Hay palabras bellas y otras que se embellecen, a fuerza de repetir sus supuestas bondades, y terminan convirtiéndose en bastiones del pensamiento dominante. Eso sucede con términos como “pacto”, “acuerdo”, “diálogo” y, no digamos ya, con la “paz”, especialmente si se le sitúa como complemento el calificativo de “social”.
¿Quién se atreve a posicionarse en contra del diálogo, el acuerdo, el pacto y la paz social? Obviamente, en una sociedad basada en intereses de clase contradictorios y antagónicos, la pregunta encierra una trampa mortal para quienes, pacto tras pacto y acuerdo tras acuerdo, ven empeorar sus condiciones de vida y trabajo. La pregunta, en todo momento y lugar, debería ser: ¿A quién beneficia?
La política del actual Gobierno se basa esencialmente en el apaciguamiento de los choques entre los dos grandes bloques sociales enfrentados: trabajadores y capitalistas. Gestionan el Estado, al que presentan como un mediador aparentemente situado por encima de los intereses de las dos grandes clases sociales en conflicto. Y lo hacen apelando a “los de abajo”, a su responsabilidad, con la bella y engañosa promesa de que, esta vez, “nadie va a quedar atrás”.
En realidad, los datos no avalan las promesas gubernamentales. No me cansaré de insistir en que hay que diferenciar entre las declaraciones políticas, las medidas que figuran en el Boletín Oficial de Estado y su posterior aplicación práctica. Porque relato oficial cada vez se distancia más de la realidad. Veamos algunos datos de lo sucedido durante la pandemia.
Durante el año 2020, al mismo tiempo en que se despedía a cientos de miles de trabajadores (aunque nos decían que el despido estaba prohibido) y se paralizaba o ralentizaba la producción, crecían las horas extraordinarias. Es más, se realizaban horas extra equivalentes a unos 180.000 contratos a jornada completa, creciendo un 6,3% respecto al año 2019, sin que el alabado registro horario implantado por el Real Decreto-Ley 8/2019 lograse impedirlo. Es más, las horas extraordinarias no pagadas registraron un aumento anual del 12,3%.
Evidentemente, no hay que ser un lince para apreciar en estos datos un claro exponente del incremento de la explotación. Otro tanto sucedía con la evolución de los costes laborales, que retrocedieron en términos totales un 2,1% por trabajador, con un descenso del 2,6% del salario anual bruto.
Mientras esto sucedía, la clase obrera se dejaba literalmente la vida en el trabajo. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el año 2020 terminó con un incremento del 1,9% de los accidentes laborales mortales: 780 compañeros y compañeras perdieron la vida y se registraron un total de 428.474 accidentes laborales, a los que habría que sumar los 30.398 accidentes que registraron los trabajadores autónomos (una ínfima parte de los sucedidos en realidad y que afectan en gran medida a falsos autónomos).
Quienes permanecen vinculados a la producción ven cómo se incrementa la explotación, bajo la amenaza de ser excluidos en un país que cerró 2020 con 610.000 hogares sin ingresos laborales de ningún tipo, constituyendo un inmenso “ejército de reserva” para los capitalistas, siempre dispuestos a presionar a la baja los salarios.
A lo anterior, se suma una inflación galopante que ha pulverizado la subida salarial pactada por los “agentes sociales” para 2021, con un 19% de trabajadores y trabajadoras cuyos convenios recogían para este año una congelación salarial y un salario mínimo interprofesional que a día de hoy sigue igualmente congelado. Compárese la subida salarial media pactada, que se sitúo el pasado mes de abril en un 1,55%, con la variación acumulada de algunos precios desde febrero de 2020 hasta mayo de 2021: electricidad (22,5%), butano y propano para el hogar (6,8%), gasolinas (4,1%), aceites de girasol y otros aceites comestibles (31,8%), refrescos (9,5%), frutas frescas (9,1%), aceite de oliva (5,9%), carne de ovino/caprino (4,3%), zumos de frutas (4,2%), despojos de carne (3,8%), carne de ave (3,7%), legumbres y hortalizas frescas (7,5%).
¿A quién beneficia todo esto? Sin duda, no beneficia a los trabajadores y trabajadoras y a sus familias. El pacto social beneficia al capital, que consigue incrementar la tasa de explotación y, además, lo hace con una mínima respuesta social. El conjunto de propuestas con la que los partidos gubernamentales afrontan la situación recuerda los vacuos esfuerzos de quien trata de vaciar el mar con un caldero. En realidad, sólo tiene una virtud: atrapar a sectores de la clase obrera y del movimiento sindical en un laberinto, mientras la patronal se frota las manos y muestra una creciente arrogancia, por no decir chulería, como demuestra su portazo a toda subida del SMI. Esa es su respuesta a los ruegos de empatía de quienes les mendigan.
De prometer la derogación de la reforma laboral de 2012, e incluso la de 2010 (en el caso de algunos sectores de Unidas Podemos), se ha pasado a iniciar las negociaciones sobre una nueva reforma laboral. La lógica de esa nueva reforma, ya acordada en el marco de la Unión Europea, responde a la necesidad de seguir destruyendo derechos colectivos, de flexibilizar la disponibilidad de la fuerza de trabajo en las mejores condiciones para su explotación capitalista. Pero el foco, dirigido siempre a cegar a los trabajadores y trabajadoras, se pondrá tan sólo en algunos aspectos, en aquellos puntos que les permitan convencer a los trabajadores y trabajadoras de que se avanza… Lo que ocultan, como se verá andando el tiempo, es que se avanza hacia el precipicio.
De nuevo, negras tormentas agitan los aires. El fetichismo del “diálogo y la paz social” son las nubes oscuras con que nos impiden ver. Nunca se han defendido nuestros derechos sin librar una lucha tenaz. La lucha de clases existe y la van ganando por goleada. Mantener la paz social es negociar los términos de una nueva rendición. Sólo hay un camino: ¡A las barricadas!
