son esos jueces puestos a dedo los que han de juzgar las tropelías realizadas por la gente que le ha aupado a la cima del Poder Judicial. Y es que ahora sí, la democracia brilla por su ausencia: dependiendo de quién seas o cómo sea tu relación con la cúpula de la justicia, tendrás un trato u otro. Todo muy democrático, como no.

Si seguimos reflexionando con esta expresión, son otros muchos temas los que me siguen llenando la cabeza. Hemos normalizado situaciones que vienen recogidas en la menguada Constitución del 78 como derechos inherentes a todo ciudadano español. Vemos normal que la media de los alquileres en España sea haya disparado (a más de 800€/mes, cifras del Ministerio de Fomento) mientras que el SMI está en los 950€, vemos con absoluta normalidad que nos den cita con un especialista médico y la espera sea de más de 6 meses, a la vez que vemos normal que el mercado laboral esté absolutamente precarizado debido a un expolio continuado de grandes lobbies.

Con absoluta normalidad democrática podemos ver que la factura de la luz se ha disparado justo cuando más falta hacía utilizarla (en plena ola de frío) a la vez que tenemos sentados a expresidentes del gobierno en los consejos de administración de aquellas empresas que fueron privatizadas para dar comienzo a una subida de precios sin precedentes. En una democracia, son los ciudadanos los que eligen a los representantes públicos para que ejerzan el poder en favor de las clases populares. En una falsa democracia, es legal que dichas personas vayan a forrarse a empresas privatizadas a costa de empobrecer aún más a un porcentaje de su mal llamada patria.

Mi artículo acaba aquí, pero la reflexión que hago quiero que se propague en el resto de mentes que lean actualmente este artículo: ¿podemos asegurar de verdad que vivimos en una democracia de pleno derecho? Los hechos hablan por sí solos, pero con eso no basta. Si queremos una democracia que sea digna de ser llamada así, habremos de conquistarla, y una clave para lograrlo es y seguirá siendo, la conciencia de clase.