La supuesta falta de médicos es parte del deterioro intencionado de la Sanidad Pública

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Las declaraciones de Ayuso durante la mediática reunión en Sol con el presidente Sánchez bajo colorido fondo de banderas, en las que aseguraba que «no hay médicos en España», para justificar las dificultades de contratación que tiene su ejecutivo, han soliviantado a los profesionales de la Sanidad Pública.

Tras las excusas fundamentadas en la supuesta carencia de profesionales, o las que ponen como pretexto la imposibilidad de prever las dimensiones de un gran volumen de necesidades asistenciales surgidas de manera repentina por la pandemia, se esconden maniobras que acarrean años de intrigas cuya finalidad no es otra que la de socavar el sistema público sanitario en favor de los suculentos intereses que suponen el trasvase de la asistencia sanitaria a intereses privados.

Como en cualquier asunto que trate un aspecto social, las causas hay que buscarlas en las condiciones materiales, en sus matices económicos y políticos, no en las gestiones particulares de los gestores de turno. Tampoco el asunto se trata de una cuestión puntual motivada por el virus. El problema es estructural, no coyuntural, y viene siendo denunciado desde hace años por sindicatos y asociaciones de clase del sector. La pandemia sólo ha puesto en evidencia las carencias endémicas de un sistema que antepone los intereses particulares a los comunes.

Los profesionales desmontan las excusas de Ayuso: Horas después de las desafortunadas declaraciones de la Presidenta de Madrid, la Asociación de Médicos de esta comunidad le respondía rechazando que no hubiera oferta formativa y argumentado que «lo que no hay es planificación«. Según datos del Servicio Público de Empleo, más de 2.000 médicos en España están en paro, apuntados como demandantes de empleo. De ellos el 12% son de la provincia de Madrid, la que más acumula a cierre de agosto, según la estadística del SEPE.

Aparte son 3.000 enfermeros en paro los que tiene la provincia y más de 17 mil sanitarios en paro registrados como demandantes de empleo en la región, incluyendo también a auxiliares y a trabajadores de servicios sociales que ya han trabajado con anterioridad. Dentro de las actividades sanitarias, el número de parados ha aumentado un 12% en un año, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante el segundo trimestre del año, en España había 94.700 sanitarios en paro mientras que en el mismo trimestre del año anterior eran 84.600.

Sin embargo el nacimiento de nuevas facultades también ha aumentado el número de plazas ofertadas para cursar Medicina. El número de plazas en 2001 era de unas 4.000, mientras que para este curso están alrededor de las 7.000, según puede consultarse en este interesante informe de El Independiente. De ahí la respuesta de la Asociación de Médicos de Madrid, que señala el “embudo” entre el número de licenciados y las plazas MIR, y que evidencia que lo que falta no son médicos, sino “planificación”.

La inseguridad laboral de los profesionales, de héroes a villanos: jóvenes médicos de familia que acaban de terminar sus estudios se enfrentan a la tesitura de tener que aceptar contratos de sustitución por vacaciones, suplencias de duración semanal o mensual, lo que conlleva cambios de centro de salud y el encadenamiento de contratos temporales. Los más afortunados encuentran una baja maternal, que les permite pasar seis o nueve meses en el mismo centro de salud.

Durante los meses de pandemia los profesionales han estado trabajando con menos de la mitad de personal disponible entre bajas y vacaciones. Algunas consultas acaparaban 60 y 80 pacientes, e incluso 100 pacientes al día, si se suman llamadas, asistencia presencial, urgencias y visitas a domicilios.

La intensa burocracia que supone la atención telefónica provoca además que los médicos hayan dejado de hacer otras actividades propias, la atención a los crónicos, a los domicilios, a los paliativos, funciones intrínsecas de la medicina de familia y comunitaria. Las jornadas se eternizan y acaban generando mucha ansiedad ir a trabajar, crisis de ansiedad ante la incertidumbre de no saber si lo han hecho bien o mal, o si algún paciente se ha quedado sin llamar en agendas de 80 llamadas diarias. Estas y otras particularidades del trabajo diario de los profesionales médicos pueden leerse en una entrevista realizada a la doctora Cristina Sanz, médica de atención primaria, en elDiario.es.

Por tanto es incuestionable que se trata de un problema estructural, no sobrevenido, consecuencia de años de recortes y escasa inversión, cuya solución no está en rectificar solo con buenos contratos. ¿Cuáles son las consecuencias?

La mayoría de los que aprueban el MIR obtienen empleo en la sanidad pública, pero lo hacen en condiciones precarias e inestables que les lleva a acumular hasta 6 años de contratos no estables de días, semanas o meses. Un 16% opta por contratos del sector privado y un 14% se establece como autónomo, en ambos casos compaginando contratos públicos. Otros tantos optan por irse de España. En 2019 unos 2500 médicos solicitaron el Certificado de Idoneidad para trabajar en el extranjero, según explica Eduardo Bayona en otro interesante artículo de Público.

Según CCOO, la sanidad pública española tiene un déficit de 62.055 empleados. Casi la mitad de esas necesidades se concentran en los apartados de los médicos (14.028) y las enfermeras (15.436). Las comunidades autónomas con mayores desajustes están lideradas por Madrid, seguida por Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La prueba de los datos macroeconómicos y el aviso de los expertos: la OMS publicaba en 2018 un informe llamado European Health Report 2018. More than numbers – evidence for all (puede consultarse en esta entrada de Diariofarma) en el que se calificaba como preocupante la relación entre gasto público y privado en Europa.

Este informe analizaba entre otros aspectos la vacunación infantil y el gasto sanitario en relación con el PIB y llegaba a la conclusión de que la media de gasto se había reducido considerablemente en 2010 y 2014. La OMS advertía: «los países deben asegurar suficientes recursos para garantizar una cobertura sanitaria universal, lo que implica la prestación de servicios esenciales a todo el que la necesita, a la vez que se reduce la aportación particular«.

Obviamente existe una relación inversamente proporcional entre lo que dedican los Estados a Sanidad y lo que tienen que dedicar los ciudadanos, de su propio bolsillo, para cubrir los gastos de cobertura que se producen en los países donde los gobiernos invierten menos. Así los ciudadanos de la Región Europea pasaron de cubrir de sus bolsillos el 25,5% de los gastos necesarios para proteger su salud en 2010, al 26,6% en 2014. La OMS avisaba que «cuando los ciudadanos tienen que asumir más del 15% del gasto que genera el cuidado de su salud se producen situaciones catastróficas«, y que en más de 40 países de la Región se ha superado esa cota, por lo que podrían darse «efectos adversos en los resultados en salud«.

En las tablas que se ven sobre estas letras (datos del Ministerio de Sanidad) correspondientes a las inversiones de los Estados de la UE en 2018, podemos comprobar que la tendencia sobre la que avisaba la OMS en lustros anteriores ha tenido continuidad hasta nuestros días, en especial en un determinado bloque de países, que contrastan con las cifras de otros.

Hay que tener en cuenta además que parte del gasto público se destina a financiación de provisión privada a través de los conciertos.

Si observamos, los ahora conocidos como «países frugales», esto es Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, a los que habría que añadir Finlandia, junto con los tradicionales Reino Unido, Francia y Alemania, muestran cifras de inversión en servicio público considerablemente más elevadas que otros países como Portugal, Grecia, Italia o nosotros mismos. La escasa apuesta pública tiene su contrapartida en el gasto en servicios privados, de modo que las cifras se invierten y son ahora esos países favorecidos quienes muestran menos gasto y en cambio los países menos favorecidos se ven obligados a ponerse a la cabeza en el pago particular.

La crisis económica, o agudización de las condiciones sistémicas, ha provocado en las últimas décadas que en estos países, como Portugal o España, la financiación pública haya disminuido como consecuencia de las presiones adoptadas para frenar el gasto público que se adoptaron entre 2009 y 2015.

En nuestros días, estos Estados que se caracterizan por su supuesta frugalidad -austeridad- son quienes siguen marcando la pauta a través de los acuerdos económicos de deuda, tal como fue el reciente acuerdo para la recuperación económica tras la pandemia, este mes de julio. En ellos existen mecanismos de control que permiten inspeccionar el gasto que los países desfavorecidos hagan con los préstamos.

Es así cómo puede vislumbrarse que la cualidad de frugalidad de estos países, junto con la predominancia económica de Alemania o Reino Unido, proviene de la tendencia a la acumulación de capital obtenida mediante la enajenación de los demás Estados (Portugal, Grecia, España) y su capacidad para invertir en servicios públicos, derivados de esta forma al gasto de cada ciudadano de su bolsillo. Esto es, reduciendo el salario diferido o indirecto (pensiones, seguridad social, gastos en educación o sanidad) de los trabajadores, que se ven obligados a costear esos necesarios servicios a través de sus propios ingresos.

En palabras sencillas, para seguir obteniendo beneficio en el desastroso escenario que se espera tras la nueva oleada de la pandemia, los grandes intereses económicos que manejan las decisiones de la UE ven un necesario filón en el gasto sanitario. Y en este sector es un impedimento para sus intereses la presencia de servicios públicos, en especial a los países destinados a no ser nunca frugales sino receptores del turismo y de mano de obra barata para la agricultura. Las inversiones en Sanidad Pública en países como España encontrarán siempre impedimentos, a nivel internacional por parte de los Estados privilegiados que manejan las deudas entre países, y a nivel nacional entre quienes se aprovechan de esta tendencia para deteriorar intencionadamente la imagen y la capacidad del sistema público e invierten en intereses sanitarios privados.

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