El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, declaró la semana pasada que el Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios (IRPH) no es un índice transparente por el hecho de ser oficial y, por tanto, abre la opción a que los jueces puedan estudiar si es abusivo o no. Son conclusiones que no son vinculantes para futuras sentencias, pero que propician un fallo de los jueces positivo a favor de los demandantes en cuestiones de abusos hipotecarios, pues los jueces suelen seguir la dirección marcada por los abogados generales.
Szpunar ha afirmado que los bancos fijan un tipo de interés tomando como referencia uno de los seis índices oficiales legales que pueden ser aplicados, como el Euribor, pero que en el caso del IRPH sólo puede escapar de la tutela judicial si refleja una disposición legal “imperativa o supletoria”.
En este sentido, el Banco de España confirma que las entidades financieras españolas han reconocido 535.00 fraudes con las hipotecas, según informa Diario Público, por los que han devuelto 2.275 millones de euros a sus víctimas mientras otras 108.000 han logrado condenas en los tribunales.
Unos 3.000 millones de euros habrían supuesto el gasto de esos asuntos para la banca española, tras reconocer los fraudes, realizados principalmente a las familias que se hipotecaban para poder obtener una vivienda, en más de 500.000 hipotecas.
Esta circunstancia se produce pese a que muchas de esas familias acaban desistiendo en sus demandas tras no poder conseguir un acuerdo con sus bancos. El impacto económico de las demandas sobre hipotecas referenciadas a IRPH asciende a unos 25.000 millones de euros, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
La acumulación de estos activos tóxicos y el aumento de la insolvencia (que se prevé se agudice con la crisis originada por la pandemia) son el panorama sobre el que aparecen las recientes noticias en los medios sobre las entidades bancarias españolas, en cuanto al aumento de los costes por mantenimientos de cuentas, cierres de oficinas y fusiones.
De este modo, Caixabank -la entidad española más afectada por las demandas relacionadas con hipotecas-, tendrá que reducir la edad de los trabajadores despedidos al umbral de los 50 años para poder recortar su plantilla en unos 8.000 trabajadores, Pero, no sería el primero, ya que el Santander se vio obligado a rebajarla hasta ese límite en el proceso de reestructuración iniciado tras la compra del Popular en 2017, según El Economista.
El nuevo banco nacional cumpliría así con la vieja regla capitalista mediante la cual reducir fuerza laboral genera ahorros de costes en el medio plazo que permiten mejorar su rentabilidad. En total suman más de 8.400 trabajadores con más de 50 años, lo que conllevará el cierre de 1.400 oficinas.
