No habrá Paz para los Malvados, porque no se la merecen (Parte I)

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La filósofa y ensayista, maestra de maestras, Celia Amorós, afirmaba que pocas cosas hay mejores que una buena cronología. Estoy de acuerdo, porque he podido comprobar que es imprescindible elaborarla cuando se quiere descubrir qué decisiones políticas que se han tomado o que se han dejado de tomar, han posibilitado que España sea el país europeo que ostente el inaceptable primer puesto en consumo de prostitución y que, simultáneamente, a nivel oficial no podamos contar con una cifra fiable del número de adolescentes, mujeres y hombres en situación de prostitución en España.

Porque “Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué” (aunque resultó que también para esto había un por qué): si en pocos minutos un ser humano varón puede elegir quién, cuánto, cómo, dónde y hasta cuándo un ser humano mujer va a quedar despojada de sus derecho a su salud sexual y reproductiva y a su integridad física porque él realiza un pago, y este comportamiento no genera rechazo social y no es perseguible por vía administrativa y/o penal, es porque políticamente no ha interesado y veremos hasta cuándo deja de interesar.

¿Qué sabemos con certeza? Pues que aproximadamente el 99% de las personas en situación de prostitución son adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y que el 99% de la demanda de prostitución de adolescentes, mujeres y de los escasos hombres que hay está sostenida por hombres de toda edad y condición social. Y esto, en palabras de la excelsa filósofa y referente del feminismo de la Igualdad, Amelia Valcárcel, “no solo es un problema de las mujeres, sino de convivencia. Cuando las mujeres sufren un problema, es que la sociedad tiene una grave herida en alguna parte. Los problemas de las mujeres no son problemas accidentales, lo que les pasa es lo que pasa.” Y, reitero, tiene que ver con decisiones políticas que se toman o se dejan de tomar.

Pero no parece que en ningún momento lo hayan entendido así ninguno de los dos partidos que hasta Enero de 2020 han estado gobernando de forma alternativa en España, ni la mayoría de la sociedad española, a la que se ha dejado creer, por ejemplo, que “España va bien” si aceptamos el lema “Si da dinero me vale”, o que cuando se quiere festejar algo “hay que celebrarlo con un volquete de putas”, porque, y no creo que haya sido casual, ni en una sola de las alusiones que nuestras/os representantes políticas/os han hecho al derrocado (por la fuerza de las armas) gobierno progresista de la II República, ninguna/o cuenta que quedó abolida la prostitución, y sin que hubiera persecución de ningún tipo para las mujeres prostituidas, con alternativas formativas y ocupacionales para ellas y persecución a proxenetas y prostituidores.

Y aquí empieza la cronología que pretende hacer visible qué decisiones nos han traído hasta aquí, y si es posible, a qué obedecían. La información inicial que aporto aparece en el informe publicado en la Sección Cortes Generales del BOCG de 13 de abril de 2007, elaborado como consecuencia de una interpelación urgente a la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, con fecha de 14 de febrero de 2006, para que elaborara un informe que permitiera tener un diagnóstico de la situación actual, y contar con orientaciones y propuestas transversales que permitieran abordar con garantías la complejidad del fenómeno de la prostitución:

  • Tras acabar, mediante un acto de traición y alzamiento en armas, con el democrático gobierno republicano que había abolido la prostitución, la dictadura franquista regula inicialmente la prostitución desde el ámbito administrativo. Comenzó mediante el Decreto Ley de 3 de marzo de 1956, sobre abolición de los centros de tolerancia, por el cual se declararon clausuradas las denominadas mancebías y casas de tolerancia, en las que hasta entonces, y de manera más o menos encubierta pero en todo caso consentida por la Administración, tenía lugar la actividad de la prostitución.
  • La regulación penal, y no meramente administrativa, aparece con la Reforma del Código Penal de 1963, mediante la que España daba cumplimiento al Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 21 de marzo de 1950, que considera la existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la mujer prostituida; a este convenio se adhirió España, y aún sigue adherida, en 1962. La reforma optaba por la no incriminación de la prostitución, considerándose sin embargo punibles todas las conductas imaginables de participación en la prostitución. Es decir, con el Código Penal de 1963 la prostitución no es un negocio, propietarios, chulos y mantenidos (vocabulario de la época) se exponen a ser sancionados penalmente.
  • Con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 se incluyeron como estados peligrosos los de las personas prostituidas o corrompidas, previéndose como medidas de seguridad internamientos  de hasta 3 años de privación de libertad. La dictadura no tenía políticas sociales que ofrecieran alternativas a la prostitución, solo represión y estigmatización.
  • Hay otra Reforma del Código Penal en 1973 que establece que “serán castigados con penas de prisión menor, multa de 10.000 a 100.000 pesetas, y, en sus respectivos casos, con las inhabilitaciones señaladas en los artículos anteriores: El dueño, gerente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que  a sabiendas participe en su financiamiento. (…)”. La dictadura seguía sin aceptar la prostitución como un negocio, sin ofrecer alternativas para un proyecto de vida sin explotación sexual, pero sí persecución y estigmatización.

Pero cuando en España ya contábamos con una democracia consolidada y una Constitución en cuyo artículo 9 puede leerse: “Corresponde a los Poderes Públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…); o en el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pues a pesar de todo esto, y desatendiendo además las responsabilidades políticas contraídas en el ejercicio de sus funciones, al haberse adherido España al Convenio Internacional para la represión de la Trata y la Explotación de la Prostitución Ajena, el gobierno socialista presidido por Felipe González y siendo ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, cambia el Código Penal, y en el nuevo, LO 10/1995 de 23 de diciembre, se reduce el número de comportamientos punibles relacionados con la prostitución, suprimiendo las conductas de explotación de menor intensidad: rufianismo (que consiste en vivir en todo o en parte a expensas de las personas prostituidas), el proxenetismo locativo (arrendamiento o cesión de locales para el ejercicio de la prostitución, es decir, queda despenalizada la Tercería Locativa) y la corrupción de menores, que se reintrodujo en reformas ulteriores del Código Penal.

Es decir, la decisión política de un gobierno socialista, presidido por Felipe González (“Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones”, es una de sus frases célebres), y apoyado por socios conservadores (CiU y PNV), permite que la prostitución en España sea un negocio. Y ningún gobierno posterior ha tomado la decisión política de cambiarlo. Hasta ahora.

Cinco meses después está presidiendo el gobierno de España Aznar, y dos decisiones políticas de este gobierno neoliberal, a los pocos meses de iniciar la legislatura, parten del ministerio del Interior y consisten en otorgar la consideración de Entidad Pública a dos asociaciones que equiparan la prostitución con un trabajo y denominan trabajadoras/es del sexo a las personas en situación de prostitución, y desde su fundación, son SIDA STUDI, fundada en Cataluña en 1987 y registrada a nivel estatal en 1991, y APDHA, asociación andaluza fundada y registrada en 1990 a nivel estatal.

Precisamente en las dos comunidades estrella para el turismo en esa época, Cataluña y Andalucía, porque una parte importante del PIB español tenía que salir del sector servicios, y el ocio y entretenimiento que incluía la prostitución empezó a mover mucho dinero, blanco o negro, lo importante es que enriquecía a algunos y permitía la supervivencia de muchas, aunque a costa de su salud y de su integridad física; paralelamente alejaba del gobierno de Aznar las críticas por eliminar el Ministerio de Asuntos Sociales, que pasaba a compartir ministerio con Trabajo y apenas contaba con presupuesto. Pero es que podía ahorrarse una parte si miles de mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, al ser explotadas sexualmente por proxenetas y abusadas sexualmente por prostituidores se consideraban clase trabajadora que necesita derechos, en vez de reclamar acceso a recursos sociales que les ofrecieran alternativas formativas y laborales, que impidieran que tuvieran que conseguir ingresos poniendo en peligro su salud y su seguridad. Pero así España “Iba bien”. Desde luego a este gobierno presidido por Aznar no le interesó ofrecer alternativas a estas mujeres, y según avance la cronología será posible comprobar si a los gobiernos posteriores les interesó. 

En 2003 el gobierno neoliberal de Aznar elabora la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre. En el apartado Exposición de Motivos encontramos esto:

  • Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones (…)
  • Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria. La política presupuestaria actual está orientada por los criterios de estabilidad y crecimiento económico pactados por los países de la Unión Europea, que, además, en España han encontrado expresión normativa en las leyes de estabilidad presupuestaria. Esta orientación de la política presupuestaria ha seguido un proceso de consolidación de las cuentas públicas hasta la eliminación del déficit público y se propone mantener, en lo sucesivo, el equilibrio presupuestario.
  • Definido el marco general del equilibrio presupuestario y, en particular, establecido un techo de gasto para el Estado (que le impide gastar más y le impele a gastar mejor), (…)
  • La Ley establece la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones, que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir a través de las subvenciones con las previsiones de recursos disponibles.
  • Las subvenciones son una técnica de fomento de determinados comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la Administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.

Esto es una maniobra de externalización de servicios en toda regla tras haber desmontado el ministerio de Asuntos Sociales (práctica que se mantiene en posteriores gobiernos hasta que el actual gobierno de coalición recupera el Ministerio), y que supone que un, a todas luces escaso, número de trabajadoras/es sociales hacen frente a las necesidades de las/os ciudadanas/os con menores recursos, sin una planificación a medio y largo plazo que pueda ofrecerles alternativas y/o recursos con garantías de estabilidad temporal y económica porque: 

  1. gran parte de su trabajo lo llevarán a cabo entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, que son las que elaborarán estrategias, programas y proyectos de intervención que responderán a criterios particulares de consecución de objetivos, y que podrán contratar personal que a ellas les parezca adecuado para llevarlos a cabo.
  1. estas entidades contactan con colectivos vulnerables y la atención la llevan a cabo personal voluntario o contratado pero en unas condiciones muy diferentes a las que ofrece la Administración pública; incluso algunas de estas entidades además del calificativo de Utilidad Pública tienen el de entidad de Carácter Social.
  1. las subvenciones tienen periodicidad anual y no hay garantías para la concesión, aunque tienen prioridad para recibirlas las catalogadas de Utilidad Pública.

Es una manera neoliberal de acatar el mandato de eliminar el déficit público.

En 2004 hay un cambio de gobierno y Rodríguez Zapatero preside un gobierno socialista apoyado por partidos progresistas y consigue que se apruebe una Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En su Exposición Inicial afirma que la Violencia de Género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos, respeto y capacidad de decisión.

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la Violencia de Género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

Al leer en su integridad la Ley no hay una referencia explícita a la prostitución, pero su aplicación con perspectiva de género la tendría que incluir.

Yo he buscado la aplicación de estas dos leyes en la concesión de subvenciones del Ministerio de Sanidad, como soy psicóloga sanitaria me interesaba mucho, en concreto las destinadas a la financiación de programas de Prevención y Control de la infección por el VIH/SIDA y otras ITS desde 2004 a 2019, y hay concesiones de subvenciones muy sorprendentes, si pensamos que del 2004 al 2011 las concede un gobierno socialista que se calificaba como feminista:

  • 2004: dotación máxima presupuestaria de 1.000.000€

a) SIDA STUDI, asociación catalana que equipara prostitución y trabajo y afirma que hay trabajadoras/es sexuales, recibe una subvención de 15.000€ para su proyecto “Centro de Documentación y Recursos pedagógicos en VIH/SIDA”.

  • 2005: dotación máxima de 1.603.000€

a) SIDA STUDI recibe 17.000€ por el mismo proyecto

b) Fundación Triángulo por la Igualdad social de Gays y Lesbianas, madrileña, recibe 22.000€ para el proyecto “Prevención de VIH en trabajadores masculinos del sexo”

c) FELGT, madrileña, recibió 15.000€ para el proyecto “Programa de Mediación para la Prevención de la infección por VIH/SIDA entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales que ejercen la prostitución”. Del 2003 al 2007 es presidenta de la Felgt Beatriz Gimeno, y durante su presidencia los proyectos presentados atienden a personas que ejercen la prostitución, no hay otra denominación.

d) Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), asociación murciana, recibe 10.000€ para el proyecto “Acción participativa de trabajadoras del sexo para la Prevención del VIH a clientes de Murcia”.

  • 2006: dotación máxima de 3.152.000€

a) SIDA STUDI recibe 40.000€, mismo proyecto

b) Fundación Triángulo, recibe 40.000€, mismo proyecto

c) FELGT recibe 50.000€, mismo proyecto

d) CATS recibe 20.000€ pero en el proyecto los clientes no se circunscriben a Murcia.

  • 2007: dotación máxima de 4.152.000€

a) SIDA STUDI recibe 55.000€, mismo proyecto

b) Fundación Triángulo recibe 38.000€ para el proyecto “Prevención de VIH en trabajadores masculinos del sexo”

c) Fundación Triángulo recibe 12.000€ par el proyecto “Programa de prevención del VIH/SIDA en trabajadoras transexuales del sexo”

d) FELGT recibe 60.000€, mismo proyecto

e) CATS recibe 22.000€, mismo proyecto

f) GENERA, asociación catalana especializada en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales frente a los abusos policiales e institucionales, recibe 20.000€ para el proyecto “Maleta pedagógica para la prevención del VIH y otras ITS en locales cerrados de prostitución a través de un proceso participativo entre trabajadoras del sexo y clientes”.

  • 2008: dotación máxima 4.152.000€

a) SIDA STUDI recibe 67.000€ mismo proyecto

b) SIDA STUDI recibe 24.000€ para el proyecto “Diagnóstico de intervenciones grupales de prevención del VIH/SIDA entre jóvenes escolarizados: temáticas tratadas y dinámicas utilizadas por ONG/SIDA”

c) Fundación Triángulo recibe 43.000€ para el proyecto con trabajadores masculinos del sexo

d) Fundación Triángulo recibe 27.000€ para el proyecto con trabajadoras transexuales del sexo

e) FELGT recibe 35.000€, mismo proyecto

f) CATS recibe 15.000€ para el proyecto “Prevención de ITS/SIDA en inmigrantes y clientes de prostitución”

g) GENERA recibe 23.000€ para el proyecto “Trabajar  sobre la reducción de riesgos en prostitución. Estrategias de intervención y lucha contra el estigma”.

El primer gobierno de Rodríguez Zapatero se definía como un gobierno feminista, pero el feminismo desde sus inicios ha sido abolicionista, y la concesión de estas subvenciones por parte del Ministerio de Sanidad no sé cómo hay que entenderlas. Del 2004 al 2008 la ministra de Sanidad fue Elena Salgado, economista, y en 2007-08 Bernat Soria, médico, y formaban parte del gobierno que elaboró la Ley contra la Violencia de Género en 2004, pero a lo mejor su alma política no estaba con el feminismo socialista de Rodríguez Zapatero, y sí lo estaba con el neoliberalismo que inspiró la Ley General de Subvenciones y el cambio del Código Penal que permitió el negocio de la prostitución.

Pero ocurrió algo más en esta legislatura, la presentación del mencionado informe que en 2007 analizaba la situación de la prostitución en España. Antes de cerrar cronológicamente esta legislatura creo que es importante saber qué información recibieron nuestros representantes políticos sobre la actividad de la prostitución, y si tomaron decisiones al respecto, porque el informe acaba con recomendaciones dirigidas al Gobierno, y entonces será posible valorar tanto su actuación como la de la oposición.

Es un informe elaborado con perspectiva de género, muy valioso para poder analizar, desde el 2007 hasta nuestros días, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha dejado de hacer a nivel político sobre este tema, porque esas decisiones políticas son las que nos han conducido a ser el primer país europeo en consumo de prostitución, y que tendrán que cambiar para que dejemos de serlo, porque “esto no es como el agua que cae del cielo…”.

Pero será en el próximo artículo.

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Puri Liétor
Purificación Liétor González. Licenciada en Psicología, siendo su área de formación y actividad profesional la Psicología Sanitaria. Nació en 1968 y eso le permitió conocer de primera mano la militancia política en clandestinidad en la figura de su padre y en su carnet del PCE. Es la nieta mayor de dos abuelas analfabetas cuyos maridos sí sabían leer y escribir, es más, su abuelo paterno llego a ser Secretario General del PSOE durante la República en su pueblecito de Jaén. Pasó de feminista anónima a activista feminista cuando conoció la primera sentencia de La Manada de Pamplona de la Audiencia de Navarra, y pasó de votante a militante de Podemos cuando en su Municipio se quedaron a un puñado de votos para tener un concejal mientras que VOX conseguía dos.

1 Comentario

  1. Un interesante y necesario recorrido por la legislación española en lo que a prostitución se refiere. ¿Hasta cuando la inacción y pasividad nuestros Gobiernos ante la explotación y abuso de tantas mujeres en situación de prostitucion? Abolición Ya!

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