No queda muy lejano el tiempo en que personajes que son ahora principales actores políticos saltaban a la palestra mediática a raíz de los movimientos vecinales contra los desalojos de familias, pero estos se siguen produciendo a pesar de que aún resuena el eco de las alcaldías que se proclamaron «libres de desahucios». La realidad ha constatado que para ello es necesaria una estructura organizativa popular que supere la simple voluntad de los partidos políticos.
En este sentido se continúan produciendo intentos desde los partidos políticos para paliar al menos estos desalojos. Así, Unidas Podemos se ha sumado a una iniciativa de Bildu y ERC para corregir sus propios presupuestos, que recientemente presentó como parte del Gobierno junto al PSOE. En esta iniciativa, registrada como enmienda a dichos Presupuestos Generales, se propone frenar todo desahucio sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2022, así como todo corte de suministro básico, como electricidad, gas natural, o agua.
El sentido de esta corrección es asegurar que no se produce ningún tipo de lanzamiento durante el estado de alarma, prolongada la medida durante dos años, a la espera de la entrada en vigor de la nueva Ley de vivienda.
El estado de la norma en la actualidad es que no se puede echar de su vivienda a quienes paguen un alquiler y se encuentren desempleados debido a la crisis, a quienes haya sufrido un ERTE, a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos. Lo que ocurre es que es requisito para ello demostrar que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere ciertos umbrales o que la situación de vulnerabilidad surge de los efectos de la pandemia. Al acabarse la protección del estado de alarma inicial se han disparado los desahucios por impago de alquiler.
Se produce de este modo un aumento de la presión de los partidos que han presentado la iniciativa con respecto al PSOE, quien tiene pendiente además sobre la mesa el pacto de control del alquiler y agilización del ingreso mínimo que desbloqueó el plan presupuestario y que debe ser firmado en Consejo de Ministros en un plazo de tres meses.
En España se han ejecutado más de un millón de desahucios desde 2008, lo que supone una media diaria de uno cada doce minutos, más de la mitad de ellos por impago de alquiler, según datos ofrecidos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Sectores del PSOE ya han manifestado su oposición a detener los desalojos de viviendas, posición que les alinea en la tesitura de la derecha más reaccionaria. Sin ir más lejos, Alfonso Guerra manifestaba estos días que los pactos con Bildu o ERC le producían un nudo en la garganta. Las declaraciones del conocido ex presidente resultan chocantes cuando es popularmente conocida la capacidad de dilatar sus principios y deglutir las más voluminosas medidas antisociales que ha demostrado en su trayectoria.
