La Federación Profesional del Taxi de Madrid, asociación mayoritaria del taxi en la Comunidad de Madrid, reclamará más de 2000 millones al gobierno del PP presidido por Isabel Díaz Ayuso en concepto de los daños directos que consideran que se van a producir en el sector a causa de la nueva autorización de transportes VTC, anunciada en el día de ayer por el consejero de transportes, Ángel Garrido, de Ciudadanos.
Los taxistas responden así a la nueva normativa de transportes VTC que en palabras de el presidente de la Federación, Julio Sanz, “el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido otorgar a las empresas de VTC una indemnización que se traduce en una moratoria de cuatro años de tiempo de trabajo, hasta 2022, en los que pueden seguir realizando transporte urbano e interurbano; y el taxi, amparado en la doctrina del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, actuará en consecuencia”.
Y es que, tal y como indica Sanz, “el Estado ya ha indemnizado a las VTC con una compensación de entre 4 y 6 años de moratoria por lo que, si la Comunidad de Madrid (CAM) crea una nueva autorización que entra en competencia directa con el servicio de las licencias de taxi, debe indemnizar al sector por los daños causados en el pasado, el presente y el futuro”.
En este sentido, el sector mira “con tristeza” la decisión de la CAM que “ha cedido una vez más a las pretensiones de los grandes operadores, no legislando hasta el último minuto e ignorando las múltiples peticiones de un sector del que dependen más de 20.000 familias de forma directa y que se siente abandonado de nuevo por el gobierno regional”, indica Sanz. “Las consecuencias de esta decisión no solo las sufriremos en el sector, sino que también llegarán a los usuarios que exigen un transporte seguro y que con una normativa así, ven cada vez más lejos está pretensión en un servicio, el de las VTC, que acumula miles de sanciones por incumplimientos”, ha lamentado Sanz.
Por último, desde la FPTM recuerdan que a la CAM le resultará complicado encajar la nueva autorización VTC con las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que dictan la prohibición a estos vehículos de deambular por las calles sin un contrato previo.
Está última acción se suma a otras actuaciones que ya están en marcha, como desde la asociación Taxi Project que hace unas semanas anunciaba que ha empezado a trabajar en una serie de reclamaciones por daños patrimoniales contra las administraciones no sólo de la Comunidad de Madrid sino de todo el estado español, por su gestión con respecto al servicio del taxis durante la pandemia .
