Después de meses de trabajo intenso, las asociaciones Élite Taxi Barcelona y Taxi Project anuncian que han procedido a tomar acciones jurídicas de gran relevancia tanto en Catalunya como en la Comunidad de Madrid.
En cuanto a Catalunya, Élite Taxi se ha personado en calidad de perjudicada en el día de hoy lunes, en el procedimiento en el cual se investiga a David Madí, empresario de gran influencia política (mano derecha de Artur Mas en la época de Convergencia y actualmente de Carles Puidgemont) con intereses en el sector vtc y que supuestamente presionó a la administración para favorecer a Uber en Catalunya por medio de una legislación favorable a sus intereses.
Según reza en la nota de prensa de la asociación de taxistas «El juez sostiene que se desprende un importante tráfico de influencias por parte del investigado David Madí, con altos cargos del Departament de Territori, como el conseller Damià Calvet, el secretario de Infraestructuras Isidre Gavín, el Subdirector de Ordenación del Transporte, Josep María Fortuny, y el nuevo Director General de Transports, David Saldoni, además de representantes de la empresa Uber»
«Es voluntad de Élite Barcelona llegar hasta las últimas consecuencias en este turbio asunto.»
Por otra parte, en cuanto las acciones que se van a proceder a ejecutar en Madrid, el coordinador de la asociación Taxi Project y portavoz de Élite Taxi en Barcelona, Tito Álvarez ha confirmado en los propios juzgados y en presencia de los letrados de Vosseler que «Desde la asociación Taxi Project, se ha puesto a trabajar a un equipo de profesionales expertos en competencia, para que esclarezcan y argumenten la serie de actuaciones con infinidad de evidencias públicas encadenadas por parte del Partido Popular y de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, a través de la CAM y Ayuntamiento de Madrid, en lo que podría suponer una trama política para desplazar al sector del Taxi en detrimento de intereses privados en el sector VTC y para favorecer a corporaciones con sede fiscal fuera de España y a las que la propia asociación Taxi Project acusa en la fiscalía de delito contra la Hacienda Pública.
Reglamentos que pretenden liberalizar al sector del taxi, connivencia con las asociaciones del sector VTC para adaptarse a sus necesidades mercantiles en detrimento del servicio público de Taxi, engaño repetido a la opinión pública, campañas publicitarias en favor de empresas que tributan fuera de España, licitaciones de servicios con dinero público en la sanidad, a empresas con sede fiscal fuera de España como Uber y que están denunciadas en la fiscalía por fraude fiscal.
Es voluntad de Taxi Project llegar hasta el final de este acoso y derribo contra el sector del taxi en la comunidad de Madrid, donde sólo hemos iniciado un proceso de investigación que queremos se prolongue, con las actuaciones jurídicas que fuesen necesarias».
Recordamos que Taxi Project ya ha conseguido mediante una denuncia basada en el trabajo de sus expertos que la Fiscalía de Delitos Económicos haya dado apertura a una investigación contra Uber por estafa documental y evasión de impuestos que a día de hoy sigue en curso y que el pasado mes de julio fue ampliada por una sospechosa adjudicación de contratos públicos por parte de la Comunidad de Madrid.
