El Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que pretende impulsar una nueva regulación para taxis y VTC en la Comunidad de Madrid.
Estas medidas surgen fruto de varias reuniones con los sindicatos que representan los intereses de Uber y Cabify en Madrid, tanto antes de la pandemia, en febrero, como de manera posterior en otra reunión en julio la cual curiosamente y a diferencia de la primera, fue bastante publicitada.
Según la intervención del Consejero en el Pleno del 8 de octubre «Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central, hemos tomado la decisión de llevar a cabo la regulación necesaria del sector de VTC, a través de una modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid», ha explicado Garrido.
En sus declaraciones, Garrido sorprendentemente, responsabiliza de todos los problemas al Gobierno Central por el llamado «Decreto Ábalos» el cual, habilita a la misma Comunidad de Madrid para regular la actividad de las VTC y que se tramitó gracias a las movilizaciones del sector del taxi en el verano del 2018 «El Real Decreto de 2018, con el que el ministro Ábalos quiso garantizar el equilibrio entre taxis y VTC, lejos de solucionar los problemas de competencia, lo que puso de manifiesto es que las medidas que recogía eran insuficientes e inadecuadas”.
Desde la asociación Élite Taxi Madrid, asociación representativa del sector, ya han dado respuesta a las declaraciones del Consejero Garrido rechazando las medidas presentadas por su administración alegando que «No estamos de acuerdo con la interpretación de manera interesada y sesgada que hace el Consejero de Transportes sobre la falta de eficiencia del RD 13/2018 del Ministro Ábalos».
Del mismo modo, la asociación matiza en su comunicado «El señor Garrido desde la publicación de RD 13/2018 HA PODIDO REGULAR PERFECTAMENTE LA ACTIVIDAD DE LAS VTCS en la Comunidad de Madrid si hubiera tenido voluntad política».
También Élite Taxi recuerda que el señor Garrido ha permitido que durante más de dos años los controles a la actividad de las VTC «hayan sido testimoniales», o que se continúe sin aumentar el número de inspectores de transportes «para poder absorber la carga de trabajo que generan casi 10.000 VTC’s operando en el interior de su Comunidad».
Para terminar su comunicado la asociación ha indicado que «se opondrá frontalmente a cualquier modificación de la normativa que que pretenda llevar a cabo la Comunidad de Madrid que vaya en perjuicio del Sector Público del Taxi, y por lo tanto en contra del interés de la ciudadanía».
Todo esto se suma a la indignación de gran parte del sector del taxi en Madrid por la contratación de Uber por medio de la misma Comunidad de Madrid, como empresa encargada del traslado de sanitarios después de miles de viajes gratuitos por parte del taxi durante el estado de alarma, incluso llegando a rechazar 130.000 euros en ayudas pagadas con dinero público que pretendían sufragar gran parte de estos desplazamientos.
Recordamos que de igual manera, las asociaciones Taxi Project y Federación Profesional del Taxi, la mayoritaria en Madrid, están en litigio con esta misma Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid mediante la impugnación de una modificación al Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid que pretende entre otros preceptos, introducir la figura de la entidad jurídica para la titularidad de las licencias, es decir, legalizar la entrada de grandes empresas (como Uber o Cabify) y fondos de inversión como propietarios de licencias de taxi, un sector formado en su mayoría por autónomos y a día de hoy de los más golpeados por la pandemia.
Esta modificación se planteó en respuesta a la huelga de dieciséis días de enero del año pasado en el que el sector solicitaba a Garrido, en ese momento presidente de la Comunidad de Madrid por el PP y en sustitución de Cristina Cifuentes, que tomara medidas para regularizar la actividad de los vehículos VTC.
Como último apunte, una de las dos patronales de VTC que ha celebrado estas medidas, Aseval, pertenece en su conjunto a la CEOE, la cual a su vez está vice presidida por Lorenzo Amor, presidente de ATA, una de las asociaciones de autónomos que ha respaldado la propuesta del Ministro Escrivá en cuanto a las ayudas que dejan fuera a autónomos como a los taxistas, las cuales por contra, han sido durante criticadas y denunciadas por UATAE asociación también representativa entre el sector.
