La crisis del coronavirus ha azotado al continente Europeo. Una respuesta poco coordinada debido a la inexistencia de una unión política. Un proyecto basado más en capitales monetarios que en la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos se tambalea.
La crisis económica anterior dejo al descubierto las grandes cicatrices del proyecto. Una Europa rica que imponía, en convivencia de los gobiernos existentes, unas medidas austericidas. Esto supuso un empobrecimiento de las clases sociales trabajadora que vieron como se reportaban o se extinguian partidas sociales.
Las consecuencias de todas estas medidas han provocado un clima de rechazo en la población que ha sabido utilizar la ultraderecha en el continente europeo. La UE sabia que habiendo pasado recientemente la crisis anterior, sufridas sus consecuencias y ante una pandemia sanitaria no podía volverse a repetir la misma formula.
Además, tenemos que saber cómo funciona el comercio interior europeo, si los países compradores se arruinan, los productores van detrás. Todo esto incita a emprender una política económica al estilo keynesiano. Fundamentalmente, esto se traduce como una gran inyección de dinero público para la reconstrucción de los estados.
Los fondos europeos llevan varios meses debatiéndose y el acuerdo que en un principio iban a ser transferencia directas, pasaron a ser mixtas con préstamos, tras las presiones y vetos de los llamados países «frugrales» encabezados por Holanda.
El reparto de dichos fondos finalmente queda acordado. Se distribuirán en atención a las necesidades sanitarias y el impacto económico causado. Deberán ser ejecutados conforme a los proyectos presentados que tienen que ir encaminados al reforzamiento de la sanidad, economía verde y la transformación digital.
Los Estados que vayan a recibir dichos fondos deben cumplir con los cánones de democráticos, de derechos y libertades. No debería existir ningún problema con este requisito, ya que se supone que todo socio Europeo debe responder a dichos requisitos para acceder al club.
Los gobiernos ultraderechistas de Polonia y Hungría han vetado este reparto, a causa de dicho requisito anterior. Y es que la UE ha dejado pasar durante mucho tiempo comportamientos y represiones que contradicen en muchas ocasiones los Derechos Humanos. Medidas como la prohibición progresiva del aborto, persecución de personas LGTBI, mujeres y manifestantes en pro derechos humanos y civiles nos refleja la realidad reaccionaria que viven sus ciudadanos/as.
Ante estos hechos, los gobiernos polaco y húngaro han ejercido su derecho a veto, obstaculizando y dejando congelados los fondos para la reconstrucción. Unos fondos por los que países como España lo han fiado todo. Su caída significaría el empobrecimiento, todavía más de las clases trabajadoras y medias, traduciéndose en despidos, paro, recesión…
(El Presidente de Hungria, Víktor Orbán aún sigue perteneciendo al Partido Popular Europeo).
Informes anuales de Polonia y Hungría realizados por Amnistía Internacional: 👇
https://www.amnesty.org/es/countries/europe-and-central-asia/hungary/report-hungary/
https://www.amnesty.org/es/countries/europe-and-central-asia/poland/report-poland/
