Desde el 13 de febrero de 2020, la población saharaui en El Aaiún no puede realizar más gestiones consulares como aprobar documentos o gestionar certificados oficiales, como hasta ahora sí venía haciéndose en las instalaciones de la Casa de España. Así, 12.000 saharauis con ciudadanía española (más de la mitad, niños) no podrán seguir beneficiándose de estos servicios y tendrán que desplazarse más de 1000 kilómetros para hacerlo.
De esta forma, la Depositaría de los bienes del Estado Español en el Sáhara Occidental ha dejado de funcionar, tal y como confirmó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien ha argumentado que serán «implacables en la defensa de los intereses de España e impecables en las normas y procedimientos», a pesar de dejar desasistidos con ello a 12.000 ciudadanos españoles.
Representantes del Frente Polisario han enmarcado la operación en las intenciones expansionistas de Marruecos que han contado con el apoyo del gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos, según denuncia el Partido Comunista de los Trabajadores de España. Coalición Canaria por su parte también ha lamentado esta decisión advirtiendo de las consecuencias que acarreará a ciudadanos con nacionalidad española.
