Fuente: Gobierno de España.
El estudio ha sido promovido y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y realizado por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS. El trabajo se enmarca dentro de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 para mejorar la actuación de las administraciones públicas contra la violencia hacia los y las menores -medidas 103, 238 y 255- que persiguen, a su vez, la correcta aplicación del Convenio de Estambul y otras normativas europeas en materia de delitos sexuales contra menores.
El documento incluye una exposición del marco legal vigente en el ámbito tanto estatal como internacional, seguido de un análisis cuantitativo y cualitativo de un total de 455 resoluciones judiciales relativas a delitos contra la indemnidad sexual de menores dictadas entre los años 2010 y 2019 en Audiencias Provinciales de todo el territorio estatal. A su vez, recoge varias propuestas para combatir algunas tendencias observadas en las resoluciones derivadas de la falta de perspectiva de género y tiene por objetivo analizar el impacto real en las sentencias judiciales de las últimas reformas penales relacionadas con la lucha contra la violencia y explotación sexual de menores y la pornografía infantil.
Según la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, el estudio «confirma las carencias de la respuesta exclusivamente judicial a la violencia sexual contra la infancia». Para Rosell, «el panorama es más sombrío aún si tenemos en cuenta, en primer lugar, la violencia sexual que no se denuncia». La Macroencuesta de 2019 -realizada a mayores de 16 años- revelaba que sólo el 11,1% de la violencia sexual fuera de la pareja se denuncia ante policía o juzgados, y el motivo mayoritario es que era menor o era una niña en el 35,4% de los casos.
