El Tribunal Superior de Galicia ha desestimado la totalidad de recursos presentados contra el Decreto 103/2018 (el denominado Decreto Ábalos) presentados tanto por una de las mayores empresas tenedoras de autorizaciones VTC, Ares Capital, como por la patronal de las VTC, Unauto (que hasta hace poco representaban los intereses de Uber y Cabify) junto con otras cuatro empresas gallegas del sector .
En este caso, el Alto Tribunal gallego ratifica la normativa estatal y su aplicación ajustada a la Ley de Transportes autonómica 4/2013, dándole la razón a la administración y a los taxistas gallegos “nos hallamos ante una actividad sometida a intervención administrativa en atención a su trascendencia para los intereses generales y de los usuarios del servicio”.
Un Decreto que ha sido una de las grandes luchas de los taxistas en todo el estado español y que desarrolla cuestiones de vital importancia como por ejemplo, la pre-contratación del servicio de vtc con un tiempo de antelación mínima o la obligación para estos vehículos de portar distintivos que faciliten tanto su reconocimiento en la vía pública como las inspecciones, entre otras.
Unas medidas, que a día de hoy también están contempladas en las normas de ciudades como Barcelona, y que vienen a apuntalar aún más las reivindicaciones de los taxistas, las cuales por contra, e incluso con sentencias como estas de por medio, han sido negadas en reiteradas veces por gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, pese a las peticiones e incluso a una huelga de 16 días en el 2019 de los taxistas de la capital.
Del mismo modo, la desestimación de estos recursos hacen que se siga manteniendo la prohibición de que las entidades jurídicas (grandes empresas como Uber, Cabify o las diferentes flotas) puedan ser propietarios de licencias de taxi, algo que habían recurrido las empresas gallegas de VTC en este auto y que a día de hoy, por ejemplo en Madrid, también está denunciado, por medio de un recurso contra la modificación del Reglamento de Ángel Garrido, Consejero de Transportes de la CAM por asociaciones como Taxi Project o la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Además, y que de igual manera, parece que el Ayuntamiento, presidido por el PP de Martínez Almeida, pretende incluir esta figura también mediante una nueva Ordenanza del Taxi. De ahí la importancia de sentencias como esta.
