El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales la Carta Social Europea (revisada) para autorizar el consentimiento de España para obligarse por sus disposiciones. Y a raíz de ese acuerdo, de nuevo, estamos presenciando un inmenso ejercicio de demagogia política en lo referente a las relaciones laborales y su regulación.
La Ministra de Trabajo daba el pistoletazo de salida a la esta nueva campaña en una tribuna publicada en elDiario.es, con el título de Una Carta a la esperanza, un día antes del acuerdo del Consejo de Ministros, que fue seguido de una fabulosa campaña en redes sociales que está motivando la crítica de un notable número de juristas especializados en Derecho Laboral.
Antes de abordar algunos aspectos de esa nueva campaña de manipulación, recordemos que la Carta Social Europea -firmada en Turín el 18 de octubre de 1961-, fue ratificada por España en 1980, por lo que lo que ahora se pretende ratificar es su revisión de 1996. Un acuerdo que el Consejo de Ministros había adoptado ya en febrero de 2019 y que el PSOE propuso incluir en el programa que dio lugar al actual Gobierno de coalición.
Sin embargo, conviene no perder de vista que en el actual procedimiento de ratificación, tramitado con carácter de urgencia, el Gobierno no propone ratificar la Carta Social Europea en su conjunto, excluyendo expresamente suscribir el Protocolo adicional (nº 3) de 1995 de reclamaciones colectivas, que entre otras cosas permitiría a los sindicatos presentar reclamaciones ante el Comité Europea de Derechos Social frente a los posibles incumplimientos de la Carta.
Por tanto, la Carta de la esperanza de la Ministra, más allá de sembrar ilusiones, parte ya de una importante limitación. Pero, como se sabe, en los tiempos que corren lo importante es la batalla por el relato. Por eso, tras el acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno se ha lanzado a la batalla y, tanto en los tweets oficiales como en el artículo de Yolanda Díaz se pueden leer cosas como esta: “Se trata con ello de obligarnos a cumplir con derechos imprescindibles para nuestro bienestar y fundamentales para las personas trabajadoras de nuestro país: tutela en caso de despido; protección frente a la insolvencia del empleador; derecho a la dignidad en el trabajo; a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares; a la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa o a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo”.
La Ministra es abogada y, por tanto, sabe perfectamente que todos esos derechos están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico laboral, tal y como muchos juristas le han recordado a través de las redes sociales. Por tanto, hasta aquí, no hay nada nuevo bajo el sol. El problema es que esos derechos han retrocedido con fuerza en las últimas décadas y lo han hecho, precisamente, siguiendo las directrices de la misma Unión Europea que la Ministra alaba y que se concretaron en las reformas laborales (en plural) que prometieron derogar.
El mundo color de rosa que nos pretenden pintar no existe en los centros de trabajo, no existe en las colas del paro, no existe en los barrios populares en los que se hacinan millones y millones de familias trabajadoras. Mientras el Gobierno sigue trabajando en una dimensión paralela, la riqueza del país se está concentrando en un pequeño número de oligarcas que acumulan más riqueza que decenas de millones de trabajadores. Mientras trabajan su idílico relato, crece imparable un ejército de trabajadores pobres a los que el salario no les llega siquiera para atender las más básicas necesidades; crece imparable el número de familias subsidiadas, de quienes se ven obligados a rogar un Ingreso Mínimo Vital de miseria y a formar en las colas del hambre.
La ratificación de la Carta Social Europea (revisada), más aún si es limitadamente, no solucionará ninguno de nuestros problemas, por mucho que la Ministra de Trabajo siembre falsas esperanzas. De hecho, los trabajadores griegos o italianos no están menos explotados que los españoles porque sus países la hayan ratificado. Si así fuera, tampoco la habría firmado en octubre de 2000 el Gobierno Aznar.
Ni existe ni puede existir una Unión Europea social. Ni existe ni puede existir un capitalismo con rostro humano, por mucho que la Ministra de Trabajo oposite a convertirse en ese rostro y por mucho que una vez tras otra traten de sembrar falsas ilusiones.
