Europeísmo antisocialista

La solvencia de la economía española pende de un hilo. No obstante, el ministro de consumo español, Alberto Garzón, ha hecho referencia en las últimas semanas a la necesidad que tiene España de reindustrializarse sin abandonar su actual pertenencia a la UE y al euro.

A continuación, veremos cómo lo expresado por el señor ministro plantea un sinsentido irresoluble del cual él es cómplice.

Primero se impone aclarar por qué la insolvencia de España puede estar escondida a la vuelta de la esquina, pese a que nadie, ni en los medios de comunicación ni en el Parlamento, hable de ello.

En 2015, el Banco Central Europeo tuvo que salvar al euro in extremis. Mario Draghi, que en aquel momento era el Presidente del BCE, dijo que se haría “todo lo necesario” para salvar al euro. Esto significó el nacimiento del Programa de Compras del Sector Público (PSPP). Este programa supuso la compra por parte del BCE de más de un billón de euros de deuda emitida por los países del sur de Europa. El 80% de las compras las realizaron los bancos centrales nacionales y el 20% restante lo adquirió el BCE y el banco central de cada país beneficiado por el programa. Debido a los absurdos tratados de la UE, esta compra de deuda no está permitida en el mercado primario. Por consiguiente, se realizó en el mercado secundario mediante la intervención de la banca privada. Esto permitió que en 2018 en Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara esta compra de deuda como legal. No obstante, el PSPP fue denunciado ante el Tribunal Constitucional alemán como contrario a la constitución alemana, ya que el partido de extrema derecha alemán AfD y la rama más conservadora de la CDU/CSU consideró que programas como el PSPP quedaban fuera de la jurisdicción del BCE. Dicha jurisdicción es la política monetaria de la UE, pero no su política económica, que se supone que sigue siendo la responsabilidad de cada estado miembro.

El 5 de mayo de 2020, el Tribunal Constitucional alemán hizo pública su sentencia. En ella se ratifica la capacidad del BCE a la hora de comprar deuda de los estados miembro en el mercado secundario, sin embargo, reconoce la posibilidad esgrimida por el AfD y compañía en cuanto a la inconstitucionalidad del PSPP. La razón de este reconocimiento es que el BCE no realizó ningún informe de proporcionalidad a la hora del poner en práctica el PSPP, sino que se limitó a decir que el 80% de la compra realizada por los bancos centrales nacionales se realizaría de manera proporcional, lo cual significó que el Banco Central Alemán acabó comprando una gran parte de la deuda del programa. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional alemán realizó una petición al BCE para que en un plazo de tres meses le hiciera llegar un informe de proporcionalidad del PSPP. Si el BCE no proporciona dicho informe, si el informe indica que el volumen de compra no fue proporcional o si el Tribunal Constitucional entiende que el alcance del PSPP superó la esfera de la política monetaria y se adentró en la política económica de los estados miembro, el Tribunal Constitucional se reserva el derecho de prohibir que el Banco Central alemán siga participando en la compras de deuda del BCE, de obligar a que el Banco Central alemán devuelva la deuda adquirida mediante el PSPP y de impedir la participación de Alemania en el Programa de Compra de Emergencia por la Pandemia (PEPP).

El PEPP consta de 750.000 millones de euros. El BCE pretende que sea el programa que permita reconstruir la economía del sur de Europa tras la pandemia. Si Alemania no participara en él y además devolviera la deuda comprada durante el PSPP, la consecuencia sería la siguiente: tanto España como todo el sur de Europa se convertirían en insolventes. Así de simple. España no tendría los recursos financieros como para hacer frente a sus obligaciones de pago, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional ¡Viva la Unión Europea y viva el euro!

Es en este contexto en el que Alberto Garzón dio una entrevista muy significativa al periódico El Mundo. En ella, Garzón afirma que “los pasos que se están dando en la Unión Europea son positivos. […] [H]ay que invertir más en innovación, en educación y utilizar los instrumentos del Estado para una política industrial que casi no se ha utilizado en 40 años. Hace falta un Pacto de Estado por la industria o por la reindustrialización. Es un momento extraordinario en el que al final, el Gobierno no hace el cambio de modelo productivo, lo hacen las empresas”. Y en este esquema general dice que el papel del gobierno debe ser el de “fijar objetivos prácticos”. Posteriormente, se define a sí mismo como “un economista formado en la tradición comunista” y dice que “[e]l comunismo es un movimiento político y social de transformación de la realidad que sigue teniendo vigencia”. Para reforzar su postura dice que “[l]a experiencia reciente de industrialización de los países asiáticos […] demuestra que la mejor vía para mejorar las condiciones de vida de un país es no sólo la participación de las empresas tecnológicas, sino el empuje e incluso [la cursiva es mía] la participación del Estado”. Por último, Alberto Garzón hace una aguda reflexión sobre política macroeconómica y dice: “Si hacemos un buen diseño del estímulo europeo, va a permitir generar ingresos suficientes para reducir el déficit como consecuencia del crecimiento. Si reducir el déficit es el objetivo prioritario destruye la economía. […] [h]ay que hacer un doble esfuerzo en ingresos para recuperar la actividad económica y otro adicional para mejorar la capacidad recaudatoria para el cambio de modelo”.

Se trata sin duda de una entrevista de gran calado en la que se abordan cuestiones muy importantes de carácter macroeconómico. Por tanto, creo que para analizar su contenido deberíamos confrontar las palabras del señor ministro con los postulados básicos de la ciencia macroeconómica. Esos postulados se recogen en esta ecuación:

balance del sector privado + balance del sector público + balance del sector exterior = 0

Esta ecuación básica de la macroeconomía revela incongruencias muy graves en las palabras del señor ministro. Empecemos por el principio.

El señor ministro habla abiertamente de un cambio de modelo productivo. Dicho cambio debe conducir a una mayor capacidad de creación de valor añadido para conseguir un aumento salarial generalizado en la economía española. ¿Cuál es el desencadenante de dicho cambio? Según las palabras de Garzón, una mayor recaudación de impuestos primero para recuperarnos de la crisis de la pandemia y segundo para acometer la reindustrialización en sí. Pues bien, si esta reflexión se confronta con la ecuación anteriormente citada, se verá que lo que el señor ministro pretende no es ni más ni menos que soplar y sorber al mismo tiempo, es decir, algo imposible.

Aumentar el superávit del sector público aumentando la recaudación de impuestos implica disminuir el superávit del sector privado, es decir, la capacidad de inversión y de ahorro de las empresas y familias. Si, tal y como dice el señor ministro, el cambio de modelo productivo lo hacen las empresas y no el Gobierno, lo razonable sería hacer exactamente lo contrario, es decir, aumentar drásticamente el déficit del sector público para que las empresas privadas y familias puedan acometer las inversiones necesarias para llevar adelante el cambio de modelo productivo. Disminuir el ahorro de las empresas y pretender que gasten más para llevar adelante el cambio de modelo es simplemente un sinsentido.

No obstante, el señor ministro no plantea la reducción del déficit como un objetivo prioritario, sino como una consecuencia del crecimiento, ya que la eliminación de déficit público puede destruir la economía. Por eso el plan de estímulo europeo debe ser correctamente diseñado.

Esto último plantea dos problemas graves. Por un lado, cabe preguntarse qué es lo que sugiere el señor ministro que haga España si el estímulo europeo no es el correcto e impone un recorte drástico del déficit. Según cree (acertadamente) el señor ministro, esto destruiría la economía española. Sin embargo, bajo ningún concepto Garzón plantea el abandono de la moneda común, por lo que cabe entender que el señor ministro está dispuesto a presenciar la destrucción de la economía española antes que abogar por la salida del euro. Por supuesto, la UE va hacer exactamente eso, destruir (todavía más) la economía española mediante una drástica reducción del déficit, tal y como ha anunciado recientemente Luis De Guindos, vicepresidente del BCE.

En segundo lugar, las palabras del señor ministro establecen la conexión entre crecimiento económico y reducción del déficit, lo cual refleja una posición profundamente antisocialista. El nivel de déficit público correcto es aquel que garantiza el pleno empleo permanente garantizado por ley y la estabilidad de precios. He ahí un postulado socialista. Contemplar la bajada del déficit como consecuencia del crecimiento económico no debe ser el objetivo del gobierno, sobre todo cuando ya hemos visto que según la ecuación fundamental de la macroeconomía el déficit público es otro nombre para denominar el ahorro del sector privado.

Esto nos conduce a la contradicción fundamental en las palabras de Garzón: euro y reindustrialización.

El señor ministro se equivoca cuando dice que el cambio de modelo productivo lo realizan las empresas y no los gobiernos. Nada mejor que la tradición comunista a la que el señor ministro dice pertenecer para dar muestra de ello. ¿O acaso cree el señor ministro que la URRS se industrializó, puso en órbita a Gagarin y lanzó el Sputnik gracias a los impuestos de los ciudadanos soviéticos? La Unión Soviética, al igual que todos los países que han acometido industrializaciones a gran escala, hizo uso de la soberanía monetaria de su banco central para movilizar los recursos reales de la economía y orientar dichos recursos a sus objetivos industriales. La recaudación de impuestos no financió entonces ni financia ahora nada en absoluto, sino que tiene como cometido el control de la inflación, la dotación de valor al dinero y la incentivación o desincentivación de las diferentes actividades económicas. Solo así es posible la industrialización de la que habla Garzón. El desconocimiento que muestra el señor ministro es lamentable, sobre todo porque dice defender una tradición (la comunista) que ignora flagrantemente.

Ciertamente, se puede discutir qué peso debe tener la iniciativa industrial privada. En la ortodoxia comunista del siglo XX, el sector privado de nuestra ecuación macroeconómica estaba formado solo por las familias. Esto significa que el sector industrial era enteramente público. Sin embargo, desde finales del siglo XX hasta nuestros días, el Partido Comunista Chino ha optado por un sistema de industrialización mixto en el que participan tanto empresas públicas como privadas. Esta reforma ha acercado a China a los modelos industriales de occidente, sobre todo de EE.UU. Allí sector industrial está compuesto por grandes empresas públicas como la NASA y por empresas privadas. Sin embargo, ni en China ni en los EE.UU. la política industrial está liderada por las empresas tecnológicas privadas, sino por el estado. Así, el gobierno, mediante su política fiscal, monetaria y empresarial, decide el modelo productivo del país. No es que incluso el sector público participe en el sector industrial, sino que es quien decide el nivel de participación privada y pública en el sector industrial. Por tanto, contrariamente a lo expresado por el señor ministro, sí que es el gobierno el encargado de realizar el cambio del modelo productivo, no las empresas privadas, cuya participación tendrá el peso que le permita tener el estado para conseguir sus objetivos.

En este escenario, ¿qué posibilidades tiene España de reindustrializarse mientras forme parte de la UE y del euro? Ninguna.

De hecho, los tratados europeos están diseñados para no permitir la industrialización de países como España. La UE es una unión alemana en la que los intereses del sur de Europa son irrelevantes. Si España quisiera reindustrializarse en sectores tecnológicamente punteros, tendría que tener una política nacional de industrialización clara y definida, y acompañar a esa política de fortísimas inversiones públicas. Esto conllevaría necesariamente aumentos muy grandes y muy prolongados de los déficits públicos. El camino a seguir está muy claro. Lo marcan los países más industrializados. Todos ellos, gracias a su soberanía monetaria, destinan porcentajes muy altos de su PIB al gasto en inversión y desarrollo, tal y como muestra esta gráfica:

Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB)

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Fuente: Banco Mundial.

Para que ni España ni en sur de Europa puedan competir con las empresas de alto valor añadido alemanas, la UE impone un límite del 3% de déficit público. Por tanto, el gasto en investigación y desarrollo español, el verdadero camino para la reindustrialización, nunca llegará a ser el necesario para reindustrializarnos. Esto es lo que verdaderamente se esconde detrás de la sentencia del tribunal constitucional alemán. Debido a la pandemia del COVID19, la regla de déficit del 3% fue suspendida. Además, el PEPP establece fuertes compras de deuda del sur de Europa por parte del Bundes Bank. Por tanto, el estado alemán ha visto cómo las costuras de la camisa de fuerza que ha puesto sobre los sectores industriales del resto de Europa se han relajado. La respuesta alemana no se ha hecho esperar. Por una parte, Alemania ha amenazado con retirarse del PEPP y condenar al sur de Europa a la insolvencia, y por otra, tal y como Luis De Guindos ha señalado, ha obligado al BCE ha reintroducir los límites de déficit público lo antes posible. Así es como Alemania defiende sus intereses, primero evitando cualquier tipo de reindustrialización que pueda competir contra ella en Europa y segundo evitando que los estados del sur de Europa puedan comprar empresas alemanas recurriendo al gasto vía déficit.

Todo esto es obviado por Alberto Garzón, que en vez de apostar por la recuperación de la soberanía monetaria que podría conducirnos a la reindustrialización, el pleno empleo y la mejora de los servicios públicos, ha optado por apoyar el europeísmo antisocialista de la ministra Nadia Calviño.

A nivel interno, Alberto Garzón ha diluido a Izquierda Unida dentro de Podemos. Para ello ha ido marginando y expulsando progresivamente a todos los sectores de IU contrarios a la disolución en Podemos. Por supuesto, eso ha incluido muy especialmente a los sectores críticos con la UE y el euro, que son sistemáticamente atacados por los cuadros de IU, una secta de pelotas de Alberto Garzón que han convertido a IU en un medio vida para huir del mercado laboral y que tiene como principal objetivo expulsar de IU a cualquier atisbo contrario al euro y a la Unión Europea.

Su papel como miembro del Comité Central del Partido Comunista de España no es menos nefasto. En su XX Congreso, el PCE aprobó una resolución a favor de la salida del euro y de la UE. Esto fue una derrota que Alberto Garzón no ha perdonado, ya que la resolución fue aprobada tras sus presiones a todos y cada uno de los miembros del Comité Central para que votaran en contra de la resolución. Pese a todo, perdió y desde entonces su principal objetivo ha sido que el PCE no respetara lo aprobado en su último congreso.

Por desgracia, el daño que han hecho Alberto Garzón y sus acólitos a la izquierda española puede que sea ya irreversible dentro de IU y el PCE. En breve vamos a presenciar cómo la UE vuelve a imponer la austeridad anunciada por De Guindos. Esto conllevará más recortes, más miseria y más paro, y nadie dentro de Unidas Podemos alzará la voz para gritar basta ya de UE y de euro.

Los trabajadores españoles deben elegir entre la claudicación antisocialista de Unidas Podemos o la reconstrucción en un partido que tenga como ejes principales la recuperación de la soberanía monetaria y el socialismo.

Euro delendus est